Si Moncloa lo sabía y no lo contó para no comprometer la seguridad nacional, ¿por qué lo cuenta ahora? Pero si nadie del Gobierno se había enterado de las intrusiones al móvil del presidente y el de la ministra de Defensa y sólo se ha investigado a fondo a causa del escándalo montado por el separatismo tras el estallido del caso Pegasus, ¿en qué lugar queda la seguridad nacional?

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reconocía durante la rueda de prensa convocada a primerísima hora de este lunes en Moncloa la "gravedad" de los hechos denunciados por la Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional. Pero se negaba a dar más detalles -ni él ni las fuentes del Gobierno, consultadas posteriormente- para no comprometer la investigación.

Pero la misma "gravedad" de los hechos, el relato de los mismos y la versión incompleta aportada al conjunto de la ciudadanía añaden tantas incógnitas que se logró el efecto contrario al que suele buscar un ejercicio de transparencia en las instituciones. En lugar de aumentar la confianza en el Estado de derecho, la redujo.

Las incógnitas

¿Quién está detrás? ¿Dónde ha acabado esa información? ¿Qué había en esos 2,6 gigas de datos robados al móvil de Pedro Sánchez? ¿Y en los 130 megas de la siguiente intrusión? ¿Y en los nueve extraídos del teléfono de Margarita Robles? Nadie lo sabe. Y fuentes del Gobierno admiten que hay "mínimas esperanzas" de que se vaya a poder saber.

¿Es posible que durante 11 meses nadie detectara tres asaltos a los dispositivos supuestamente más seguros de España? ¿A quién beneficiaría ese espionaje? ¿A quién beneficia, ahora, que se sepa? ¿Y a quién conviene, precisamente, esta semana con una junta de portavoces de uñas, una comparecencia de Robles en la comisión de Defensa y otra de Paz Esteban, directora del CNI, en la de secretos oficiales?

...y ¿algún día se sabrá todo esto?

Moncloa y la legislatura

Supongamos que el Gobierno es el más beneficiado de toda esta sucesión de hechos. Al inicio del estallido del llamado caso Pegasus, hace ahora dos semanas, Moncloa se defendía argumentando que el supuesto espionaje a los políticos, líderes y activistas independentistas "no es nada nuevo". Que ya se conocía. 

Después, se aseguró que el Ejecutivo había ordenado una investigación interna en el CNI, otra al Defensor del Pueblo y la constitución de la comisión de gastos reservados -conocida como "de secretos oficiales"- en el Congreso.

Y finalmente, que el Gobierno estaba "a disposición de los tribunales" para colaborar en todo lo que hiciera falta. Es más, que Ángel Gabilondo podía "pedir la desclasificación de cualquier documento" y se le concedería; que la directora de los servicios secretos, Paz Esteban, llevaría "los autos judiciales y los resultados de las pesquisas" ante sus señorías.

Pero nada de eso ha valido en el escenario político. Los socios independentistas de Pedro Sánchez le retiraron el apoyo la semana pasada y le forzaron a suspender un viaje oficial a Moldavia y a Polonia para que no se perdiera un solo voto en la convalidación de un decreto económico clave. Y este lunes, se ha hecho público el resultado de esta investigación "en un ejercicio de transparencia, para que quede claro que este Gobierno no tiene nada que ocultar", según una fuente de Presidencia.

Pero entonces, ¿cuándo se puso el móvil de Sánchez en cuarentena? Este periódico ha podido saber que fue este sábado 30 de abril, después de saber, en la madrugada, que el de Robles había dado positivo. También, que es habitual -con una periodicidad, más o menos, mensual- que se revisen sus dispositivos para prevenir y/o detectar brechas de seguridad. Pero que sólo esta vez el Centro Criptológico Nacional buscó rastros de una infección por Pegasus.

¿Por qué antes no se hizo, si esta "información no es nueva"? ¿De verdad sale Moncloa beneficiada con todo este relato?

