De izquierda a derecha: el mediador, Antonio Navarro Tacoronte, Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería de Canarias y sobrino de 'Tito Berni', el abogado Plácido Alonso y el empresario Alberto Montesdeoca, en noviembre de 2020, en una foto incorporada al sumario del caso.
Los empresarios del 'caso Mediador' recibieron 1M en ayudas públicas además de 355.000 € en contratos
Cobraron subvenciones y ayudas del Gobierno central y de otras administraciones mientras pagaban mordidas a 'Tito Berni' y a 'El Mediador'.
2 marzo, 2023 02:47Varios de los empresarios detenidos en el marco del caso Mediador, la trama de corrupción encabezada por un exdiputado del PSOE y un general de la Guardia Civil, recibieron al menos 944.341 euros en ayudas públicas procedentes de diversas instituciones del Estado, desde el inicio de la trama hasta la actualidad.
Esta cifra se suma a la ya adelantada hace una semana por EL ESPAÑOL: los 355.000 euros en contratos que las distintas administraciones adjudicaron a otra de las firmas investigadas en la supuesta red de favores y sobornos, la compañía de drones vinculada al empresario José Suárez Esteve.
María Ángeles Lorenzo Cáceres, la jueza que instruye en Tenerife la causa del ya célebre Tito Berni (el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo) ha puesto el foco en las compañías de los empresarios de la trama. Por eso ha pedido toda la documentación de los contratos públicos licitados a su favor.
La magistrada sitúa el inicio de las actividades ilícitas de este grupo a mediados de 2020, tras el inicio de la pandemia. Desde entonces, algunas de estas empresas han sido beneficiarias de subvenciones del Gobierno central, consejerías de gobiernos autonómicos o cabildos insulares del archipiélago canario, donde nació la red dedicada a conceder ayudas y supuestas adjudicaciones a empresarios.
Ayudas públicas a una de las firmas a nombre de los investigados estos últimos años.
Los favores se otorgaban presuntamente a cambio del cobro de mordidas y dádivas en forma de fajos de billetes de miles de euros, comidas en lujosos restaurantes, estancias en hoteles, vuelos y servicios de prostitutas.
EL ESPAÑOL ha podido acceder a la información de cada una de las ayudas a través de los datos presentes en el Registro Mercantil, el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la Base de Datos Nacional de Subvenciones, el sistema que da publicidad a las distintas ayudas públicas concedidas en España.
Las empresas de la trama que más dinero han recibido han sido las del matrimonio formado por Esteban Banús y María Inmaculada Roca, a quien Tito Berni se refería como Mima. Las sociedades MEC Suministra SL y Artesanos de Leche Fresca SL, ambas con el mismo CIF, obtuvieron 601.142,43 euros entre abril de 2020 y noviembre de 2022.
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El ingreso individual más grande, 360.000 euros, provino del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía, en forma de ayuda para paliar los efectos de la Covid-19. Del mismo ministerio recibió una subvención, así como otra del de Industria.
Reunión de los investigados Tacoronte con Montesdeoca, Taishet Fuentes con el abogado Plácido Alonso.
Pero la mayoría de las ayudas recibidas por estas firmas provienen del Gobierno de Canarias. Dos de ellas de la Consejería de Turismo y otra de la Consejería de Economía. Los motivos para las subvenciones son muy variados.
Las dos empresas también han recibido sendas subvenciones de la Delegación del Gobierno de España en Canarias. En ambos casos, son compensaciones al transporte de mercancías, recogidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Los queseros
Otra de las empresas beneficiarias es la quesería Montesdeoca, cuyo dueño, Alberto Montesdeoca, figura entre los investigados en la causa por el pago de presuntas mordidas a cambio de favores. Los investigadores explican en el sumario que fue el primer empresario canario que habría participado en las actividades presuntamente delictivas.
Taishet Fuentes, sobrino de Tito Berni y director general de Ganadería de Canarias, le prometió el archivo de una sanción que pesaba sobre su empresa por valor de 74.099 euros. Por ello, según los investigadores, habría pagado 5.000 euros a la asociación deportiva propiedad del exdiputado socialista y 18.500 euros a cuentas de otros intermediarios.
Detalles de las subvenciones a la empresa de Montesdeoca.
El 26 de junio de 2020, el ICO concedió a la empresa de Montesdeoca 120.000 euros en "avales a financiación" a empresas y autónomos para "paliar efectos del Covid-19". Esta misma entidad pública le proporcionó una ayuda de 12.000 euros en 2022 para digitalización de empresas en el marco de la agenda España digital 2025.
