El CGPJ avala que la jueza instructora de los ERE no siga al frente de las macrocausas en Andalucía

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado el paso al lado que dio la instructora del caso ERE, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños. Su objetivo era no seguir investigando las macrocausas de corrupción en la Comunidad.

Entre otros casos se encuentran el resto de piezas de los ERE, Invercaria, los préstamos de la agencia IDEA o el fraude de los cursos de formación. La mayoría salpica a varios ex altos cargos del PSOE andaluz.

Núñez Bolaños sustituyó en 2015 a la magistrada Mercedes Alaya y el pasado mes de septiembre acordó con el juez de refuerzo José Ignacio Villaplana que ella asumiría las tareas ordinarias de dicha instancia judicial. Él, la investigación de las macrocausas como venía haciendo durante su baja laboral de casi un año.

Hace cinco meses la Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio su visto bueno. No obstante, las defensas de algunos investigados en distintas causas de corrupción andaluza presentaron un recurso para impugnar el citado acuerdo entre ambos jueces. Consideraban nulo el acuerdo e ilegal su renuncia.

En su reunión de este jueves, la Comisión Permanente del CGPJ ha acordado desestimar los recursos de alzada presentados por estos investigados. Esta resolución pone fin a la vía administrativa, aunque puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses. Según han informado desde la oficina de comunicación del Alto Tribunal autonómico, el único voto en contra ha sido el del vocal Álvaro Cuesta. 

La denunció la Fiscalía

El acuerdo entre ambos jueces se alcanzó una semana después de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avalara el archivo de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra esta jueza.

Lo hizo después de que el pasado mes de julio el promotor de la Acción Disciplinaria del Servicio de Inspección del CGPJ, Ricardo Conde, diera carpetazo a las diligencias abiertas. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, denunció a Núñez Bolaños por una posible falta -grave o muy grave- de desatención y retraso injustificado en la tramitación de los procesos.

En sus conclusiones, Ricardo Conde recordó que el juzgado de Instrucción número 6 vivía "una situación excepcional" desde 2011, cuando se incoaron las diligencias previas del caso ERE. Por ello, calificó ese contexto como "fuente inevitable de retrasos" al tener en cuenta "la estructura y competencias actuales de los juzgados de instrucción y el diseño vigente del proceso penal".

Su llegada

Núñez Bolaños llegó al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en junio de 2015 después de que la jueza que inició la investigación del caso de los ERE, Mercedes Alaya, pidiera una plaza en la Audiencia Provincial.

Fue un traslado insólito porque Núñez Bolaños procedía de un Juzgado de Familia y llevaba muchos años sin contacto con la jurisdicción penal. De la tranquilidad de los asuntos civiles pasó a la complejidad de las piezas de los ERE, el caso de corrupción más relevante descubierto en Andalucía.

Cuando pidió la vacante -que se cubre por rigurosa antigüedad- se publicaron datos como el de su amistad con el entonces consejero de Justicia con gobiernos socialistas en Andalucía, Emilio de Llera.