Los cargos del PP y PSOE de Valencia investigados en las diligencias derivadas de la Operación Azud, la trama urbanística de la que formaría parte el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, cobraron supuestamente hasta siete millones de euros en comisiones ilícitas a cambio de favorecer los intereses del promotor valenciano Jaime Febrer, del grupo Axis.
Este constructor de Valencia montó una estructura capaz de generar dinero en efectivo para sobornar a cargos públicos de diversos partidos durante 20 años sin levantar la más mínima sospecha. Los dirigentes del Ayuntamiento de Valencia fueron los más beneficiados por la supuesta estructura corrupta, pero los tentáculos de la organización se extendieron a otras administraciones valencianas gestionadas por el PP y el PSOE. En las diligencias aparecen cargos de un tercer partido.
En el caso de la ciudad de Valencia, la investigación judicial apunta a que la red repartía el dinero entre dirigentes del PSOE a cambio de una oposición dócil. Durante los registros, practicados entre 2019 y 2021, la Guardia Civil halló abundante documentación contable y agendas del promotor investigado con anotaciones precisas de reuniones y entregas.
Según la documentación incluida en la causa, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, como el Grupo Axis necesitaba "sumas de dinero en efectivo para abonar las comisiones ilícitas", las obtenía "de forma oculta y que pudiera escapar de cualquier tipo de control".
Para ello, Febrer y su grupo empresarial posibilitaron "la generación de importantes sumas de dinero en efectivo, que en el periodo investigado alcanzó, por lo menos, la cantidad de 7.000.000 de euros, cuya finalidad era el pago de las comisiones ilícitas en metálico a cargos públicos y funcionarios públicos del Ayuntamiento de Valencia, de entes públicos y de aquellos Ayuntamientos en los que el Grupo Axis tenía intereses urbanísticos".
Esta estructura creada para la generación de dinero en efectivo, "que actuaba como una verdadera asociación jerarquizada y duradera en el tiempo", estaba dirigida por diversas empresas vinculadas al promotor.
Informes caso Azud.
Entre los investigados se encuentran, además de miembros de la familia Barberá -cuñado, hermanas y sobrinas- el exvicealcalde de Valencia con el PP, Alfonso Grau; el exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; el que fue jefe de los servicios jurídicos de la empresa Imelsa, José Luis Vera; la exalcaldesa de Xixona, Rosa María Verdú y un exedil; el exresponsable de las Finanzas del PSPV-PSOE José María Cataluña y empresarios como Jaime Febrer o Carlos Turró, de la constructora Cleop.
Alfonso Grau
Según el juzgado, a Alfonso Grau se le imputa, entre otros hechos delictivos, "el cobro de comisiones ilícitas cuya cuantía se estima, cuanto menos, en más de 2 millones de euros". Además, las investigaciones llevadas a cabo en cuanto a la situación económica y patrimonial de Grau han revelado un entramado familiar, que se extendió a EEUU y Luxemburgo, para ocultar el botín.
La investigación "ha permitido identificar la existencia de un incremento patrimonial de origen ilícito que, entre los años 2004 y 2014, se cuantifica en al menos 728.051,75 euros; todos los cuales habrían sido manejados en efectivo e integrados, a través de diferentes vías y procedimientos en sus patrimonios personales con la intención de ocultar su origen, bien a través de ingresos en efectivo en cantidades que escapan al control financiero, bien a través de compras de inmuebles".
Por otra parte, del estudio de todos los movimientos de las cuentas de todo tipo, en el periodo comprendido entre los años 2002 a 2014, Alfonso Grau "realizó imposiciones en efectivo en cuentas suyas o de su familia directa por un montante de 412.725 euros, siempre en cantidades, que por su importe no estaban sujetas a control financiero o administrativo, es decir en cuantías inferiores a 3.000,00 euros, en sus cuentas, en las que nada tenía que ver su primera esposa, y además sin efectuar disposiciones de dinero".
