No hay nada que hacer, el PSOE ha respondido con un "no" rotundo a sus aliados parlamentarios. Los socialistas se niegan a cualquier retoque en la reforma laboral. No se tocará "una sola coma", como reclaman los sindicatos y las patronales. Y será así como deba convalidarse el decreto del pasado 28 de diciembre. "¿Queremos sumar uno de esos puntos y perder el apoyo de la CEOE y por tanto de Europa? No", explican fuentes del PSOE a este periódico.
La semana que viene, el 3 de febrero, el pleno del Congreso verá, pues, cómo el Gobierno se apoya en una "mayoría alternativa" y el fracaso de las negociaciones abiertas por Yolanda Díaz desde la víspera de Nochevieja. Como ya informó este periódico el sábado pasado, el PSOE ya tiene atados los apoyos de Ciudadanos, del PDeCAT y de otros grupos pequeños del Congreso que le dan la suma de votos necesaria, aunque ajustada, para convalidar el decreto.
El respaldo principal es el de los nueve diputados liberales de Inés Arrimadas que, por boca de su portavoz parlamentario, Edmundo Bal, han puesto como condición "que no se toque una coma" del acuerdo alcanzado con los agentes sociales. "Ésta no es la reforma que nosotros querríamos, pero es producto de un pacto social, y eso tiene un valor indudable que le da legitimidad y longevidad", ha dicho Bal en conversación con este periódico.
Los apoyos del PDeCAT, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Navarra + completan los síes necesarios.
Pero Unidas Podemos sigue maniobrando para que esto no sea así. Según fuentes de la formación morada, la vicepresidenta segunda no quiere, ni puede permitirse, que su ley estrella de la legislatura se quede sin el apoyo de los socios habituales del Ejecutivo. Esos que se han dado en llamar "socios de legislatura" pero que en esta ocasión se quedarán fuera.
Díaz ahora se afana porque en la foto no salga Ciudadanos. La vicepresidenta segunda lleva un par de semanas -desde que supo que los liberales no sólo estaban dispuestos, sino que ya habían dado el compromiso al PSOE-, luchando por convencer al ala socialista del Gobierno y a la patronal CEOE de introducir "leves retoques" al texto de la reforma laboral.
Si estos cambios son asumibles por la patronal, ella podrá lograr que ERC y Bildu acepten negociaciones ulteriores a cambio de una abstención: quedan más reformas en el mercado laboral, entre ellas, la del mismo estatuto de los trabajadores. Se incumpliría, así, la única condición del partido naranja: que "no se toque ni una coma" de una reforma que Ciudadanos no asume como propia, pero que tiene "la legitimidad de ser producto del acuerdo entre los agentes sociales".
Evitar el voto con "la derecha"
Héctor Gómez cerró con Edmundo Bal una única condición: los nueve diputados de Ciudadanos votarán a favor y salvarán al Ejecutivo si no hay cambios de ningún tipo en lo acordado con CEOE, Cepyme, UGT y CCOO.
Ésa es la misma condición que exige el PSOE a los grupos parlamentarios, de modo que los liberales de Inés Arrimadas no pierden nada (ni ganan, salvo "credibilidad y fiabilidad", según fuentes socialistas, que no es poco). Pero es precisamente lo que Yolanda Díaz quiere utilizar ahora para evitarse un bochorno. Su reforma estrella saldría con el voto de "la derecha".
Esta mañana de jueves, Esquerra, Bildu, el BNG y la CUP han presentando un documento conjunto en el que expresan sus demandas concretas y en el que "constatan que esto no es una derogación de la reforma del PP de 2012". Ese punto ya es una crítica abierta y sin disimulos a la líder morada, que ahora defiende un texto que no se parece en nada a lo que ella misma pregonó en la campaña electoral, y a lo que prometía hasta hace pocos meses en sede parlamentaria.
Pero esas peticiones [consulte aquí el documento en PDF] han recibido el no socialista. Y eso anticipa un fracaso estrepitoso de la líder de Unidas Podemos, que ya escucha críticas internas, alimentadas por los recelos que se mantienen desde su ascenso, por sus formas, tan distintas de las de Pablo Iglesias.
Las demandas inasumibles
El PSOE, socio mayoritario, se niega a la prevalencia del convenio autonómico o provincial. Esa demanda la comparten los republicanos, los bildutarras, los nacionalistas gallegos y los independentistas antisistema. Pero la rechazan de plano tanto empresarios como sindicatos.
También se dice "no" a la recuperación de la autorización administrativa previa en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), al cambio en las causas de descuelgue, al encarecimiento del despido "recuperando los 45 días por año trabajado" y los "salarios de tramitación".
Los socialistas, asimismo, se niegan a que los convenios sectoriales prevalezcan en todo caso sobre los de empresa -en el texto aprobado se reserva para los de empresa la fijación de tablas salariales-, rechazan limitaciones a la movilidad geográfica colectiva y se dice "no" a reordenar el tiempo de trabajo y la reducción de la jornada laboral para facilitar la conciliación.
No es que el PSOE reniegue de todas estas propuestas, sino que se defiende el acuerdo. "El acuerdo que prevalece es el alcanzado en el diálogo social", explican fuentes socialistas a este diario, "porque no se hizo en la última reforma laboral y porque así lo demanda Europa".