El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía más conocido de la historia ha sido Francisco Javier Guerrero (El Pedroso, Sevilla, 1956), pero no precisamente por una buena gestión al frente del Departamento andaluz entre 1999 y 2008. Lo será por su condena a casi ocho años de prisión en el caso ERE y por su característica personalidad.
Guerrero, fallecido de un infarto la madrugada del domingo, fue el brazo ejecutor de la trama de los ERE y quien manejó sin control hasta 647 millones de euros repartidos en ayudas y subvenciones fraudulentas de la partida 31-L, más conocida como 'el fondo de reptiles'. Lo hizo durante casi diez años a través de un sistema creado al margen del Presupuesto andaluz y de los interventores, con la supervisión de sus superiores.
El ex director general fallece con más de 20 juicios pendientes al dividirse la macrocausa en la pieza política, en la que fueron condenados Manuel Chaves y José Antonio Griñán y 17 ex altos cargos más, y en otras 120 piezas más. Hasta el momento Guerrero estaba excluido en más de un centenar al aplicar el principio 'non bis in ídem', aprobado por la Sección Séptima de la Audiencia y por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos.
No obstante, en el momento de su muerte estaba pendiente de resolución su exclusión en esta veintena de piezas por las distintas ayudas concedidas.
En conversación con EL ESPAÑOL su abogado, Rafael Ramírez García del Junco, ha explicado que la responsabilidad penal se extingue con el fallecimiento aunque la civil podría pasar a sus herederos.
La última vez que se sentó en el banquillo fue el pasado mes de septiembre en el primer juicio de la pieza separada de la macrocausa. En concreto, Guerrero iba a ser juzgado, junto a once acusados más entre exconsejeros y ex altos cargos -algunos de ellos ya condenados-, por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), que ascendieron a 2,9 millones de euros.
En las cuestiones previas, las defensas solicitaron que se suspendiera el juicio hasta tener una sentencia firme del caso ERE -está recurrida al Supremo- y que se aplicara el citado principio jurídico 'non bis in ídem', pero la Fiscalía se opuso.
Sobre este juicio, al fallecer Guerrero, su abogado presentará un certificado de defunción, la responsabilidad penal será extinguida y no tendrá que asistir a ninguna sesión más.
"La paz social"
Este exalcalde socialista de la localidad sevillana de El Pedroso y antiguo funcionario del INEM declaró durante la instrucción que sus superiores le transmitieron la indicación de que la Consejería de Empleo tenía que dotarse de un "sistema operativo" con sus propios medios. El objetivo era para poder hacer frente de manera ágil a situaciones de crisis en empresas con elevado número de trabajadores. Fue cuando dijo la famosa frase que era "una preocupación de la Junta el mantenimiento de la paz social".
Guerrero será recordado por ser el único al que la jueza Mercedes Alaya, instructora de la macrocausa, envió dos veces a prisión en los años 2012 y 2013 cuando la magistrada empezó a tirar del hilo a raíz del caso de Mercasevilla.
No obstante, también será recordado por su carismático carácter ante los jueces y ante la prensa y por ser "uno de los cuatro golfos" a los que se refirieron en un principio tanto Chaves como Griñán para eludir sus responsabilidades. Fue ahí cuando estuvo a punto de tirar de la manta cuando compareció en calidad de investigado ante la nueva jueza instructora del caso, María Núñez Bolaños, por el expediente de regulación de empleo de Egmasa.
"Parece que la Junta soy yo, aquí nadie estaba, nadie sabía, aquí todo el mundo éramos tontos y nadie ha estado en su puesto", aseguró Guerrero.
Dos sentencias
El exdirector general de Trabajo fallece con dos sentencias a sus espaldas, aunque estaban recurridas ante el Tribunal Supremo. De ahí que fuera visto hace pocos días por bares de una conocida zona de Sevilla con su gin tonic en la mano y su cigarrillo en los labios. En más de una ocasión dijo públicamente que era aficionado a ambas cosas.
