La Guardia Civil desvió fondos destinados a la Fiesta del Pilar a la toma de posesión de un coronel

Los hechos ocurrieron hace año y medio. El 23 de febrero de 2022, tuvo lugar el acto oficial por el cual Orantos asumía el cargo de Jefe de la Comandancia de Cantabria de la Guardia Civil. El evento fue presidido por la anterior directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

Según diversas facturas a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, algunos de los gastos de ese evento se facturaron a la Asociación Virgen del Pilar XIII Zona Guardia Civil. Según fuentes consultadas por este diario en la Benemérita, ese colectivo cuenta con su sede en la calle Campo Giro, 90, en Santander. 

Dichos pagos a las empresas que acometieron los trabajos fueron realizados con dinero proveniente de las donaciones que los empresarios de la zona realizan cada año para los festejos de la patrona.

Todo ese dinero, según explican a EL ESPAÑOL fuentes de la Benemérita, se canaliza en una asociación creada para tal efecto, con sede en la misma comandancia. Esa asociación, dicen, fue creada con el fin de gestionar con transparencia las donaciones para celebrar la Virgen del Pilar, ante la dificultad de que la Guardia Civil pueda aceptar dinero.

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La factura de API Movilidad. EL ESPAÑOL

Pero en este caso, parte del dinero recaudado por esa asociación ha servido para pagar el acto de la toma de posesión del recién llegado nuevo coronel, un cometido, citan las fuentes consultadas, para el que no está destinado.

Los trabajos en cuestión fueron: la instalación y retirada de gradas, la limpieza de dichas gradas y del estrado, la aplicación de pintura de cloro-caucho, etc. El total de dinero ascendía a 5.283 euros. Según las facturas a las que ha podido acceder EL ESPAÑOL, uno de los encargos fue designado a API Movilidad por valor de 2.983 euros. El segundo, a Asprón, por 2.300.

'Caso Carreteras'

Una de las empresas que llevaron a cabo trabajos de acondicionamiento para el acto, API Movilidad, es una de las empresas investigadas en la trama de corrupción de Cantabria que obtuvo numerosos contratos con la administración del gobierno de Miguel Ángel Revilla.

En el llamado caso Carreteras, la Policía Nacional detuvo a ocho personas —seis, en Cantabria y dos, en Madrid— en una operación que indagaba en la presunta adjudicación irregular de contratos de mantenimiento y conservación de carreteras en la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria.

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Entre los arrestados figuraba el jefe del Servicio de Carreteras, Miguel Ángel Díez, su mujer, sus dos hijos y cuatro personas relacionadas con las compañías en cuestión. Tras su detención, a finales del pasado febrero, Revilla anunció que Díez dimitía de su cargo. Los investigadores de la Policía Nacional calculaban que el funcionario llevaba una década, al menos, adjudicando contratos de forma irregular.

A la vez que se producían las detenciones, los agentes registraron las sedes de las compañías que han recibido estos años de forma habitual las licitaciones. Una de ellas era API Movilidad.

Solo en los últimos 4 años, la Consejería de Obras Públicas habría adjudicado contratos a API Movilidad y otras mercantiles contratos por valor de casi nueve millones de euros, tramitados a través del procedimiento de emergencia.  A esa compañía, de la que ahora se destapa este otro episodio, le otorgó 530.000 euros en diversas licitaciones públicas. 

API Movilidad, a su vez, cubría de dádivas al alto funcionario. De ese modo, una de las hijas del jefe del Servicio de Carreteras llegó a disfrutar en Madrid de un coche de alta gama con un renting que pagaba esa compañía.