Grau estaba casado con María José Alcón, exconcejal del PP en Valencia. Alcón falleció en 2018 al caerse desde el balcón de su segunda residencia, en Callosa d'En Sarrià, en la provincia de Alicante. Grau, que en la actualidad tiene 81 años, ha pasado varios meses en prisión provisional por este caso y ha sido condenado en otro por blanqueo. Además, será juzgado por la supuesta financiación irregular de campañas del PP en la ciudad de Valencia.
José María Corbín
Mientras, José Maria Corbin, "por sí y a través de la mercantil Corbín Abogados SL obtuvo la cantidad de 602.156,48 euros por facturaciones ficticias más aquellas cantidades en efectivo que constan en las distintas operativas", apunta la jueza. Precisamente este caso se inició por una denuncia anónima que llegó a la Agencia Tributaria de la relación que mantenía el despacho de abogados del cuñado de Barberá con diversos contratistas.
En los últimos cinco años, la Guardia Civil ha descubierto "que al menos siete empresas vinculadas al grupo Axis efectuaron una serie de pagos a la mercantil Corbín Abogados SL en una relación que se prolongó desde los años 2007 a 2013, ascendiendo el montante de los pagos a 602.156,48 euros".
José María Corbín.
"La realidad de los pagos realizados a la mercantil provenían de comisiones de naturaleza ilícita pero se les revistió de un marco contractual totalmente ficticio para que se les dotara de una apariencia de legalidad, de ahí que José María Corbín habría llevado a cabo la instrumentalización de la mercantil Corbín Abogados con la finalidad de obtener comisiones de naturaleza ilícita", subraya ahora el juzgado.
La juez cree que su relación familiar con la exalcaldesa de Valencia le permitió tejer este entramado. "José María Corbín entró en contacto con el investigado Jaime Febrer a través de Alfonso Grau, vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, todo ello por su condición de estar casado con María Asunción Barberá Nolla, hermana y Jefe de Gabinete de la alcaldesa de Valencia Rita Barberá Nolla, lo que le permitía conseguir o facilitar los intereses económicos que el Grupo Axis tenía con el Ayuntamiento de Valencia", recogen las diligencias.
La investigación ha conseguido situar el origen de este acuerdo ilícito. "Consta que en fecha 29 de marzo de 2007, se reunieron Jaime María Febrer y José María Corbín para ultimar los detalles del inicio de la relación entre ambos", confirma la juez tras analizar la documentación intervenida en los registros policiales.
Rafael Rubio
Del dirigente socialista Rafael Rubio, la jueza dice que "por los servicios prestados tuvo un incremento patrimonial no justificado de 193.000 euros, si bien las cantidades en metálico percibidas fueron superiores a dicha cantidad, ya que por una de las tramas que se urdieron por el Grupo Axis hay constancia de que recibió una comisión en metálico por importe no inferior de 300.000 euros". Rubio era subdelegado del Gobierno en Valencia hasta que el juzgado ordenó su detención en mayo del año pasado.
Los investigadores explican en el sumario que "consta que en el mes de julio de 2007 el investigado Rafael Rubio y su esposa alquilaron una caja de seguridad en la sucursal del BBVA sita en la Plaza del Ayuntamiento". Tras las elecciones municipales de 2007, Rubio "empezó a efectuar en sus cuentas bancarias como en las cuentas bancarias de las que se encontraba autorizado, tituladas por sus familiares directos, imposiciones en efectivo inferiores a 2.000 euros".
De este modo, "desde el año 2004 hasta el año 2015 tuvo un incremento patrimonial no justificado de 193.000 euros que procedió a invertir en todo tipo de productos de ahorro y de inversión". Entre 2011 y 2015, Rubio fue diputado autonómico del PSOE y ejerció de portavoz adjunto. En los últimos años ha ejercido de subdelegado del Gobierno en Valencia, pero fue apartado de manera fulminante tras su detención.
