El juez pregunta a Robles y Marlaska si declararán en persona o por escrito en el caso Pegasus

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado de investigador el espionaje del llamado 'caso Pegasus', da cinco días a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, para que expresen de qué forma desean prestar declaración como testigos en la causa.

En el auto, conocido por EL ESPAÑOL, el magistrado les ofrece la posibilidad de realizar esa declaración de forma presencial en el propio juzgado, pero también través de videoconferencia por razones de utilidad, seguridad u orden público, o bien por escrito, acogiéndose al privilegio procesal establecido a favor de los miembros del Gobierno.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia anuncia en el mismo documento que librará un recordatorio a las autoridades judiciales de Israel. Calama quiere interesar respuesta a la comisión rogatoria que emitió el pasado 5 de mayo.

En ella solicitaba a las autoridades del país que le hicieran llegar su requerimiento a la empresa NSO GROUP, propietaria del software Pegasus, para que emitiese un informe sobre diversos aspectos "esenciales" para la investigación de los hechos. Por el momento no ha habido respuesta.

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Tanto Robles como Marlaska declararán previsiblemente por escrito, tal y como anunciaron a lo largo del pasado mes de agosto. Es la misma fórmula que escogió su colega Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, cuyo departamento tenía a su cargo la seguridad de los teléfonos móviles del Gobierno infectados por el software espía.

El juez de la AN empezó a investigar el pasado 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado. Aquella denuncia remarcaba la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa. Esta fue luego ampliada al confirmarse también la intrusión en el teléfono de Grande-Marlaska.

Por el momento, se desconoce con exactitud quién ordenó utilizar el programa Pegasus para infectar los terminales de miembros del Ejecutivo. Certificar ese dato es, además, técnicamente complicado. Ninguna de las denuncias de Abogacía detallan tampoco qué tipo de información fue capturada por el programa espía. 

Robo de información

La primera vez que el dispositivo de Sánchez resultó infectado, se le "extrajeron 2,6 gigabytes de información". En la segunda infección fueron 130 megas, según reconocían en la Moncloa.

No fue el único teléfono en el que se introdujo Pegasus. En el caso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el robo de datos fue menor, de 9 megas. El tercero en ser espiado fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con dos ataques en los que le fueron sustraídos 400 megas y 6,3 gigas de información.

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El CNI también detectó otro intento fallido en el dispositivo del ministro de Agricultura, Luis Planas. Todos ellos ocurrieron en torno a las mismas fechas. Esos ataques se produjeron el pasado mayo de 2021, cuando Marruecos propició a modo de represalia que casi 10.000 personas cruzaran la frontera con Ceuta en apenas 24 horas, dando lugar a una enorme crisis diplomática y a la mayor avalancha migratoria en la ciudad autónoma.

Casi al mismo tiempo, el teléfono móvil del presidente Pedro Sánchez era infectado con el software espía Pegasus. Concretamente, el 19 y el 31 de mayo. Ese mismo mes, en plena crisis con Marruecos, fueron también espiados el ministro del Interior, la ministra de Defensa y la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en su día investigada por la entrada de Ghali a España. 

 En el mismo auto conocido este miércoles, el magistrado explica que el pasado 24 de agosto se recibió el Acuerdo del Consejo de Ministros del día anterior por el que se acordaba "no proceder a la desclasificación de acto, documento información dato ni objeto alguno". Así se determinaba porque, en relación a los hechos investigados, "los informes realizados por el CNI no contienen elemento alguno que se encuentre clasificado ni como secreto ni como reservado, pues se trata de documentos cuyo contenido no compromete la seguridad del Estado, ni las fuentes, medios y procedimientos del Centro Nacional de Inteligencia".

Dichas circunstancias, añadía, "concurren también en los Informes CCN-CERT [IT-31/22 "Análisis Dispositivo Móvil ministra de Defensa" y CCN-CERT IT-32/22 "Análisis Dispositivo Móvil ministro del Interior (Móvil Personal)".