El juicio con jurado del caso de la presunta utilización de varias tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta de Andalucía en varios puticlubs de la comunidad entre 2004 y 2009 no se celebrará en plena campaña electoral.
La primera instructora del grueso del caso ERE, la jueza Mercedes Alaya, es la presidenta del tribunal y había fechado su inicio el 19 de mayo. Sin embargo, la Audiencia ha accedido a la petición de las defensas del exdirector de la Faffe Fernando Villén y de la exdirectora económica financiera de la entidad Ana Valls de aplazarlo tras las elecciones municipales.
Ante estas peticiones, la jueza accede a lo solicitado en una providencia y fija para el 23 de mayo la constitución del jurado popular con el fin de iniciar las sesiones como tal el 29 de mayo, el día siguiente de la cita con las urnas.
La vista oral finalizará el 6 de junio con las conclusiones definitivas y los informes finales y ya el día 12 de junio, según la providencia, sería entregado al jurado popular el objeto del veredicto.
El desvío de fondos
Ambos se sentarán en el banquillo por desviar fondos presuntamente de la propia finalidad de la entidad, que no era otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados.
Según el juez instructor, el acusado, "en connivencia" con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, ideó un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados, una especie de 'caja B'.
En total, el supuesto desvío alcanzó los 72.252 euros de ese dinero público. Con ellos, se pagaron facturas en hoteles, peajes, restaurantes y servicios prestados en cinco prostíbulos andaluces. Estos gastos alcanzaron los32.566 euros en varios club de alterne utilizando tres de las seis tarjetas de las que disponía, y ella lo permitió.
Villén llegó a manejar un presupuesto de 480 millones de dinero público y una plantilla de unos 1.500 empleados, y por cumplir con sus funciones laborables cobraba hasta casi 80.000 euros anuales.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado solicita seis años de cárcel para Fernando Villén y cuatro para Ana Valls. El primero figura además como investigado en la pieza de esta macrocausa correspondiente a la contratación en la Faffe del exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, de manera "injusta y arbitraria, y del actual concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, el socialista Francisco Camas.
Paralelamente, en el Parlamento andaluz ha echado a andar la tercera comisión de investigación acerca del presunto desvío de estos fondos de la citada fundación, aunque sin la participación esta vez ni del PSOE, ni de Por Andalucía ni de Adelante Andalucía.
Los ERE en campaña
No hubiera sido la primera vez que Andalucía hubiera vivido una campaña electoral con la sombra de la corrupción planeando. Salvando las distancias, fueron unos días antes de las elecciones autonómicas de marzo de 2012 cuando Alaya envió a prisión al ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero. Fue el primer ex alto cargo que fue a la cárcel por los ERE fraudulentos y el principal acusado en esta causa. Guerrero llegó a ser juzgado, pero falleció en octubre de 2020.
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Aquellas elecciones las ganó José Antonio Griñán, actualmente también condenado por el caso ERE, pero tuvo que pactar con IU para formar gobierno. Aunque ya llevaba tres años como presidente de la Junta, tras la marcha de Manuel Chaves como ministro al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, era la primera vez que se presentaba como candidato.