Otra macrocausa de corrupción en Andalucía ya tiene su primera condena en firme. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a tres años y medio de prisión y a seis años y medio de inhabilitación absoluta al expresidente de Invercaria, la empresa pública de inversión y gestión de capital riesgo de la Junta de Andalucía bajo los gobiernos del PSOE.
El Supremo considera a Tomás Pérez-Sauquillo autor de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos al conceder la que podría ser la ayuda más picante de las juzgadas hasta ahora.
Pérez-Sauquillo concedió en 2009 de manera arbitraria un préstamo de 100.000 euros a la empresa aceitunas Tatis para la comercialización de una supuesta 'línea erótica' de aceitunas de mesa gurmé.
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Así consta en el auto, donde se incluía un catálogo de esta empresa que quería conquistar al mercado vendiendo estas olivas bajo nombres como Lengüetazos, Polvazos Picantes, Polvitos o Dulces Cuernos.
La empresa, ubicada en La Carolina (Jaén), se encontraba en una mala situación económica y se declaró en concurso de acreedores un año después, en 2010. De esta misma localidad fue alcalde Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía bajo el gobierno de Manuel Chaves, condenados ambos por el caso ERE.
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El tribunal también ha confirmado la pena de dos años de prisión e inhabilitación absoluta durante tres años y medio impuesta a la administradora única de la citada empresa como inductora de los dos delitos.
La Sala ha desestimado los recursos de casación interpuestos por los dos condenados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla. Además, ambos tendrán que pagar una indemnización conjunta y solidariamente, en concepto de responsabilidad civil, de 108.732,22 euros a la sociedad Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, heredera de Invercaria.
El fallo recoge que, a través de su administradora, la empresa solicitó una ayuda económica a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que le concedió un aval de 80.000 euros, aunque no consta en el procedimiento la resolución expresa de su concesión. Este aval no pudo ser formalizado y la entidad renunció al mismo.
Al no obtener financiación en otras entidades de crédito, pese al aval que alegaba tener, la responsable recurrió a Invercaria para informarse sobre la posibilidad de financiación y hacer llegar sus posibles peticiones.
Una ayuda arbitraria
De ese modo, entró en contacto con Pérez-Sauquillo, que era presidente y consejero delegado de la sociedad. Sin entregar documentación alguna, le fue concedido, por decisión del condenado, 100.000 euros, sin petición formal expresa, ni análisis técnico-financiero, y sin adoptar los trámites y estudios previos procedentes.
Sobre el expresidente de Invercaria, además de esta condena ya firme de tres años y medio, le pena otra a dos años y tres meses de prisión por los gastos de personal de la citada entidad. Otros tres años de cárcel por el préstamo participativo de 300.000 euros concedido a la empresa jiennense Fumapa y la misma pena por las ayudas por 1,5 millones de euros concedidas a la sociedad Cedes Electria.
Además, actualmente, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla celebra el juicio correspondiente a los préstamos por importe de 716.000 euros concedidos a la entidad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), un proceso en el que Pérez-Sauquillo figura también como acusado.