El 1 de julio de ese mismo año, su compañía obtuvo 35.545,33 euros en ayudas del Cabildo Insular de Tenerife a la producción láctea. Esta misma institución le otorgó otra subvención similar en diciembre de 2021 por valor de 38.493 euros en programas para "la mejora de la calidad de la leche". Hubo una tercera subvención del cabildo en noviembre de 2022 por valor de 15.554 euros.
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Otra compañía implicada en la trama, que recibió subvenciones estatales y autonómicas durante estos años es CLEANERGETIC SEERS SOLUTIONS SL. Esta compañía, propiedad de Antonio Bautista Prado, alias El Curilla, se dedica a la energía fotovoltaica.
Este empresario contactó con el mediador, Navarro Tacoronte, para que le ayudase a colocar sus placas solares en granjas y ganaderías isleñas. Fue uno de los que habría pagado comisiones y regalos al diputado, a su sobrino y al general de la Guardia Civil, único encarcelado a día de hoy.
Su empresa, tal y como figura en las fuentes consultadas, recibió del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 24.000 euros el 23 de octubre de 2020, en calidad de "avales a financiación a empresas y autónomos" para "paliar efectos del Covid-19", de los fondos gestionados por el ICO.
Subvenciones a la firma del dueño de la empresa de drones, Suárez Estévez.
Otra de las empresas beneficiadas fue Asesoramiento y Servicio de Drones SL, una de las firmas que más veces aparece en el sumario judicial. La compañía, propiedad de José Santiago Suárez Estévez, amigo del general Francisco Espinosa Navas, recibió cerca de 90.000 euros en tres partidas de garantías procedentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Los avales, otorgados con menos de un año de diferencia, comenzaron a emitirse apenas dos semanas después de que la entonces ministra, Nadia Calviño, fuera ascendida a vicepresidenta del Gobierno. Esto ocurrió el 12 de julio de 2021, mientras que el primer crédito se emitió el 23 de ese mismo mes. El ICO concedió a Suárez Estévez un aval de 40.000 euros para "paliar efectos de la Covid-19", como ocurrió en el caso de Montesdeoca.
Justo un mes después, el 23 de agosto, el ICO volvió a darle otros 32.000 euros, con la misma finalidad. De nuevo, la operación se repitió por tercera y última vez el 25 de mayo de 2022, esta vez con un crédito de 17.705,78 euros.
Durante los dos años que ha estado activa la trama, otros ministerios como los de Interior y Defensa, así como ayuntamientos y administraciones autonómicas, adjudicaron una quincena de contratos por valor de 355.000 euros a esta compañía especializada en la venta de aeronaves no tripuladas, como ya publicó en exclusiva EL ESPAÑOL.
El 21 de junio de 2021 otro Gobierno, el de la Comunidad de Madrid, suministró 7.500 euros en concepto de subvenciones a Civil Twin Consulting, propiedad de Raúl Gómez Rojo, conocido como Fotovoltaica dentro de la trama. El empresario madrileño, dedicado al negocio de energías limpias, fue uno de los extorsionados por El Mediador, como también desveló este periódico.
La trama
El caso Mediador investiga una presunta red corrupta activa en los años 2020 y 2021 en la que están implicados un diputado, un director general de una administración autonómica, un general de la Guardia Civil y empresarios canarios y peninsulares.
El ya exdiputado Fuentes Curbelo y otros miembros de la trama se valían presuntamente de un intermediario para obtener regalos o comisiones de distintos empresarios.
Los integrantes de esta organización prometían abrir puertas para adjudicar contratos públicos, subvenciones, tratos de favor con la Administración, e incluso para ayudarles a eludir multas u otras responsabilidades en las que hubieran podido incurrir sus compañías.
Configuración de la presunta organización criminal según los investigadores.
Para aparentar seriedad e importancia se valían de la figura del diputado socialista Fuentes Curbelo y del general Espinosa Navas. La trama llevaba de visita a los empresarios a Madrid, en una ruta en la que comenzaban en el Congreso, seguían en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil para luego continuar en algún exclusivo restaurante.
Las juergas posteriores, a tenor de las fotos del sumario, terminaban en clubs de alterne y hoteles discretos. No faltaban la cocaína, las copas y las prostitutas. Siempre a cuenta de los empresarios.
Hay audios en el sumario que revelan posibles conexiones políticas de los investigados con más de una decena de parlamentarios socialistas. En uno de ellos, El Mediador se jacta de manejar a determinados senadores a su antojo.
Mientras tanto, la jueza instructora considera que las actividades de este grupo podrían constituir un delito de cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, pertenencia a grupo organizado y tráfico de influencias. "Estamos ante un hecho de considerable gravedad". Era su órdago en el auto con el que argumentó el ingreso en prisión del general de la Guardia Civil.
