La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera, ha emitido un informe desfavorable a la construcción de un campo de golf y una macrourbanización en Trebujena (Cádiz) por el riesgo de inundación de los terrenos y la falta de recursos hídricos.
Recientemente, la CHG anunció que rechazaría la solicitud de que esta cuenca pueda aportar recursos de agua al macroproyecto turístico para construir hoteles, un campo de golf y 300 casas en la localidad gaditana, cerca del Parque de Doñana.
Gobierno y ecologistas aseguran que está situado frente a Doñana, algo que desde la Junta de Andalucía niegan: "No tiene nada que ver con Doñana, ni está en Doñana, ni siquiera en el espacio natural". Trebujena se trata de una localidad de la provincia de Cádiz que se encuentra en la otra ribera del río Guadalquivir y que no cuenta en su término con "un sólo centímetro de Doñana".
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La puntilla final a este proyecto se la ha dado el PSOE. La urbanización la diseñó un constructor belga -Bernard Devos- y la impulsó IU hace 20 años; la ha validado un gobierno del PP al emitir la Junta su declaración ambiental favorable y la van a enterrar los socialistas.
Hay que remontarse a 2003 para comprender el proyecto de la urbanización en Trebujena (Cádiz) de 300 villas de lujo, hoteles y campo de golf, con vistas a Doñana... Y en un bastión histórico de la izquierda, gobernado por el PCE desde el comienzo de la democracia.
Tras varios años sin avances, en plena sequía y a nueve días de las elecciones del 28 de mayo, el proyecto urbanístico ha sido sentenciado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
"Es absurdo y una locura", remarcó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en los pasillos el Congreso, mientras el consejero andaluz de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, la llamó "hooligan radical". La polémica vuelve a estar servida.
La urbanización está proyectada a cinco kilómetros de Trebujena, en las marismas desecadas junto al río Guadalquivir, en una extensión de 2.324.292 metros cuadrados. Está previsto que su consumo de agua se eleve a los 850.000 metros cúbicos, más que la propia población de 7.000 vecinos con los que cuenta la localidad. Y todo ello en un momento en el que los agricultores de la zona sufren severas restricciones para el riego.
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Desde el Gobierno andaluz aseguran que ellos han hecho su trabajo. Sostienen que no han autorizado nada, sino que se han limitado a emitir una declaración ambiental estratégica referente a una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Trebujena que impulsa su ayuntamiento desde el año 2003.
Precisan que hasta hace cuatro meses el alcalde de dicha localidad, Ramón Galán (IU), estaba remitiendo escritos a la Junta para subsanar algunos aspectos que desde la Administración andaluza se le iban requiriendo en relación con este informe.
En el mismo, la Junta justifica su aprobación en que el agua llegaría a través de una depuradora aún por construir o de la lluvia, y que los cinco informes previos que obran en el expediente son favorables. Insisten también en que dicho municipio "no está en Doñana, ni siquiera en el espacio natural de Doñana y que no toca ni un centímetro".
Sin embargo, según informa EFE, el alcalde esta "rotundamente" en contra del proyecto. Es más, está convencido de que el pronunciamiento de la Confederación "será contrario al mismo".
Lleva un año y medio en el cargo y lo considera un proyecto "heredado". Su predecesor, Jorge Rodríguez, retomó la idea en 2019 y defendió la gestión del Consistorio, recibiendo el rechazo de multitud de colectivos ecologistas, según informa el Diario de Cádiz.
El Gobierno andaluz ha reclamado hasta en tres ocasiones el pronunciamiento de la Confederación, que es el que tiene que determinar si estos suelos son inundables. La primera fue en febrero de 2020 y, al agotarse el plazo para emitir la resolución sin respuesta, la Consejería ha publicado esta declaración condicionada a la decisión de la entidad. Por tanto, el visto bueno definitivo queda en manos del Gobierno central.
"Los informes sectoriales son positivos y si la Confederación no emitía el suyo, sólo teníamos dos opciones: eternizar el proyecto o emitir nuestra parte y supeditarla a la Administración competente en materia de aguas, que es lo que hemos hecho", explicó el portavoz de la Junta de Andalucía.
A nueve días de las elecciones, el PSOE local, que se quedó a un concejal en los últimos comicios para gobernar, también ha aprovechado la coyuntura política. Acusa a IU de la situación y promete derribar el proyecto. No obstante, todo apunta a que será el propio Gobierno quien aborte definitivamente este desarrollo urbanístico.