José Luis Vera
Otro dirigente socialista que aparece en el sumario es José Luis Vera, asesor jurídico de la Diputación de Valencia. Su mujer, Antonia Armengol, fue diputada autonómica del PSOE. Según la investigación, "directamente o a través de la mercantil Vera Llorens SLU entre los años 2007 y 2012 percibió, por lo menos, de las empresas del Grupo Axis más de 1.341.086,36 euros".
Del conjunto de las operativas en las que intervino José Luis Vera "se desprende que éste desarrolló su actividad hacia el Grupo Axis en un marco temporal que al menos se extiende entre los años 2007 y 2012 siendo su cometido posibilitar y materializar los tipos de negocio que emprendía el grupo Axis y no la prestación de asesoría jurídica de cualquier tipo".
La juez ha constatado que Vera actuaba de supuesto conseguidor de contratos públicos de administraciones en manos del PSOE. Y la operativa creada para camuflar las comisiones es "idéntica" a la que utilizó el cuñado de Barberá.
Regalos
Por otra parte, el sumario también recoge el listado de regalos con los que el promotor obsequiaba a políticos de todos los partidos y funcionarios del Ayuntamiento de Valencia. Entre ellos aparece Jorge Bellver, exconcejal del PP y en la actualidad vicepresidente de las Cortes Valencianas. La jueza ya se ha dirigido a las Cortes Valencianas para solicitar su acreditación como diputado al estar aforado.
También aparece entre los destinatarios José María Cataluña, exjefe de Finanzas del PSOE valenciano, y el propio Rafael Rubio, quien habría recibido regalos desde 2003.
Además, según el juzgado, "la funcionaria pública Esmeralda O. P. venía recibiendo, desde hacía mucho tiempo, regalos de Jaime Febrer".
En concreto, "que se sepa, desde el año 2002 hasta el año 2007 O. P. recibía
como regalo de Navidad bolsos de la marca Loewe que, según facturación, como mínimo costaban 450 euros, y en alguna de las ocasiones el bolso se complementaba con un pañuelo de la misma marca cuyo precio era de 240 euros, todo ello sin perjuicio de que no puede descartarse que recibiera algún tipo de comisión o dinero por sus servicios".
Operaciones sospechosas
La jueza relata en las diligencias un rosario de operaciones urbanísticas que le generaron abundantes beneficios a Febrer.
"La trama que se creó en el Ayuntamiento de Valencia", dice el auto, contó con la participación de "autoridades, funcionarios, personal laboral, asesores y técnicos, entre otros" y, "como consecuencia del denominado boom inmobiliario procedieron a obtener grandes beneficios para su peculio particular". La jueza recuerda que fue una etapa de "pleno desarrollo urbanístico, con gran cantidad de obra pública que adjudicar a empresas constructoras o inmobiliaria".
"Lógicamente todo ello dio lugar a un alcance importante en el erario público, en este caso los fondos del Ayuntamiento", razona la magistrada. Entre las operaciones bajo sospecha destacan el desarrollo urbanístico de varios barrios de Valencia o programas urbanísticos en Burjassot (Valencia) o Benicàssim (Castellón).
El origen del caso
El juzgado que investiga este nuevo caso acordó la semana pasada el levantamiento de parte del secreto de sumario tras cinco años de pesquisas. La investigación está compuesta por 700 tomos.
La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación en secreto en 2017, tras estallar la Operación Taula, después de que la Agencia Tributaria alertara de que la facturación del despacho cayó en picado tras perder Barberá la Alcaldía de Valencia en 2015.
En este caso se investigan los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal, y figuran como imputadas más de 60 personas entre cargos públicos, empresarios y funcionarios.
Ahora se ha conocido que Hacienda inició su investigación tras recibir una denuncia anónima que alertaba de irregularidades en el despacho de abogados de Corbín. A partir de ahí, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han aflorado una supuesta "organización criminal" en torno a la gestión pública en administraciones valencianas gestionadas por PP y PSOE.