Marruecos y EEUU

EL ESPAÑOL publica hoy los resultados de una investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional, una ONG poco sospechosa de emitir informes complacientes con Occidente, en el que demuestra cómo el régimen de Mohamed VI contaba con más de 10.000 licencias de este 'software' espía en mayo y junio de 2021, el momento de las intrusiones en los móviles de Sánchez y Robles.

Precisamente, en aquellas fechas estalló la crisis diplomática, política e incluso de soberanía (con el asalto a Ceuta) entre España y Marruecos.

Unos meses antes, el Gobierno había acogido a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, en un hospital de Logroño para tratarlo de Covid. La operación se hizo a espaldas de Rabat, y entonces se admitió que los servicios secretos marroquíes la habían detectado, a pesar del secretismo de Exteriores y Moncloa. ¿Fue a través de este programa espía?

Pero, ¿cómo iba a tener un país árabe acceso a esta tecnología, desarrollada por una empresa israelí, un país enemigo? Precisamente, meses antes, en diciembre de 2020, los Estados Unidos (todavía) de Donald Trump habían reconocido la marroquinidad del Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos firmara los llamados Acuerdos de Abraham... es decir, que se uniera a los países árabes con relaciones diplomáticas (y comerciales, y militares) normalizadas con Israel.

Después de mostrarse abiertamente beligerante en aquellas fechas, hoy España también apuesta por la solución autonómica para su antigua provincia al sur de Marruecos. Un giro de 180 grados, contra un consenso unánime de 45 años, impulsado por Sánchez con el rechazo de todo el Congreso, incluidos sus socios de Unidas Podemos en la coalición de Gobierno.

Con ello, cerraba la crisis e inauguraba una "nueva etapa" de relaciones con Rabat. Una crisis abierta por la actuación española en el caso Ghali y sellada con un acuerdo que recoge, simplemente, lo ya firmado con anterioridad entre España y Marruecos.

Putin y el separatismo

"Los separatistas nos han ganado el relato, otra vez", explicaba este lunes un miembro del Gobierno a este diario. Y no le faltaba razón. Moncloa se ha empeñado en estas semanas en ir dejando miguitas de pan para que los reporteros pudieran ir hallando pistas de que el escándalo Pegasus era, en realidad, un montaje: que los supuestamente espiados lo sabían con antelación y esperaron el momento oportuno para hacerse los enfadados.

De hecho, este diario ya publicó el pasado sábado que el president Pere Aragonès había cancelado la tercera reunión de la mesa de diálogo con el Gobierno dos semanas antes de la fecha convenida, y sin dar explicaciones... justo el día en que el Parlamento Europeo aprobaba la constitución de la Comisión de Investigación de Pegasus, acordada meses antes. ¿El momento propicio? Sin duda, con el fugado Carles Puigdemont y otros dos eurodiputados de ERC entre los vocales de esa comisión.

En esas mismas fechas, EL ESPAÑOL tuvo acceso al informe de otra comisión de la Eurocámara que establecía los "contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos y representantes de un grupo de secesionistas catalanes en España". Pero la estrategia de apaciguamiento de Moncloa con los partidos independentistas no favoreció que a estas conclusiones se les diera más eco.

Este mismo lunes, Bolaños afirmaba que la intrusión en el móvil de Sánchez y en el de Robles era "externa", pero se negó a explicar si eso significaba "extranjera". ¿Por qué? Porque no tienen ni idea, como admitían después otras fuentes de Moncloa.

"Y no creemos que lo vayamos a poder saber", razón por la que la denuncia tiene poco recorrido, pese a estar en manos de los mejores servicios de la Audiencia Nacional. "Puede ser otro país, o podría ser una multinacional, no lo sabemos", expresaba este portavoz.

Un miembro del Consejo de Ministros dejó caer, en conversación con este diario, que tal vez los separatistas no eran sólo los beneficiarios de este espionaje en lo político, sino también como destino de la información robada. Tal vez sea verdad que los Mossos han usado el software espía, tal vez los amigos de Moscú lanzaron el virus simplemente como proveedores de servicios... 

"Nos han ganado el relato porque no podemos explicar las actuaciones del CNI investigándolos por el procés, al ser secretas", apuntaba este ministro...

