Las sobrecomisiones de los ERE también irán a juicio: piden fianzas millonarias a ex altos cargos del PSOE

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha decretado llevar a juicio las sobrecomisiones detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la Junta de Andalucía.

Por ello, ha abierto juicio oral contra 35 personas y dos sociedades, entre ellos el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández -ya condenado por el caso ERE-y el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, supuesto mediador en la consecución de las ayudas fraudulentas.

A ambos les pide fianzas millonarias al considerar que estas sobrecomisiones presuntamente se pagaron por encima de la media del mercado. En concreto, el juez les pide desde 60 a los 87 millones de euros de fianza.

[El exconsejero Antonio Fernández, el segundo condenado que entra en prisión por los ERE]

En un auto emitido el pasado 1 de febrero y publicado por ABC y Diario de Sevilla, el juez Vilaplana da cuenta de que la Fiscalía Anticorrupción ha formalizado un escrito de acusación por los delitos son blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad documental y asociación ilícita.

Entre los acusados reza Antonio Fernández, quien cumple actualmente una pena de siete años por el caso ERE, y Juan Márquez, quien también está condenado a tres años de prisión por esa misma pieza. Sin embargo, este último aún no ha entrado en prisión tras suspender la Audiencia la ejecución de su pena durante un año, mediando su petición de indulto parcial.

[A juicio el exchófer que dijo que gastó de ayudas de parados andaluces 25.000 euros al mes en cocaína]

Otro de los acusados es Juan Francisco Trujillo, conductor de confianza del que fuera director general de Trabajo ya fallecido Javier Guerrero y condenado por el caso ERE. Su historial delictivo también es largo.

La primera vez que pisó la cárcel fue en la campaña electoral de las elecciones andaluzas de 2012. La instructora del caso ERE, la juez Mercedes Alaya, lo envió a prisión tras escuchar que gastaba 25.000 euros mensuales procedentes de ayudas de los parados andaluces en cocaína junto a su jefe. De ahí, su apodo.

Fernández y Márquez están condenados además a siete años y cuatro años de prisión, respectivamente, por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), otra pieza separada de la macro causa de los ERE. En total, la Fiscalía pide para ellos un total de 244 años de prisión por llegar a blanquear hasta 23 millones de euros.