La Generalitat busca retener los bienes del Monasterio de Sijena

En los próximos días los gobiernos de Cataluña y Aragón tendrán que volver a verse en los juzgados para disputarse -judicialmente- los preciados frescos románicos del Monasterio de Sijena (Huesca).

El Gobierno de Aragón, ante el posible desacato de la Generalitat de Cataluña, pretende desplegar toda su capacidad legal para insistir en la ejecución de una sentencia que dicta la devolución de los frescos al Monasterio de Sijena.

La capilla sixtina del románico

La sentencia emitida hace un año denegó los argumentos legales esgrimidos por los servicios jurídicos de la Generalitat. El juzgado sentenció la propiedad única de Aragón. Destacó que los frescos no pertenecieron nunca al patrimonio catalán, y por consiguiente, no son propiedad de la Generalitat. E hizo mención a la ausencia de impedimentos técnicos para trasladar de manera segura los frescos al Monasterio de Sijena.

Estas pinturas son consideradas como una de las obras de mayor relevancia en la pintura mural del románico. Según recoge la sentencia del Juzgado de Instrucción número 2 de Huesca, los frescos fueron arrancados de los muros del monasterio. Actualmente se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).

El Gobierno de Cataluña recurrió la sentencia para evitar su devolución con el objetivo de agotar todos los recursos posibles para alargar el litigio que mantiene con Aragón. Las alegaciones ocupan 140 folios en donde esgrimen argumentos jurídicos para evitar el traslado. La Generalitat, por ejemplo, entiende que hay un supuesto riesgo de conservación al trasladar los frescos desde el MNAC al Monasterio de Sijena.

Sin embargo, el Ejecutivo de Aragón ha solicitado en los últimos días una ejecución provisional de la sentencia dictada, a la espera de una sentencia firme que puede alargarse meses.

Cataluña continúa en desacato

Los “conflictos” judiciales entre Cataluña y Aragón abarcan varios frentes pero con el pequeño municipio de Sijena como epicentro artístico.

Una sentencia judicial, dictada el pasado mes de julio, obligaba a la Generalitat de Cataluña la devolución completa de 97 obras de arte a su legítimo propietario, el Monasterio oscense de Villanueva de Sijena.

La sentencia emitida determinó aquellas compraventas por parte de la Generalitat -entre 1983 y 1994- como nulas por evidentes incumplimientos de legalidad. Tras la decisión judicial, la Generalitat devolvió solo 53 piezas de las 97 obras que completan el tesoro artístico de Sijena. Desde entonces, el Gobierno de Cataluña se mantiene en desacato y no tiene intención de devolver el resto de las obras a su legítimo propietario, según reza la sentencia judicial.

La "desobediente" Generalitat

La Generalitat de Cataluña, desde la devolución parcial de las obras de arte de Sijena, sigue atrincherada en su desobediencia. Considera que las normas catalanas -al realizar una catalogación de las obras de arte como piezas museísticas de Cataluña- están por encima de las sentencias.

Eso sí, el Gobierno de Puigdemont acató parcialmente la sentencia, al devolver 53 de las 97 piezas. Tan solo quiso proceder a la devolución de aquellas expuestas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). El resto de las obras artísticas, 44 piezas, permanecen en el Museo de Lérida y según documentación oficial están valoradas en unos 125.000 euros.

Los presidentes de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de Aragón, Javier Lambán. EFE

La última maniobra de la Generalitat para no devolver las 44 obras de arte restantes consiste en escudarse tras la Junta de Museos de Cataluña. Un órgano que emana del propio Ejecutivo catalán y que, hace escasos días, ratificó una decisión política tomada en el año 1998; manifestar, de manera unilateral, que las obras de arte son patrimonio exclusivo de Cataluña perteneciente a una colección museística.

Sin validez

Jorge Español, abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca), en declaraciones a EL ESPAÑOL, defiende que “las disposiciones adoptadas por la Generalitat para retener el resto de las piezas se encuentran sin validez jurídica”. Considera el letrado que “la actitud mantenida por la Generalitat, al impedir que se acate la orden judicial, puede incurrir en un supuesto delito de desobediencia”.

“La actitud mantenida por la Generalitat, al impedir que se acate la orden judicial, puede incurrir en un supuesto delito de desobediencia”

Fuentes del Gobierno de Aragón explican a este periódico las acciones en la vía judicial que está desarrollando el Ejecutivo aragonés. Tras el regreso parcial de las 97 obras de arte, el Ejecutivo autonómico ha emitido en los últimos meses varios escritos a la jueza que lleva el caso para pedirle que “haga cumplir la sentencia a la Generalitat de Cataluña”. E incluso solicitan a la Audiencia Provincial de Huesca que “aclare que medidas tomará para garantizar su cumplimiento”.

La amenaza de la policía judicial

Durante los últimos meses ha sobrevolado la posible intervención de la Policía para incautar las obras de arte retenidas por la Generalitat en el Museo de Lérida y ejercer el pleno cumplimiento de la sentencia judicial.

En reiteradas ocasiones se ha postulado en ese planteamiento el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. “Llegaremos hasta sus últimas consecuencias”, defendía, recordando las medidas subsidiarias que solicitó el Ejecutivo que preside para garantizar la devolución integra de las obras. El Gabinete de Javier Lambán requirió al juzgado oscense, multas durante quince días si se persistía en el incumplimiento y, como último recurso, la actuación de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Judicial.

El posible envío de la Policía Judicial fue calificado por el Consejero de Cultura catalán, Santi Vilas, como “un acto que tiene un punto de violencia desproporcionado”. Mientras anunciaba la relación “cordial” con Aragón y una unión política de “complicidad total”.

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ya pidió al juzgado oscense el envío de la Policía Judicial así como la actuación de la Fiscalía para actuar contra la Generalitat por los delitos de desobediencia y de apropiación indebida. Considera el municipio oscense la actitud del Govern como “una inaceptable afrenta al Estado de Derecho que debe tener respuesta inmediata por parte de éste”.

A día de hoy, cumplidos exactamente dos meses de desacato por parte del Gobierno de Cataluña, no se han emitido órdenes nuevas por el juzgado oscense para asegurar la devolución de las 44 piezas restantes a Aragón.