El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática -cartera que ostenta Carmen Calvo- resolvió en tan sólo cuatro días una partida de subvenciones por valor de 750.000 euros que cuenta entre sus beneficiarios a todo tipo de "asociaciones afines".
El montante, que fue adjudicado el pasado 25 de noviembre, cuenta entre los beneficiarios provisionales con la Fundación Internacional Baltasar Garzón, la Fundación Largo Caballero o la Asociación Gavilla Verde. Así se recoge en la propia web oficial de Memoria Democrática del Gobierno de España.
Por ello, la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces se ha personado contra el Ministerio de la Presidencia de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Solicitan una "auditoría y fiscalización de todo el procedimiento" para asegurarse de que ha transcurrido conforme a los cauces legales.
En conversación con EL ESPAÑOL, fuentes de la asociación destacan haber detectado "graves irregularidades en el procedimiento de valoración y adjudicación de subvenciones públicas relativas a la Memoria Histórica".
La entidad, constituida en 2019, considera que los cuatro días hábiles para la resolución es un tiempo "muy reducido" que no permite valorar en profundidad las numerosas propuestas recibidas. "Hemos pedido que detallen las reuniones que han mantenido para constatar que ha habido una valoración en profundidad y que no estamos ante una asignación arbitraria de recursos públicos a asociaciones afines, como parece ser".
La Asociación Raíces es conocida por haber conseguido que el expresidente de la Generalitat, Quim Torra, se comprometiera a exhumar la fosa de Moncada y Reixac, que alberga los cadáveres de centenares de víctimas de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil. Y es que la entidad tiene como principal objetivo reivindicar que la Ley de Memoria Histórica se aplique también a los crímenes del bando republicano.
Beneficiarios "irregulares"
La asociación que se persona ahora contra el Ministerio de Carmen Calvo por su última partida destinada a la Memoria Democrática no sólo considera que las subvenciones se han otorgado a "asociaciones afines", sino que en algunos casos las adjudicaciones han sido irregulares.
Tal y como resalta la Asociación Raíces en conversación con este medio, ni el CSIC (agencia estatal adscrita al Ministerio de Ciencia) ni los sindicatos cumplen con los requisitos: "El CSIC, la CGT y UGT no pueden ser destinatarios de subvenciones relativas a la memoria histórica porque no encajan en el perfil del beneficiario; no tienen entre sus fines específicos esa labor".
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¿Cuál es el perfil en el que no encajan? El que marca la propia Resolución del Ministerio de Presidencia con fecha de 10 de septiembre. Esta afirma que "quedan excluidas como posibles beneficiarias las entidades societarias con ánimo de lucro, las entidades de derecho público, los partidos políticos, los colegios profesionales y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente".
Los denunciantes entienden que este enunciado es incompatible con la financiación a un sindicato. Pese a ello, la UGT ha sido beneficiada con 9.983,68 euros en concepto de "recuperación de la documentación de la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores despositada en el Centro Documental de la Memoria Histórica".
Por otro lado, el CSIC recibiría 12.000 euros por la "arqueología del Valle de los Caídos". Concretamente, por la "prospección y excavación en los espacios de vida de los trabajadores y familiares".
Largo Caballero y Garzón
La Fundación Largo Caballero no puede ser destinataria de subvenciones públicas, en opinión de los denunciantes, pues el personaje al que debe el nombre está sujeto a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, tal y como acreditó el Ayuntamiento de Madrid en su Proposición nº 2020/8000713 (punto 49) del Pleno de 29 de septiembre de 2020.
De hecho, la placa de homenaje a Francisco Largo Caballero que albergaba la plaza Chamberí fue retirada por orden del Consistorio madrileño.
Retirada de la placa de Homenaje a Largo Caballero.
La asociación denunciante considera que la Fundación Internacional Baltasar Garzón tampoco puede ser objeto de esta financiación pública, ya que "toma el nombre de un juez corrupto que fue expulsado de la Carrera judicial por sentencia firme". "Esto sería como darle una subvención a una Fundación que llevara el nombre de un delincuente, es inadmisible en un Estado de Derecho", arguyen estas fuentes.
Y es que desde la asociación autora de las alegaciones, sostiene que las subvenciones "deben ir destinadas a localizar a las víctimas y para entregarlas a sus familiares". En este sentido, resaltan que sólo 450.000 euros de los 750.000 contemplados en la partida serán para exhumaciones.
Anticipo del 75%
Pero las irregularidades que denuncian en las subvenciones otorgadas por Carmen Calvo no cesan aquí. Y es que el importe que se anticipa de la subvención pública con el simple reconocimiento del beneficiario como definitivo es del 75%. Una cantidad que, según los denunciantes, "no se ajusta a los patrones administrativos correspondientes".
Tampoco se exigen garantías a los adjudicatarios, ni en forma de avales o similares, que aseguren el cumplimiento de las actividades que se subvencionan, pese a gozar de un anticipo tan generoso.
Por todo lo expuesto, uno de los denunciantes asevera a este medio que han pedido que "se excluyan a los beneficiados irregulares, que se anulen las partidas y que se realice una auditoria de cómo se ha tomado esta decisión en tan poco tiempo".
Para ello, y en base a la Ley de Transparencia, la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces ha requerido al Gobierno de España "una copia de todos los proyectos beneficiados, así como los informes de valoración de éstos".
"No tenemos ningún reproche a esas asociaciones memorialísticas que actúan honradamente y que hacen una labor encomiable, pero hay subvenciones que van a organizaciones que no pintan nada en todo esto", sentencian.
¿Qué responde la Vicepresidencia?
Desde el gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno muestran sorpresa por esta denuncia. Ante la consulta de EL ESPAÑOL, alegan que "la convocatoria y la concesión cumplen todos los requisitos legales".
Fuentes de este departamento explican que los plazos se han acortado como consecuencia del retraso acumulado en los procedimientos legales durante el primer estado de alarma, en el que se suspendieron. "Se ha cumplido con la ley de subvenciones, y con los preceptos que determinan cómo acelerar plazos cuando concurren las circunstancias", aseguran.
En cuanto a la idoneidad de las entidades beneficiarias, las citadas fuentes de la Vicepresidencia apuntan a que "en una semana se publican las definitivas, hasta ahora se han hecho públicas las concesiones provisionales y están en periodo de alegaciones", razón por la que no comprenden esta denuncia pública, a la espera de que la entidad presente las quejas de manera oficial.
"Ha habido Ayuntamientos que se han presentado a la convocatoria y no se les han concedido las ayudas porque no son entidades sin ánimo de lucro... que haya sindicatos o sociedades de investigación entre los adjudicatarios tiene todo el sentido", dicen.
Respecto a la Fundación Largo Caballero, el entorno de la vicepresidenta Calvo apunta a que la decisión del Ayuntamiento de Madrid sobre el ex líder del PSOE "está recurrida por el PSM". Y en cuanto a la Fundación Internacional Baltasar Garzón, en la Vicepresidencia se apunta a que "como todos los beneficiarios, cumple con los requisitos de la convocatoria escrupulosamente".