El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática -cartera que dirige Carmen Calvo- sigue dando motivos para cuestionar su gestión de las subvenciones destinadas a la Memoria Histórica.
Este pasado viernes, EL ESPAÑOL informaba de que la vicepresidenta primera del Gobierno resolvió en tan sólo cuatro días una partida de subvenciones por valor de 750.000 euros entre las que figuraban como beneficiarias "asociaciones afines" como la Fundación Internacional Baltasar Garzón o la Fundación Largo Caballero.
La Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces se ha personado contra el Ministerio de la Presidencia por detectar "graves irregularidades en el procedimiento de valoración y adjudicación": premura en los tempos, concesiones a asociaciones afines y un anticipo del 75% del importe.
Esas supuestas irregularidades podrían no cesar ahí. Y es que, según los denunciantes, la composición de la Comisión de Valoración de los proyectos de las subvenciones "no se ajusta a la legalidad". Por dos motivos.
En primer lugar, el grupo de Seguimiento de plan estratégico de subvenciones 2018-2020 está conformado por siete mujeres y un solo hombre, por lo que incumpliría las normas básicas de paridad. "Esto es una clara discriminación hacia los hombres que debe ser inmediatamente subsanada; no respeta el principio fundamental de paridad".
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres recoge en su artículo 51.d la obligación que tienen las Administraciones Públicas de "promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración".
Y en este sentido llueve sobre mojado en el seno Gobierno. Recientemente, el Ministerio de Igualdad también fue reprendido por no cumplir la paridad. De hecho, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales tumbó un contrato público para cubrir los servicios del 016 por vulnerar el principio de igualdad de género, ya que se exigía al personal adscrito que fueran mujeres y no varones.
Incompatibilidad de cargos
Pero volviendo a la polémica que salpica a la Vicepresidencia, hay más. Y es que la presidenta de la Comisión de Valoración de los proyectos que aspiran a las subvenciones, María Jesús Gabín López, forma también parte del Grupo de seguimiento del plan estratégico de subvenciones.
"Como es obvio, no se puede estar adjudicando subvenciones y luego valorándolas; hay que separar funciones para garantizar la independencia de la supervisión", censuran las fuentes denunciantes.
Gabín es la titular de la Subdirección General de Ayuda a las Víctimas de la Guerra Civil dentro de la Dirección General para la Memoria Histórica. Ocupa este cargo desde noviembre de 2019. Antes, fue coordinadora de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en la Junta de Andalucía cuando gobernaba el PSOE.
Por todo lo anterior, la Asociación Raíces se ha personado contra el Ministerio de la Presidencia y han pedido una auditoría de todo el procedimiento, así como que se corrijan todas las irregularidades recogidas por este medio.