La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que los cargos del PSOE valenciano investigados en el caso Azud pasaron a formar parte de la supuesta trama de mordidas tras una comida celebrada en el centro de Valencia con uno de los protagonistas del fraude, el promotor Jaime Febrer.
La comida tuvo lugar en septiembre de 2005 en el restaurante Berenice, en la calle Mestre Racional. La reunión se celebró después de que Rafael Rubio, subdelegado del Gobierno hasta 2021 y en ese momento líder del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, diera una rueda de prensa para denunciar "pelotazos urbanísticos" en los que estaría implicado Febrer.
Al almuerzo asistieron, además de Rubio, José Luis Vera, exmagistrado de la Audiencia de Valencia y abogado que el PSOE colocó en 2015 en la Diputación para denunciar la corrupción del PP; y Pepe Cataluña, exresponsable de Finanzas de los socialistas valencianos. Rubio había denunciado irregularidades previas al pelotazo urbanístico de los colegios, una operación por la que obtuvo muchísimos beneficios Febrer a cambio del pago de comisiones millonarias.
Anotación con la comida celebrada incluida en el sumario.
Al parecer, según consta en la documentación incluida en el sumario, el PSOE denunció que la mercantil Construcciones Valencia Constitución (CVC) se había llevado unas plusvalías de hasta un 196 % tras obtener "información privilegiada" del Gobierno de Rita Barberá.
Tras esa comida, las denuncias cesaron y Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia, se apresuró en cerrar el asunto de los colegios antes de las elecciones municipales de 2007 ante la pérdida de influencia de Rubio en el PSOE. Los investigadores han encontrado una carta remitida a Febrer en la que le trasladan la preocupación de Grau en este sentido: "La composición del grupo socialista en el pleno se ha modificado y ya no hay tanto apoyo a Rafa Rubio".
Anotaciones con el contenido de las reuniones.
Los plazos se apuraron, pero se cumplieron. Y los investigados sirvieron en bandeja a Febrer suelos por un valor real superior a 54 millones a cambio de que asumiera una deuda con 10 congregaciones religiosas diferentes de 35 millones. El negocio de Febrer -ha concluido el juzgado- fue la adquisición de terrenos municipales "con precio determinado, con elección de tres parcelas cuyo valor hubiera podido alcanzar hasta el doble" y todo ello "vulnerando" la ley, pues para la enajenación de esas parcelas se tendría que haber convocado una subasta pública. En las parcelas se construyeron tres colegios públicos.
La investigación eleva a más de 10 millones de euros el dinero perdido por el Ayuntamiento de Valencia en esta operación. Tras esas elecciones, Carmen Alborch se convirtió en portavoz municipal y Rubio en su número dos. El dirigente socialista regresaría al Ayuntamiento de Valencia en 2015 tras ser designado coordinador general de Urbanismo. Según la juez, su comisión se elevó a los 300.000 euros.
El apoyo de Rubio
La Guardia Civil destaca en sus informes que una de las personas que aparecen referidas en algunas anotaciones o documentos vinculados con la tramitación de esta operación urbanística es Rafael Rubio.
A modo de ejemplo, la UCO subraya que "se ha localizado una de las tablas de costes que se manejaron durante el desarrollo de la operación en la que aparece la anotación 'entregada copia a Rafa Rubio'".
Igualmente, también se ha localizado otra de estas tablas "en las que se recogen unas anotaciones manuscritas relacionadas con los importes que se investigan, apareciendo junto a los mismos las iniciales A.G. y R.R". "Si bien se desconoce el trasfondo y significado de estas anotaciones, sí que parecen relacionar estos costes con las que podrían corresponderse con las iniciales de Alfonso Grau y Rafael Rubio", aclaran los agentes.
En cuanto a la participación de Rubio, "resulta relevante el contenido del documento rubricado por la empresaria valenciana Mónica Montoro", quien estuvo un mes en prisión provisional por estos hechos, "con fecha 15 de octubre de 2007 y remitido a Jaime Febrer".
En este documento, ya recogido previamente, Mónica Montoro expone a Jaime Febrer los pormenores de una reunión mantenida con José Vicente Sánchez, en ese momento jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Valencia. Del contenido del documento se desprende "el interés de Alfonso Grau en la materialización de la operación".
Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia, durante una rueda de prensa celebrada en 2014.
Los plazos se cumplieron, pero hubo un momento en el que la preocupación se extendió ante el cambio de legislatura. Según lo contenido del documento intervenido en la empresa de Febrer, los retrasos se atribuyeron a que "la composición del grupo socialista en el pleno se ha modificado y ya no hay tanto apoyo a Rafa Rubio".
Finalmente, la operación urbanística salió adelante porque, tanto el Ayuntamiento de Valencia como la Generalitat, declinaron seguir con un recurso judicial ante el Tribunal Supremo (TS) que habría dilatado el proceso y entorpecido el negocio. Meses después se repartieron las comisiones, según la Guardia Civil.
La comida
Previamente, en 2005, Febrer mantuvo el primer contacto con el PSOE de Valencia. La comida en el barrio del Ensanche es "la primera referencia a Rafael Rubio considerada de interés".
Según relata la Guardia Civil, está relacionada "con una serie de recortes de prensa cuyo denominador común es que todos ellos se relacionan con una denuncia a los medios efectuada por parte de Rafael Rubio", referida a una operación urbanística en la que interviene el Ayuntamiento de Valencia y una mercantil de Febrer.
Concretamente, "se trata de la permuta de unos terrenos entre ambos intervinientes por los que, según se refleja en los precitados recortes de prensa, Rafael Rubio denuncia que la mercantil habría sido beneficiario de unas plusvalías del 196%".
"Ello como consecuencia de una operación en la que habría contado con información privilegiada y en la que habría existido trato de favor por parte del Ayuntamiento de Valencia", describe la Guardia Civil.
Además, en estas noticias se recoge que el propio Rubio solicita a la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, "que investigue a su entorno político más próximo en relación a lo que denomina como pelotazos urbanísticos". Todos estos recortes de prensa están fechados entre los días 8 y 10 de septiembre de 2005.
Unos días después, el 21 de septiembre de 2005, habría tenido lugar una reunión entre Jaime María Febrer y Rafael Rubio, a la que también habrían asistido José Luis Vera y Pepe Cataluña, todos ellos destacados cargos orgánicos vinculados al PSOE, según los documentos internos en las empresas de Febrer.
El promotor guardaba en su empresa el documento que Rubio leyó en la rueda de prensa y la Guardia Civil cree que se lo facilitó Rubio durante la comida, "lo que denota que este podría haber sido el tema o uno de los temas a tratar durante la misma", sostienen los agentes.