"Es un delito, si no son muchos y están intentando taparlo con facturas falsas, pero la transferencia no admite dudas. En vuestra mano esta que no quede impune". Fue el pasado 7 de noviembre cuando Mónica García, la líder de la oposición en la Comunidad de Madrid, recibió 11 mensajes en su teléfono móvil alertando de las irregularidades que podían existir en el contrato de 1,5 millones de euros adjudicados por la presidencia autonómica a un empresario amigo de Isabel Díaz Ayuso y de su hermano. Ahora, todos ellos han sido aportados por la formación en una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción.
En la denuncia, a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL, la formación de García pide que se abran diligencias por presuntos delitos cohecho, malversación y prevaricación o tráfico de influencias. "Querida Mónica, querido Íñigo -rezaba uno de los mensajes, en referencia a la lideresa autonómica y a Errejón, líder nacional de la formación-. Os hago llegar un caso grave de corrupción del hermano de Díaz Ayuso".
La denunciante recurría a ellos "porque no sé cómo denunciarlo a Anticorrupción ni me puedo exponer personalmente. En el peor momento de la pandemia, abril de 2020, la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato de 1,5 millones para Epis y mascarillas de Ifema. Lo hizo a la empresa Priviet Sportive de Daniel Alcázar, amigo de los Ayuso, una empresa de calzado y confección que cambió su CNAE -Clasificación Nacional de Actividades Económicas- días antes".
"Cuando ingresó los pagos de la CM -proseguía la denuncia anónima- hizo transfer por valor de 300.000 € a Tomás Díaz Ayuso. El concepto de esas transfer es 'intermediación Comunidad de Madrid'. Pero si la intermediación ya sería delictiva, pagar un 25% del importe de un contrato significa que Alcázar es un testaferro de Tomás Ayuso".
De este modo, la formación asegura que acude a Anticorrupción para denunciar "un flagrante caso de corrupción institucional", asegura Mónica García. En cuanto tuvieron en su poder esos mensajes, su equipo jurídico los estudió, pero no observaron elementos suficientes para darle veracidad a la información recibida. "Al menos no en grado suficiente como para ponerlas en conocimiento del Ministerio Fiscal".
Denuncia del PSOE
Ello se debió, según la denuncia, principalmente al origen anónimo de la denuncia y las informaciones tan laxas que de la misma se desprendían. "Pese a ello se trasladó a los diputados de la formación en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones en la Asamblea de Madrid".
El caso venía arrastrando, junto a la animadversión creciente entre Génova 13 y Sol, una guerra soterrada que a mediados de esta semana ha estallado ya a tumba abierta y que ha terminado con el PP abriendo un expediente informativo a la presidenta autonómica y reservándose la posibilidad de llevar a cabo más acciones legales en los próximos días contra ella.
La denuncia se suma a la que también este viernes ha presentado el PSOE en esta ofensiva judicial para aclarar si efectivamente el hermano de Ayuso habría cobrado esa comisión.
"Gracias a la experiencia en el mundo sanitario del hermano de la presidenta Díaz Ayuso-reza la denuncia del PSOE- se explica cómo gracias a su 'intermediación' logró la citada mercantil concertar un contrato tan ventajoso, en un ámbito empresarial que no era el suyo, y en el que sin embargo, como también ha reconocido la presidenta, era el sector en el este trabajaba desde hace más de 26 años".
Así las cosas, las costuras del Partido Popular se están rompiendo por completo. El enfrentamiento entre Génova e Isabel Díaz Ayuso ha desencadenado una guerra fratricida que parece ya no tener vuelta atrás.
La empresa adjudicataria
Según la información adelantada este viernes por este periódico, Priviet Sportive, la empresa adjudicataria, registró hace dos años unas ventas de 4,3 millones de euros. Una cantidad en la que mucho tuvieron que ver los ingresos que les generó el contrato que habría conseguido Tomás Díaz Ayuso. Concretamente, un 35%.
La licitación que el Gobierno de Madrid le concedió a Priviet Sportive estuvo valorada en más de 1,5 millones. Como ya ha contado este diario, a través del contrato la empresa se comprometía a suministrar a Madrid 250.000 mascarillas FPP2 y FPP3 a un precio unitario de cinco euros cada una. Priviet Sportive cumplió su compromiso solo dos semanas después de cerrarse el acuerdo, el 10 de abril.
Así, dicho contrato supuso más de un tercio de las ventas de Priviet Sportive en 2020. Una proporción elevada para una empresa sin experiencia en el sector sanitario que habría conseguido acceder a dicho contrato gracias a la intervención del hermano de Isabel Díaz Ayuso, cuya intervención la propia presidenta de Madrid ha admitido.
De hecho, fuentes de Génova afirman que Tomás Díaz Ayuso se habría embolsado esa comisión. El propio Pablo Casado así lo ha manifestado esta mañana en una entrevista en la cadena Cope. Sin embargo, no ha aportado pruebas que puedan acreditar esta afirmación.
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