El fiscal pide 15 años de cárcel para Luceño y 9 para Medina por estafar al Ayuntamiento de Madrid

En un escrito de acusación presentado este viernes por el fiscal Luis Rodríguez Sol también se pide que ambos indemnicen a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios en cerca de 7 millones de euros por las elevadas comisiones cobradas por ambos "y ocultadas conscientemente al Ayuntamiento de Madrid", así como por el sobreprecio de los productos, que en parte resultaron ser defectuosos. 

El Ministerio Público pide que Luceño y Medina se sienten en el banquillo por presuntos delitos de estafa agravada y falsedad en documento mercantil. Al primero le atribuye, además, una falsedad en documento oficial y delito fiscal.

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La Fiscalía, que exculpa a los responsables del Consistorio, sostiene que en la segunda quincena del mes de marzo de 2020, "en una situación de rápida evolución de la pandemia y de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios", Luceño, aprovechando que conocía a un empresario en Malasia que podía suministrar productos anti-Covid, habló con Medina para que éste, "dado que era una persona conocida en la vida social española", le facilitara el contacto con posibles instituciones públicas interesadas en la adquisición de ese material.

A través de una amiga común, Luis Medina contactó "con un familiar del alcalde de Madrid", dice el fiscal en referencia a Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde, que le proporcionó una dirección de la Coordinación General de la Alcaldía de Madrid a la que podía dirigir su oferta.

Luis Medina envió el 18 de marzo de 2023 un mensaje de correo electrónico a esa dirección ofreciendo trajes de protección, mascarillas, test de anticuerpos y desinfectantes.

Un cúmulo de mentiras

En ese mensaje, Medina afirmaba que estaba vendiendo ese material a varios gobiernos europeos y que trabajaba directamente con las fábricas, "lo cual resultó no ser cierto".

Ya desde este momento, afirma el fiscal, la intención de ambos fue la de "enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador, al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación".

Así fue como a finales de ese mes de marzo se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, como compradora, y la compañía malaya Leno Sdn Bhd, como vendedora, para adquirir un millón de mascarillas KN95 por un precio de 6.689.300 dólares; dos millones y medio de guantes de nitrilo por cinco millones de dólares y 250.000 test rápidos por 4.250.000 dólares.

El 148% más

Esos precios "los impuso Alberto Luceño al Ayuntamiento de Madrid", sostiene el fiscal. 

El empresario dijo que era el precio fijado por el exportador, pero "ocultó que un elevado porcentaje del precio final ofertado (aproximadamente el 60 % en el caso de las mascarillas, el 81 % en el caso de los guantes y casi el 71 % en el caso de los test) correspondía a comisiones" que él y Medina iban a percibir.

Para remarcar el carácter altruista de su actuación, regalaron al Ayuntamiento de Madrid 238.000 mascarillas KN95 de grafeno.

Luceño, que había asegurado a Medina que iban a partes iguales, engañó también a su socio en la cuantía de las comisiones. Cobró en total tres millones de dólares, el triple que Medina.

De este modo, "el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 US $" y los acusados "lo inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 US $, es decir, el 148 % del precio real del producto".

El precio desembolsado por el Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas fue "con gran diferencia" el más alto que un Ayuntamiento español de más de 300.000 habitantes pagó por ese producto, asegura el fiscal.

[El vídeo del interrogatorio del juez a Medina: "¿Le parece normal un 81% de comisión por los guantes?"]

La calidad de las mascarillas no ha podido ser analizada con las debidas garantías por haber caducado su plazo de uso, señala. Pero "no se han aportado pruebas de que no reunieran las condiciones técnicas de una mascarilla KN95, asimilable a una mascarilla FFP2, por lo que cabe presumir que reunían las especificaciones estipuladas en el contrato".

En el caso de los guantes de nitrilo, Alberto Luceño había asegurado a Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, que eran de gran calidad y que cubrían la mayor parte del brazo.

Sin embargo, los guantes que se recibieron solo llegaban hasta la muñeca, por lo que Collado se quejó a Luceño y le envió fotos de guantes similares que estaban a la venta en supermercados por 0,16 euros, cuando el Ayuntamiento había pagado 2 dólares.

Como consecuencia de ello, Luceño devolvió al Ayuntamiento 4 millones de dólares que correspondían, en realidad, a comisiones adicionales a las que él y Medina decidieron renunciar para intentar contentar al Consistorio y evitar una denuncia por estafa, indica el escrito de acusación.

Pese a que se recuperó más del 80% del precio inicialmente pagado por los guantes, el Ayuntamiento acabó abonando 0,39 US $ por un producto que el fabricante chino había vendido a Leno por poco más de 0,09 US $, es decir, más del cuádruple de su precio real y el doble del que tenía el producto en los supermercados españoles.

En definitiva, el Ayuntamiento de Madrid desembolsó 952.212,20 euros por unos guantes que, comprados en un supermercado, habrían costado 416.666,66 euros, es decir, pagó un sobreprecio de 535.545,54 euros.

Por lo que se refiere a los test, gran parte de los proporcionados eran defectuosos. De los 250.000 test recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable.

También en este caso el precio pagado por el Ayuntamiento de Madrid fue, "con gran diferencia", el más alto que pagó un municipio de más de 300.000 habitantes.

Falsificaciones

Para justificar la naturaleza y el origen de los fondos recibidos, Alberto Luceño y Luis Medina presentaron en la entidad bancaria en la que ingresaron el dinero documentos supuestamente procedentes del proveedor malayo que, en realidad, habría confeccionado el propio Luceño.

Para darles mayor apariencia de seriedad, Luceño puso en su encabezamiento el logotipo y la dirección de diversas instituciones que ninguna intervención tuvieron en su confección, como la International Chamber of Commerce (ICC), el Federal Bureau of
Investigation (FBI) o la Organización Internacional de Policía (Interpol).

Luceño también confeccionó otros documentos hallados en su domicilio, como un carné de agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una carta fechada el 23 de marzo de 2020 firmada por el alcalde de Madrid y dirigida a él, un certificado emitido por el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y un certificado con el membrete de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

Para eludir la tributación de las comisiones por el IRPF, Luceño creó una sociedad e imputarle esos ingresos, por lo que dejó de ingresar en el fisco indebidamente 1,3 millones de euros, según el fiscal.

Luceño empleó el dinero en coches y relojes de lujo, así como en una vivienda con tres plazas de garaje. Medina, por su parte, adquirió un velero y bonos bancarios. El fiscal pide el decomiso de todos esos bienes.

Acusación del Ayuntamiento

El letrado del Ayuntamiento de Madrid también ha presentado su escrito de acusación, en el que pide 11 años de cárcel para Luceño y nueve Medina por presuntos delitos de estafa agravada y falsedades en documentos oficiales y mercantiles.

El escrito, que no incluye el cargo de delito fiscal dado que no perjudicó al Consistorio, pide que comparezca como testigo, entre otros, el primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida.