Desde que a última hora del jueves EL ESPAÑOL adelantaba en exclusiva la noticia de la detención en Cerdeña (Italia) de Carles Puigdemont, en el palacio de La Moncloa se vivían horas de gran tensión. Pero al final se respiraba con alivio cuando menos de veinticuatro horas después, ya en la tarde de este viernes, el Tribunal de Apelación de la localidad transalpina de Sassari le ponía en libertad, permitiéndole además salir de Italia.
La vuelta de Puigdemont a Bélgica, donde tiene su cuartel general en Waterloo y donde está también la Eurocámara a la que pertenece como parlamentario, permite al Gobierno de Pedro Sánchez albergar la esperanza de que puede seguir contando con ERC para continuar sin alteraciones la negociación política en Cataluña.
O dicho de otra manera, que Junts Per Catalunya, la formación que lidera Puigdemont y que forma parte en coalición con los republicanos de la Generalitat, no podrá descarrilar la "Mesa de diálogo" de la que se ausentaron sus consejeros hace dos semanas, cuando Sánchez se desplazó con una delegación del Gobierno central a Barcelona, para el primer encuentro de ese foro bilateral.
"Pantalla pasada" expresan gráficamente fuentes gubernamentales tras ver que el ex presidente catalán, fugado de la Justicia desde 2017 -después del referéndum ilegal separatista del uno de octubre y de la declaración unilateral de independencia en el Parlament- salía de la prisión de Sassari, tras haber pernoctado en ella del jueves al viernes.
Puigdemont, no obstabte, tendrá que estar en Cerdeña el próximo lunes cuatro de octubre para la vista judicial en la que se tomará una decisión sobre su posible entrega a España, en virtud a la Euroorden emitida hace dos años por el juez Pablo Llarena, después de la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba por sedición a Oriol Junqueras y el resto de responsables del golpe secesionista. Todo ello al margen de que decida permanecer en la localidad de Alguer por el motivo que le llevó a ella, un encuentro sobre cultura popular en una ciudad que el separatismo reivindica como parte de los "Países Catalanes".
El vicepresidente Jordi Puigneró, durante la protesta contra el consulado italiano en Barcelona.
Pese a la tensión en Cataluña después de la detención, el Gobierno es optimista. Y ello a pesar de las manifestaciones frente al consulado italiano en la Ciudad Condal, que respaldaba más de medio millar de personas y que apoyaban in situ el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, y la presidenta del Parlament, Laura Borrás, ambos de Junts, así como la portavoz parlamentaria de ERC, Marta Vilalta. Si bien los republicanos evitaban mandar a la marcha a alguien con poder en el Gobierno autonómico.
Puigdemont en la calle
También pese a que Pere Aragonès suspendía su agenda, también la reunión del Consejo Nacional de ERC este sábado, y emitía una dura declaración institucional junto a todo el Govern, hablando de "represión" del Estado contra el independentismo. El propio Puigneró, además, afirmaba en declaraciones a los medios en la citada protesta callejera que ellos habían dicho que la Mesa no era viable en las actuales circunstancias y que "el tiempo", afirmaba, les había "dado la razón".
Sin embargo, en el Gobierno creen que el diálogo bilateral entre los ejecutivos central y autonómico continuará y podrá dar frutos pronto, al margen de la tensión ambiente. "Con Puigdemont en la calle, si ellos [Junts] quieren torpedear la Mesa se quedarán torpedeando ellos solos" explican fuentes del Ejecutivo. En ese diálogo, la parte catalana no se baja de sus peticiones de máximos, referéndum y amnistía, que Sánchez insiste que están fuera del ordenamiento jurídico y constitucional vigente.
A cambio, el líder socialista, convencido de que el procés independentista está en vía muerta, ofrece "votar" un acuerdo y no un desacuerdo, refiriéndose crípticamente a otra reforma estatutaria como la impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, que se refrendó en 2006. Como es preceptivo, un nuevo Estatuto tendría que ser ratificado por los ciudadanos catalanes en un plebiscito despues de haberlo hecho el Parlamento catalán y las Cortes Generales.
Naturalmente, hay una única posibilidad que haría descarrilar las buenas perspectivas de Moncloa, y es que después del cuatro de octubre la Justicia italiana decidiera entregar a Puigdemont a España.
Sánchez, que no podía eludir una breve declaración pública sobre el caso (sin preguntas) durante su comparecencia en La Palma junto al presidente canario, Víctor Ángel Torres, y el del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, trataba de mantener el equilibrio entre la necesidad de "diálogo" sobre Cataluña con la exigencia de que Puigdemont "lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la Justicia". No sin antes haber remarcado que "cuando Carles Puigdemont huyó de la acción de la Justicia [en otoño de 2017] había otro Gobierno".
Es decir, y en la síntesis del planteamiento del presidente, que a él no se le puede responsabilizar de que el hoy líder de Junts per Catalunya burlase la acción de la Justicia española, ni de no estar dispuesto a emprender un diálogo con Cataluña.