Todos los partidos menos Vox, en contra de que Griñán entre en prisión por su cáncer

Tras certificar un médico forense que no es conveniente para su salud que ingrese en prisión de manera inmediata, tal y como dictó la Audiencia el pasado 22 de diciembre, todos los grupos políticos andaluces han avalado la postura del facultativo, menos Vox.

Su portavoz, Manuel Gavira, cree que el asunto "no es tener o no sensibilidad", sino "de justicia". Alerta también de "los daños colaterales" que puede generar esta resolución para otros presos en su misma situación.

Sin duda, la reacción más llamativa fue la del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Con la voz incluso entrecortada, al ser preguntado por el asunto este martes en un desayuno informativo en Málaga, dijo: "Personalmente no puedo ser partidario de que entre en la cárcel. Mi padre falleció de cáncer con una edad próxima a la de Griñán y es una enfermedad durísima".

Estas palabras del presidente de la Junta y del PP pueden ser vinculantes a la postura que puede tomar su partido, como acusación personada en la causa judicial, antes del próximo lunes a las 15,00.

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Ese día se acaba el plazo para que tanto el PP como la Fiscalía se pronuncien sobre la suspensión de su entrada en prisión. Todo ello tras solicitar la Audiencia esta misma semana que informen al respecto para emitir su dictamen definitivo sobre el futuro más inmediato del expresidente. 

La postura del PSOE sigue siendo la misma, antes y después del diagnóstico del cáncer. Siempre vieron en el que fue su líder tras Manuel Chaves, condenado igualmente por el caso ERE, a un hombre inocente. Ahora, también, a un hombre enfermo de 76 años.

El actual secretario general, Juan Espadas, quien habla con Griñán con frecuencia, aboga por que "se respete el concluyente informe forense" que prevén las normas y que exige "ponderar bienes jurídicos protegidos, que están muy claros". En cualquier caso, desde su grupo siguen pensando que todo el caso ERE sigue siendo "una cacería política del PP", a pesar de contar con una sentencia firme del Supremo.

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No obstante, el parlamentario andaluz socialista Mario Jiménez ha querido empañar la defensa de Moreno en su cuenta de Twitter, donde lo ha tachado de "falso". "Dijo lo mismo antes del 19-J y después dio instrucciones con saña de que se pidiera su ingreso inmediato en prisión sin esperar la resolución de los recursos".

Cambio en la izquierda

Las formaciones de Por Andalucía y Adelante Andalucía también han dado un giro en su posición. Cuando el alto tribunal dictó su sentencia firme, las portavoces de ambos partidos, Inma Nieto y Teresa Rodríguez entonces, defendían que tenía que ser tratado como cualquier ciudadano y no tener privilegios de político.

Sin embargo, tras cambiar su estado de salud, la representante de Por Andalucía se basa en "razones humanitarias" y desde Adelante Andalucía entienden que no entre en prisión hasta que estén resueltos sus problemas de salud. "Es comprensible", aseguran a este periódico fuentes del partido.

No obstante, hacen extensible su punto de vista también a otros presos que sí están siendo tratados de enfermedades graves en prisión. Por ello, quieren que se aproveche este momento no sólo para hablar de la entrada de Griñán, también para abordar la situación de "otros enfermos en las cárceles, que son muchos".

En cualquier caso, a día de hoy y a la espera de que la Audiencia haga público su dictamen final, el expresidente andaluz está a un paso de eludir la cárcel y ve más lejos su ingreso a causa de su enfermedad.

La resolución del indulto

Otra cuestión que sigue pendiente es la resolución de la solicitud de indulto parcial que cursó su familia a principios de septiembre. Según el tratamiento que le recomienda el servicio de oncología del Hospital Virgen del Rocío, grosso modo, su fase más inmediata se prolongará hasta primavera, lo que podría coincidir en fechas con el momento en el que el Gobierno se pronuncie al respecto.

Aunque la ley de indulto no establece plazos, el Ministerio de Justicia refiere una media de seis o siete meses, pero suele requerir más tiempo y, en todo caso, depende de la voluntad política.

De hecho, una de sus esperanzas -y de su defensa- es que la medida de gracia gubernamental reduzca finalmente parte de su pena de cárcel y, una vez suceda esto, pueda solicitar la suspensión de la misma, tal y como contempla el artículo 80 del Código Penal. También en la esperanza del resto de condenados, la mayoría ya en prisión.