La Audiencia Nacional ha abierto una investigación sobre la denuncia de que los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados a través del sistema Pegasus. La denuncia ha sido interpuesta hoy mismo por la Abogacía del Estado y ha sido recibida por el juez central de instrucción que está de guardia, José Luis Calama. Ahora irá a reparto.
La Abogacía del Estado indica en la denuncia que los móviles de Sánchez y Robles fueron objeto de un análisis realizado el pasado sábado por el CERT del Gobierno, adscrito al Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI. El CERT (Computer Emergency Response Team) es un equipo de personas dedicado a prevenir, detectar y responder a los incidentes de seguridad que puedan materializarse sobre los sistemas informáticos. Los análisis han sido adjuntados a la denuncia.
De acuerdo con ese examen, los teléfonos de ambos dirigentes fueron objeto de "varias infecciones" con el software espía fabricado por la compañía israelita NSO "entre los meses de mayo y junio de 2021".
El espionaje a los móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa fue desvelado este lunes por el ministro de Presidencia que lo describió como "un ataque externo e ilícito". El teléfono de Pedro Sánchez ha sido infectado por el software espía Pegasus, en dos ocasiones, durante el mes de mayo de 2021; y el de Margarita Robles, en una, en junio del mismo año.
En la primera incursión "al teléfono al oficial" del presidente, explican fuentes de Moncloa, "se extrajeron 2,6 gigabytes de información". Y en la segunda, 130 megas. En el caso de la ministra de Defensa, el robo de datos fue mucho menor, "de apenas 9 megas", detallan estas fuentes.
Lo que no saben los servicios informáticos de Presidencia ni del Centro Criptológico Nacional es qué tipo de información se extrajo -si fueron vídeos, fotos, textos o documentos almacenados en los terminales de Sánchez y Robles-. Tampoco adónde fue a parar.
"Sí sabemos que fueron ataques externos e ilícitos", ha afirmado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en rueda de prensa. Es decir, que "no ha sido ninguna institución pública y que ha sido sin autorización judicial".