Pero también porque si mejor la prueba del uso ilegal de Pegasus es que Sánchez también fue espiado, ¿quién dice que la brecha de seguridad en el uso del software no es total? ¿Quién pone la mano en el fuego por todos los agentes de los servicios secretos ahora? ¿A eso se refería el Gobierno hace una semana al poner el foco sobre el CNI? ¿Es por eso que su directora está a un paso de dim

itir?

El Estado

Dice Moncloa que hay pruebas de que Pegasus ha estado operando "en, al menos, 50 países". Y que se ha usado "de manera ilegal en, al menos, 20 de ellos". Se justificaban fuentes del Gobierno en la mañana del lunes, ante el escándalo, en que "ha habido casos reportados en Downing Street, con Boris Johnson, y en el teléfono de Emmanuel Macron, por ejemplo". De ello informó The Guardian hace unos meses.

Y en su ejercicio de transparencia, para demostrar que "España es una democracia plena" en la que "las garantías del Estado de derecho están por encima de todo", Félix Bolaños presumió de haber convocado a la prensa "en cuanto hemos tenido confirmación de la brecha de seguridad".

Admitamos que los primeros aparatos que merecía la pena someter a "un proceso muy farragoso de entre 24 y 36 horas" eran los del presidente y la responsable política del CNI. Pero ni el ministro de Presidencia ni las fuentes de Moncloa explicaron si ya se había sometido al mismo proceso el teléfono de algún otro ministro. ¿Han sido dos de dos... o dos de cuántos los que han dado positivo?

Cuando Francia y Reino Unido fueron los protagonistas de estas presuntas brechas de seguridad, ni lo desmintieron ni lo confirmaron. Es decir, optaron por no desnudar su vulnerabilidad para no dar pistas a los posibles hackers. En cambio, aquí sabemos hasta cuántos gigas le robaron a Sánchez... y también sabemos que Moncloa no sabe si eran documentos, vídeos, la agenda...

¿Hacerlo público, pues, beneficia de verdad al Estado y a sus instituciones?

Los socios y aliados

Es más, los servicios secretos de los socios y aliados occidentales han reforzado su colaboración desde el inicio de la amenaza (y luego invasión) de Rusia a Ucrania. Por eso, Moncloa supo pocas horas antes del ataque que éste se produciría, como reveló EL ESPAÑOL. Y por eso se anticiparon las amenazas sobre Moldavia, como también anticipó este diario. ¿Resulta fiable ahora España ante sus colegas?

Aún más: dentro de menos de dos meses, los jefes de Estado y de Gobierno de los 30 países miembros de la OTAN, junto a sus ministros de Exteriores y de Defensa vendrán a Madrid, a "la cumbre que definirá el concepto estratégico de la Alianza Atlántica hasta 2030. ¿Traerán su teléfono móvil Joe Biden, Emmanuel Macron o Boris Johnson?

La confianza

La noche del domingo, a las 20.32 horas, Moncloa envió a la prensa la Agenda del Gobierno, como cada jornada. En ella no estaba prevista esta rueda de prensa. ¿Es que el informe del Centro Cripotológico llegó después, un domingo Día del Trabajo?

Pongamos que llegó a las 20.33 y entonces se supo que hace 11 meses el móvil de Sánchez sufrió el robo de casi tres gigas de información. ¿Se llamó a todos los ministros para poner sus teléfonos en cuarentena? ¿Se han empezado a analizar ya?

Tampoco se ha explicado si se va a mantener esa transparencia en directo en los días venideros. Habrían pasado ya más de 36 horas desde que Moncloa confirmó la brecha de seguridad. ¿Aún no hay ningún positivo más? ¿Deberíamos ir sabiendo qué pasa con cada teléfono de los 22 ministros? ¿Dará cuenta Moncloa este martes, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de más intrusiones? 

Falta saber también por qué los miembros del Gobierno de Unidas Podemos no sabían nada de esta rueda de prensa al ser convocada a las 7.05 horas del lunes. Es más, ¿por qué la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue informada prácticamente a la vez que salían Bolaños e Isabel Rodríguez a la sala de prensa?