El pasado mes de noviembre fue uno de los 19 condenados en el juicio denominado 'Procedimiento específico de los ERE' y de los que recibió mayor condena: siete años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 19 años, 6 meses y un día por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación.
Con anterioridad, la Audiencia de Sevilla también lo había condenado, junto a otros ex altos cargos, a cinco años y nueve meses de cárcel y a una indemnización conjunta de 1,3 millones de euros. La condena se debió a los pagos realizados por la Consejería de Empleo durante siete años, entre 2003 y 2010, por la contratación por la empresa Umax Informática y Consultoría de al menos 44 trabajadores.
Algunos de ellos estaban relacionados con sus "vínculos de vecindad y amistad". Lo hizo a través de un contrato en el que se prescindió "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ya que se hizo de forma verbal".
Su chófer y la cocaína
En su objetivo de intentar negar la discrecionalidad en la concesión de las subvenciones, Guerrero sostuvo que "atendió a todo el que llegó a solicitar estas ayudas". Sin embargo, con esta tesis no se explica la aparición de casos como el de su suegra junto a 70 intrusos, que llegó a cobrar 155.900 euros por su inclusión en el ERE de SOS Cuétara, empresa para la que nunca trabajó.
Pero la 'fama' de Guerrero fue más allá cuando le tocó el turno de declaración a su antiguo conductor oficial, Juan Francisco Trujillo. Este aseguró que durante tres años gastó entre 20.000 y 25.000 euros al mes para comprar cocaína junto a su exjefe con el dinero concedido a sus falsas sociedades. Todo ello con cargo al fondo de reptiles para proyectos que nunca vieron la luz. No obstante, esta declaración siempre la negó Guerrero al asegurar que había actuado por "revancha".
Era tal su poder que pudo conceder en un solo día 1,3 millones de euros en subvenciones públicas a su propio chófer sin que nadie sospechara de su actuación. De hecho, cuando fue citado a declarar ante la jueza Alaya acusado de 11 delitos, tras su insólita declaración, ingresó inmediatamente en la cárcel acusado de 22. Entre ellos, el cohecho, alzamiento de bienes o falsedad en documento mercantil.
Su personalidad
Su personalidad y su relación con la prensa también acrecentaron su 'fama'. Era simpático, con aire pícaro y natural y siempre mantuvo una sonrisa, aunque supiera que minutos después iba a ser condenado a prisión por el caso ERE. De hecho, fue el único que departió con los medios el día que se dio lectura a la sentencia. "Estoy muy tranquilo".
Famosas fueron también sus declaraciones en la prensa en esos días cuando se libró del ingreso inmediato en prisión al considerar la Audiencia que no había riesgo de fuga: "¿A dónde voy a ir? Si no me pagan". Además, preguntado por si creía que iba a entrar en prisión contestó: "A mí no me gusta ir a la cárcel, es que esto de trabajar es muy malo. Se echa uno cosas encima".
También definió su personalidad cuando salió de la cárcel para comparecer en el Parlamento andaluz en la comisión de investigación de los ERE: "¿Cómo está señor Guerrero?": "Preso", contestó él. Fue el 23 de agosto de 2012 y fue en esta declaración cuando implicó directamente a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán como conocedores del caso de los ERE fraudulentos.
Fue en esta comparecencia cuando llegó a definirse aún más cuando le recordaron las declaraciones de su antiguo chófer sobre los gastos en cocaína: "Lo único que digo es que me tengo por una persona jovial, no he sido un putero ni me he dedicado a la drogodependencia, que no está en mi terreno, estoy dedicado a otras cosas".
Javier Guerrero no ha sido el único fallecido entre los más de 500 investigados por el caso ERE en estos casi diez años. Al menos han muerto ya una quincena de personas que no han podido ser juzgadas. Guerrero sí ha sido condenado hasta en dos ocasiones, aunque ya no volverá a entrar en la cárcel al pasar a mejor vida, como se suele decir.