Zoido marca distancias con la gestión de Fernández Díaz

“Será la legislatura de la concordia”, prometió el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en su primera comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso. Una declaración de intenciones que, al menos en espíritu, marca distancias con la gestión de su antecesor Jorge Fernández Díaz. Y en aras de esa “seguridad nacional de la concordia”, confirmó ante los grupos parlamentarios su disposición de someter a examen la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada ‘Ley Mordaza’ por sus detractores. Esta norma fue la bestia negra de la oposición durante la pasada legislatura y el nuevo ministro admite que “se puede mejorar”.

También puso tierra de por medio cuando los portavoces acusaron a su Ministerio de haber llevado a cabo los últimos años operaciones de juego sucio y persecución a rivales políticos. En varias ocasiones se aludió a la denominada ‘operación Cataluña’. Zoido contestó así: “Ni la Policía, ni la Guardia Civil, ni Ertzaintza y Mossos d’Esquadra van a perseguir a nadie por considerarlo un adversario político. No debe ser, es contrario al Estado Derecho. Hay que erradicar ese concepto y limpiar esa imagen. Todo lo que pueda hacer lo haré porque es cumplir con mi obligación y preservar la buena opinión de estos colectivos”.

En su oferta de reformas legislativas, también planteó en la Cámara una revisión poco esperada y que tiene que ver con las prisiones, un sector cuyas competencias reclamó el PNV para el País Vasco. El diputado nacionalista Mikel Lejarza se lo volvió a recordar durante la sesión así como su petición de un “final ordenado de la violencia”, que a su juicio debe acabar con la dispersión de presos de ETA. El PNV llegó a establecer esta demanda como condición al apoyo del partido jeltzale al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La libertad condicional

Sin llegar tan lejos de momento, el ministro Zoido, juez de carrera, se detuvo en la figura de la libertad condicional. A su juicio, las contradicciones entre el Código Penal y la Ley General Penitenciaria “provoca desajustes”. Actualmente, la libertad condicional es una figura que conceden los jueces a los presos en el último tramo de su condena para que terminen de cumplir su pena fuera de los centros penitenciarios siempre y cuando cumplan una serie de requisitos.

En este sentido, se mostró partidario de “actualizar” la Ley Orgánica General Penitenciaria (aprobada en 1979 casi por unanimidad), elaborar un Reglamento Penitenciario nuevo y armonizar estas normas con las Instrucciones y las Circulares de la Secretaría General de Prisiones. Opina que son de “laborioso conocimiento y difícil manejo por su extensión y complejidad”.

La Ley “se puede mejorar”

Respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, negó que limite derechos, pero aseguró que “se puede mejorar”. Sin embargo, fijó los límites de su concordia con una advertencia: “una cosa es introducir modificaciones y otra su derogación”. Explicó que eso generaría un vacío ya que su derogación no supondría sustituirla por la que había antes. “Tienen mi mano tendida y a disposición a todo el equipo del Ministerio para todo aquello que vaya a mejorar el texto en vigor”, zanjó.

La Ley de Seguridad Ciudadana, que entró en vigor en julio de 2015, avala el rechazo en frontera de los inmigrantes que tratan de cruzar la valla de Ceuta y Melilla o permite sanciones para quien tome imágenes de policías y luego las difunda poniendo en riesgo la integridad de los agentes, por citar dos de los puntos más polémicos del articulado.

Otro de los puntos sobre los que Zoido se ofreció a negociar fueron los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Varios miembros de esta Comisión de Interior visitaron el centro de Aluche (Madrid) hace unas semanas tras el motín protagonizado por sus internos. El ministro anunció un grupo de trabajo interministerial, al menos, “para determinar el modelo idóneo desde el punto de vista arquitectónico”.