PP y Cs cargarán contra Marlaska en el Congreso por "amordazar" a la Policía y la Guardia Civil

La oposición ha puesto el grito en el cielo tras conocer que, tal y como desveló este diario, el Ministerio del Interior prepara un "Proyecto de Real Decreto de incompatibilidades" que obligará a los agentes de Policía a solicitar una "autorización expresa" para hablar con los medios de comunicación.

El borrador del proyecto dice así: "La participación en cualquier medio de comunicación social, audiovisual, radiofónico, impreso o digital, independientemente de su habitualidad o no, que esté relacionada con la actividad policial o en la que se haga uso de información obtenida por su condición de Policía nacional, requerirá autorización expresa de la persona titular de la Dirección General de la Policía".

[Marlaska pretende prohibir a los policías hablar con la prensa para controlar la versión oficial]

El acceso libre, en caso de aprobarse esta modificación, quedaría limitado a las intervenciones que versen sobre las "reivindicaciones en defensa de los intereses laborales".

En los próximos días, se conocerá si Interior sigue adelante y convierte el borrador en texto definitivo. Con el objetivo de evitarlo, estos dos partidos de la oposición pondrán el grito en el cielo en cuanto tengan oportunidad. Moverán sus fichas este lunes, en cuanto se abra el registro de la Cámara.

Ana Belén Vázquez, diputada y secretaria de Interior del PP, dice en conversación con EL ESPAÑOL: "Vamos a hacer una serie de preguntas parlamentarias y a solicitar la comparecencia de Marlaska. Nos parece muy grave. Este borrador atenta contra la libertad de expresión de los funcionarios".

La libertad de expresión entre los trabajadores del sector público siempre ha sido elemento de polémica. La Justicia, por ejemplo, acaba de condenar al Banco de España a readmitir o indemnizar a un inspector crítico. También recientemente, un juez recibió severas reprimendas por publicar su opinión en un periódico.

Vázquez, del PP, asegura que Marlaska viene preparando cambios similares para la Guardia Civil: "Expedientaron a dos agentes por reunirse conmigo. Salió en los medios y los expedientaron. Finalmente, archivaron el caso, pero el exceso fue intolerable".

A ojos de los populares, Marlaska intenta "frenar" con estas medidas las "críticas" hacia su gestión provenientes de las fuerzas de seguridad del Estado y, al mismo tiempo, establecer una "versión oficial de los hechos".

"Esto de lo que estamos hablando será aprobado salvo que exista un gran reproche político y social. Es la única manera de pararlo, porque Marlaska puede dictaminarlo de manera discrecional. Por nuestra parte, no quedará", concluye Vázquez en nombre del PP.

Edmundo Bal, de Ciudadanos, también confirma a EL ESPAÑOL que su grupo parlamentario actuará para "frenar a Marlaska": "Quiere tener todo controlado, no es la primera vez que muestra ese ademán autocrático".

El propio Bal ya fue objetivo de presiones internas cuando, siendo abogado del Estado, publicó un artículo acerca de un caso mediático. "Un trabajador público tiene sus derechos y sus obligaciones, pero esas obligaciones nunca pueden ir en contra de la Constitución", refiere.

"Las instrucciones de los superiores no pueden ir encaminadas a cercenar un derecho fundamental. ¿Qué pasa entonces? ¿Un policía, por el mero hecho de serlo, no puede intervenir en un medio para dar su opinión como otro ciudadano?", sostiene.

A juicio de Bal, la aprobación de las oposiciones "no puede convertirse en una pérdida de derechos": "La reforma que pretende Marlaska es un disparate. Vamos a reaccionar".