La Policía Nacional ha detenido esta misma mañana al principal sospechoso por el envío de seis cartas bomba dirigidas, a principios del pasado mes de diciembre, al presidente Pedro Sánchez, a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos, y a otros edificios oficiales.
Según confirman a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de la operación, se trataría de una persona de nacionalidad española. Los investigadores le imputan delitos de terrorismo. El operativo policial se encuentra en estos momentos desplegado en la localidad de Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos. El detenido es un jubilado de 74 años de edad residente en dicha localidad, según confirman a este diario fuentes próximas al operativo.
Los agentes de la Comisaría General de Información llevan desde principios de diciembre, cuando se produjeron estos hechos, investigando entre los radicales prorrusos y seguidores de Vladímir Putin en España para localizar al posible autor.
Todavía no ha trascendido si el arrestado coincide en los postulados con estos grupos radicales o si tiene alguna adscripción política. La detención ha sido realizada por la Brigada Provincial de Información de Madrid, en colaboración con los Tedax y la Policía Científica.
Las cartas remitidas presentaban características similares: tienen la misma caligrafía, son del mismo color, fueron enviadas desde España, todas a través de Correos, y en ellas se halló la misma clase de sustancia explosiva. Tal y como publicó EL ESPAÑOL, la Policía sospechaba que todos los paquetes explosivos fueron enviados por la misma persona y desde la provincia de Valladolid.
No había ninguna nota en su interior. Los datos iniciales llevaban a pensar en que el plan pudo ser ejecutado e ideado por un solo individuo. Por el momento, tan solo se ha arrestado a ese sospechoso.
La caligrafía de los sobres llevó a los investigadores, de entrada, a pensar en que el autor podía tratarse de una persona de edad avanzada. Los agentes de la investigación decidieron tirar del hilo a través de las cámaras de cada una de las oficinas desde las que se enviaron los paquetes a los respectivos edificios oficiales. El recorrido hacia atrás les llevó a Castilla y León.
Al analizar los sobres lograron detectar la empresa que vendía ese modelo. Comprobando uno por uno los compradores, identificaron a un individuo residente en Burgos. En la misma comunidad desde donde se habían enviado presuntamente los paquetes. No tardaron en localizar a la persona que ahora ha sido detenida como principal sospechoso.
Las cartas fueron enviadas al Palacio de la Moncloa, el Ministerio de Defensa, la base aérea de Torrejón de Ardoz, en las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid, y la empresa que fabrica los lanzacohetes que España envió a Ucrania.
Las cartas fueron dirigidas, entre otros, al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Todos los envíos se dirigieron a Madrid, excepto el que fue remitido a la fábrica de Zaragoza de Instalaza, la empresa que fabrica los lanzacohetes que las Fuerzas Armadas españolas enviaron a las tropas del presidente ucraniano Volodímir Zelenski.
Hubo un séptimo aviso de paquete sospechoso en las inmediaciones del cuartel general del Ejército del Aire, pero tras comprobarlo se descartó que fuera un sobre similar.
Un herido
Solo una persona resultó herida a causa de uno de estos paquetes y fue un trabajador de la Embajada de Ucrania en Madrid, que abrió el sobre sospechoso recibido en ese edificio. La fortuna quiso que el empleado se percatara de lo que tenía entre las manos cuando estaba abriendo el paquete, por lo que lo arrojó a tiempo lejos de sí.
El paquete estalló a dos metros de distancia, y aun así la metralla que salió disparada le perforó la mano, hiriéndole de levedad. Las fuentes judiciales consultadas afirman que, de haberle estallado en las manos, las consecuencias podrían haber resultado imprevisibles.
Por eso Ucrania consideraba lo ocurrido como un ataque terrorista en toda regla.
Una vez los agentes concluyan los registros, tomarán declaración al detenido. Posteriormente comparecerá ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que es quien dirige la investigación del caso.