La primera instructora del grueso del caso ERE, la jueza Mercedes Alaya, vuelve a tener en sus manos sobre el despilfarro de ayudas públicas y de nuevo salpicará la campaña electoral.
Como presidenta del tribunal encargado ha fechado para el 19 de mayo el juicio con jurado el caso de la presunta utilización de varias tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta de Andalucía en varios puticlubs de la comunidad entre 2004 y 2009. La vista arrancará nueve días antes de las elecciones municipales del 28 de mayo.
En el banquillo se sentarán el que fuera director técnico de la citada fundación, Fernando José Villén Rueda, junto a la exdirectora económica financiera, Ana Valls. Según la investigación, presuntamente Villén se gastó 32.566 euros en varios club de alterne utilizando tres de las seis tarjetas de las que disponía, y ella lo permitió.
Por la instrucción realizada, el juez cree que Villén desvió, durante años, fondos públicos mediante el pago de tarjetas bancarias. Después, con la ayuda de la directora financiera, amañaba las cuentas para simular un reintegro en metálico de las cantidades.
En total, el supuesto desvío alcanzó los 72.252 euros de ese dinero público. Con ellos, se pagaron facturas en hoteles, peajes, restaurantes y esos servicios prestados en cinco prostíbulos andaluces.
Asegura que el acusado, "en connivencia" con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, ideó un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados, una especie de 'caja B'. El juez cita los libros diarios de la Faffe, en los que constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad.
Villén llegó a manejar un presupuesto de 480 millones de dinero público y una plantilla de unos 1.500 empleados, y por cumplir con sus funciones laborables cobraba hasta casi 80.000 euros anuales.
Los ERE en campaña
Por tanto, Andalucía volverá a vivir una campaña electoral con la sombra de la corrupción planeando. Salvando las distancias, fueron unos días antes de las elecciones autonómicas de marzo de 2012 cuando Alaya envió a prisión al ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero. Fue el primer ex alto cargo que fue a la cárcel por los ERE fraudulentos y el principal acusado en esta causa. Guerrero llegó a ser juzgado, pero falleció en octubre de 2020.
[Guerrero, el gestor de 647 millones de la trama de los ERE, muere con más de 20 juicios pendientes]
Aquellas elecciones las ganó José Antonio Griñán, actualmente también condenado por el caso ERE, pero tuvo que pactar con IU para formar gobierno. Aunque ya llevaba tres años como presidente de la Junta, tras la marcha de Manuel Chaves como ministro al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, era la primera vez que se presentaba como candidato.
La constitución del jurado para esta causa está previsto el 18 de mayo, según ha adelantado el Diario de Sevilla y confirmado el TSJA, con el objetivo de que comience al día siguiente. Según los plazos, durará una semana y finalizará justo el viernes previo a la jornada electoral.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado solicita seis años de cárcel para Fernando Villén y cuatro para Ana Valls. El primero figura además como investigado en la pieza de esta macrocausa correspondiente a la contratación en la Faffe del exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, de manera "injusta y arbitraria, y del actual concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, el socialista Francisco Camas.
El portavoz del Gobierno de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, se ha pronunciado al respecto. A su juicio, es "denigrante ver como dilapidaban así el dinero público de todos los andaluces y no podemos tolerar que esos mismos sean los que vienen ahora a dar lecciones".