La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero.
El PP ve peligrar los fondos UE si Sánchez consuma el recorte de independencia de la Airef y la CNMV
PSOE y Más País cuestionan la "legitimidad" de los órganos reguladores y sostienen que el Gobierno debe tener capacidad de disolverlos.
14 diciembre, 2021 02:25Noticias relacionadas
El PP ha advertido hoy que peligra la llegada de los fondos europeos del plan Next Generation (la Comisión Europea ya ha aprobado la entrega de 18.000 millones de los 76.000 millones previstos) si el PSOE consuma su intención de cercenar las funciones y la independencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) y otros seis organismos reguladores independientes.
Se trata de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Consejo de Seguridad Nacional (CSN). Son organismos independentientes, aunque las Cortes tienen una intervención directa en el nombramiento de sus máximos responsables.
En el seno de la Comisión de Calidad Democrática que preside Íñigo Errejón, el PSOE y Más País han pactado un texto que cuestiona la "legitimidad" democrática de estos órganos reguladores, sostiene que limitan el margen de maniobra del Gobierno y, en consecuencia, defiende que el Ejecutivo debe tener la capacidad de eliminarlos, según han denunciado este lunes fuentes oficiales del Grupo Parlamentario Popular. Se trata, por el momento, de un borrador, que será debatido el próximo miércoles en la Comisión.
El PP considera especialmente grave que el partido del Gobierno cuestione la autonomía de estos órganos reguladores y advierte que, de este modo, el PSOE puede poner en peligro la llegada de los fondos millonarios del plan Next Generation, ya que la Comisión Europea se está mostrando especialmente escrupulosa al analizar los mecanismos de control democrático de los Estados miembros.
Promover su disolución
El texto pactado por PSOE y Más País advierte que si estos órganos reguladores no actúan desde criterios estrictamente técnicos "se estaría creando un espacio en el que la autoridad toma medidas con discrecionalidad política sin contar con la legitimidad de origen o de ejercicio con que cuenta el Gobierno".
El texto añade que "el ejercicio de su independencia no puede afectar a que se trata de órganos administrativos, cuya decisión sobre su continuidad no puede ser ajena al poder ejecutivo que debería disponer de las potestades suficientes para promover o acordar su disolución mediante un régimen homogéneo".
Es decir, ambos partidos sostienen que la "independencia" de estos órganos reguladores debe quedar sometida a las decisiones políticas del Gobierno, que es el que tiene "legitimidad de origen" surgida de las elecciones. En caso contrario, el Ejecutivo debe tener la capacidad de disolver estos organismos.
La AIREF ha emitido durante las últimas semanas varios informes que han supuesto un jarro de agua fría para el Gobierno, al recortar drásticamente las previsiones de crecimiento del PIB (como han hecho también el Banco de España y otros organismos independientes).
También ocurría así en la pasada legislatura, cuando la AIREF (presidida por el actual ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá) contrariaba a menudo con sus informes al Gobierno de Mariano Rajoy.
Un "mecanismo lupa"
Los populares temen ahora que el PSOE, mediante su alianza con Más País, pretende limitar la autonomía de estos organismos, para que no puedan cuestionar los criterios políticos del Gobierno.
Fuentes del Grupo Parlamentario Popular señalan que este propósito "socava la credibilidad del país, envía un mensaje letal a los mercados y mina la confianza de los operadores, fundamental en cualquier economía de libre mercado".
El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha reclamado precisamente este lunes que se establezca "un mecanismo lupa de transparencia" -así lo ha llamado- para vigilar la gestión de los fondos Next Generation de la UE. Casado quiere también que el Gobierno comparezca mensualmente para dar cuenta de cómo se están gastando estos fondos millonarios.
La Comisión de Calidad Democrática que preside Íñigo Errejón ha escuchado durante los últimos meses a 21 comparecientes. Sin embargo, la Mesa ha vetado tres de las comparecencias propuestas por el PP: las de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; el exabogado de Podemos José Manuel Calvente (que denunció prácticas corruptas de su partido) y la directora general del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El PP ha presentado una batería de enmiendas en las que propone reforzar la "independencia " de estos organismos, garantizar su transparencia y suficiencia presupuestaria y obligar al Gobierno a rendir cuentas periódicamente ante las Cortes, para comprobar que cumple las recomendaciones de dichas instituciones.
