Gamarra critica el 'autoritarismo' de Sánchez y alerta de posibles 'conflictos de intereses'

Cuca Gamarra, portavoz y secretaria general del Partido Popular, ha valorado este viernes el nombramiento de María Jesús Montero como nueva vicesecretaria general del Partido Socialista. Gamarra ha señalado que la "intromisión" del Gobierno en la ejecutiva socialista "puede llevar a conflictos de intereses" entre las responsabilidades del partido y las ministeriales.

María Jesús Montero fue anunciada como 'número dos' del PSOE este jueves tras la dimisión de Adriana Lastra, el lunes pasado, alegando complicaciones en su embarazo. Montero, que ocupa el cargo de ministra de Hacienda desde el 2018, compaginará ambas funciones a partir del sábado, cuando su nombramiento sea ratificado por el Comité Federal extraordinario del partido.

En cualquier caso, no será la única componente del Ejecutivo con funciones en el partido, ya que la también ministra Pilar Alegría sustituirá a Felipe Sicilia como portavoz socialista. Este movimiento de fusión entre Moncloa y Ferraz ya ha sido criticado por el Partido Popular, que denomina la tendencia como de "ministros a tiempo parcial".

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Cómo máxima responsable de la Hacienda Pública, Montero está al frente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y es responsable, como apunta Gamarra, de "establecer y mantener la igualdad entre las Comunidades Autónomas". Una labor que, según la popular, ha de ser "independiente" del partido que esté al frente en el Gobierno autonómico.

La portavoz del PP considera que, con el reciente nombramiento, la imparcialidad de la ministra "queda en entredicho", y ve "muy difícil" que desde el PSOE no se otorguen "privilegios" a las regiones "con dirigentes socialistas".

Los recientes cambios en Ferraz son indicios de la preparación que se está llevando a cabo en el partido de cara a las próximas citas electorales. Si bien el Gobierno niega que se vayan a adelantar las generales, Gamarra no lo descarta.

La número dos popular, que define a Pedro Sánchez como un "mentiroso compulsivo", afirma que los mensajes del Ejecutivo "siempre hay que ponerlos en cuarentena", ya que es "muy probable" que el presidente acabe por "hacer lo contrario a lo que dice".

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También en la calle Génova se está trabajando en el "proyecto popular" con el que buscarán lograr una mayoría suficiente en las urnas. Cuca Gamarra considera "fundamental" de cara a la próxima campaña electoral no sólo las propuestas económicas, sino también un trabajo de carácter "cultural" que defienda un "espacio político de máxima calidad democrática y máxima libertad".

En relación con esta labor, la popular ha sacado a relucir la figura de Cayetana Álvarez de Toledo, líder del PP en Barcelona y su predecesora como portavoz en el Congreso. Gamarra se ha referido a Álvarez de Toledo como "un activo importante" dentro de la formación popular, aunque no ha querido concretar qué relevancia tendrá en la próxima candidatura.

La Fiscalía, "obsesión" de Sánchez

La número dos del Partido Popular también se ha pronunciado acerca de la candidatura de Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado, al que no considera "idóneo" por su "imparcialidad".

La elección de García Ortiz como sucesor de Dolores Delgado no ha estado exenta de polémica debido a la vinculación del fiscal con el PSOE. Es más, siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votaron en contra de su nombramiento alegando que no cumple con el requisito de independencia que exige el cargo.

Cuca Gamarra ha expresado la necesidad de "un cambio profundo", con el objetivo de "reconducir el deterioro institucional al que nos somete Pedro Sánchez".

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La diputada popular califica la llegada al cargo de García Ortiz como parte de la "deriva autoritaria de Sánchez", al que acusa de "buscar el control de todas las instituciones". E incluso incide en que, dentro de esa campaña, la Fiscalía General del Estado es la "obsesión" de Sánchez.

Gamarra asegura que uno de los objetivos de su partido es el de "devolver la independencia al Poder Judicial", y que por ello han presentado ante el Congreso "proposiciones de ley" en las que se reclama derogar las últimas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este cambio legislativo devolvería al CGPJ las competencias para nombrar a jueces y magistrados, y desbloquearía el colapso del sistema judicial español.