El exjuez imputado por corrupción avaló el 'enchufismo' de militantes del PSOE y Compromís

Las elecciones municipales del año 2015 propiciaron un cambio de Gobierno en la Diputación de Valencia y que siete históricos militantes del PSOE y Compromís entraran a formar parte de la nómina de directivos de Imelsa, la empresa pública que dirigía el autodenominado yonki del dinero y de la que partió la supuesta "organización criminal" vinculada al PP valenciano.

El expresidente de la Diputación de Valencia y actual alcalde de Ontinyent, el exsocialista Jorge Rodríguez, declaró este lunes que el exmagistrado José Luis Vera avaló las contrataciones y negó que se creara una estructura ad hoc para enchufar a personas de ambas formaciones políticas. Vera está imputado por corrupción y el supuesto cobro de comisiones.

"Yo no recomendé a nadie y no había ningún objetivo de colocar a nadie para ponerle un sueldo público", insistió. 

Asimismo, apuntó que conocían las contrataciones de alta dirección porque se comunicaron con "total transparencia" y "nadie, ni la oposición, en ningún momento las pusieron en dudas".

El gasto público en las contrataciones ascendió a 1,2 millones de euros y el juez instructor concluyó que eran "cargos ficticios".

[PSOE y Compromís se repartieron "cargos ficticios" en la Diputación de Valencia, según el juez]

Jorge Rodríguez fue el primero de los 14 acusados en declarar en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Valencia por el conocido como caso Alquería, que ha investigado las contrataciones presuntamente irregulares de los altos directivos en la empresa pública después de que PSOE y Compromís se hicieran con el control de la institución en junio de 2015.

Rodríguez se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación.

El dirigente, que estaba en las quinielas para suceder a Ximo Puig al frente del PSOE de Valencia, fue detenido por la Policía Nacional en julio de 2018 y quedó en libertad provisional con cargos. "Podemos habernos equivocado o metido la pata, pero nunca la mano", defendió después de abandonar el calabozo.

Tras la operación policial, cuestionada desde diversos ámbitos por excesiva, fue expulsado del PSOE, pero se negó a renunciar a la Alcaldía de Ontinyent, una de las ciudades más importantes de Valencia.

Meses después, Rodríguez fundó un partido independiente para presentarse a las elecciones de 2019, obtuvo una mayoría absoluta aplastante y dejó al PSOE sin representación municipal.

Rodríguez solo respondió a las preguntas de su abogada. Durante la declaración, desveló que Vera elaboró un informe en el que autorizaba las contrataciones de los militantes y que lo conoció a través de su entonces jefe de Gabinete, José Manuel Orengo, exalcalde socialista de Gandía y muy próximo a Ximo Puig. Tanto José Luis Vera como Orengo declararán como testigos en este juicio.

"Me dijeron que había sido magistrado en la Audiencia de Valencia, profesor en la Universidad de Valencia y que colaboraba con la Fiscalía Anticorrupción" en el caso del yonki del dinero. Esta apariencia de solvencia le llevó a confiar en su criterio, insistió, porque él es licenciado en Ciencias Políticas y desconocía la diferencia entre un contrato de alta dirección y un contrato laboral.

De este modo, Rodríguez desveló en la sala que fue Vera, a quien citó en numerosas ocasiones durante su intervención, quien propuso la modalidad de contratos de alta dirección por "ser más ventajosos para la empresa pública".

El expresidente subrayó que nunca se habló de nombres, sino de perfiles, y que las anotaciones de Compromís y PSOE que aparecen de su puño y letra en una libreta hacían referencia a qué partido dependía cada área.

Exjuez y conseguidor

El PSOE colocó a José Luis Vera como asesor jurídico en la Diputación con la idea de que combatiera la corrupción del PP. 

Vera, que ha ejercido durante años de magistrado en la Audiencia Provincial de Valencia por el cuarto turno (el que se reserva para abogados de reconocido prestigio y una trayectoria acreditada), figura en más de 2.000 resoluciones como ponente.

Igualmente, fue el encargado de denunciar la corrupción en la construcción de Terra Mítica o los contratos de la Gobierno de Eduardo Zaplana con Julio Iglesias. Además, ejerció la acusación de la Unión de Consumidores de España en el caso Fabra y fue socio del despacho de abogados de cabecera de los socialistas valencianos.

Es uno de los cabecillas de la supuesta "organización criminal" que se investiga en el caso Azud, que desmanteló la Guardia Civil y que supuestamente repartió comisiones millonarias entre cargos del PP y del PSOE durante 20 años. El sumario le atribuye el cobro de mordidas por valor de 1,3 millones de euros a cambio de favorecer los intereses de grandes promotoras en administraciones socialistas.

Así, según la Guardia Civil, Vera ejerció de conseguidor de contratos para grandes empresas. Su mujer, Antonia Armengol, fue diputada autonómica del PSOE. Según la investigación, "directamente o a través de la mercantil Vera Llorens SLU entre los años 2007 y 2012 percibió, por lo menos, de las empresas del Grupo Axis más de 1.341.086,36 euros".

En 2015, tras acceder a la Diputación, se presentó ante el resto de partidos y medios de comunicación como un colaborador habitual de la Fiscalía Anticorrupción. 

"No dijo nada, no ya de una ilegalidad, sino ni siquiera de una irregularidad en los contratos", persistió Jorge Rodríguez en el juicio.