¿Necesita España una Secretaría de Estado para el suicidio? 3.700 muertes al año disparan la alarma

Un estudio realizado por la Fundación Española contra la Prevención del Suicidio revela, además, que el suicidio fue la principal causa de muerte en España entre los menores de 30 años en 2020.

Precisamente, en este año en el que se ha abierto el debate sobre los recursos que dedica el Estado a la salud mental, el Gobierno ha publicado que ofertará 204 plazas del PIR (Psicólogo Interno Residente), un aumento de sólo 6 plazas respecto al año pasado. 

Sin embargo, los datos son demoledores. España es el país que más psicofármacos receta per cápita en todo el mundo: uno de cada tres españoles ha tomado ansiolíticos o antidepresivos en el último año.  

En estos momentos, el Ministerio de Sanidad carece de un departamento específico para gestionar esta área de forma específica. Sí existen, en cambio, direcciones generales para la prevención en materia de drogas e incluso de la "salud digital", pero no de salud mental.  

Ministerio de la Soledad 

Otros países de nuestro entorno sí han optado por dedicar una atención especial a este problema. Hace un par de años, Reino Unido, durante el gobierno de Theresa May, creó una Secretaría de Estado para combatir la soledad. Se calcula que hay 9 millones de personas que viven en soledad -una de las causas habituales que conducen al suicidio- dentro de una población de 66 millones.

Japón, donde se suicidan más de 20.000 personas al año, cuenta desde marzo de este año con el Ministerio la Soledad, dedicado exclusivamente a atajar el problema. 

El documento que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para conformar el Gobierno de coalición incluía un compromiso para renovar la estrategia de salud mental, que se remonta al 2013. Pero el Ejecutivo no ha movido ficha desde entonces, y de los Presupuestos Generales del Estado, sólo se han consignado dos millones y medio para este plan.

Este mismo año, el Senado ha instado al Gobierno a diseñar una estrategia nacional contra la soledad no deseada de los mayores, un problema que se ha visto agravado por la pandemia.

Pero las restricciones por el Covid-19 han afectado a toda la población en general y han incrementado los episodios de ansiedad y trastornos en la conducta. Por todo ello, las distintas asociaciones que trabajan en la prevención del suicidio han convocado una manifestación el 10 de septiembre en Madrid, a la que se sumará una representación del Ministerio de Sanidad. Con esta concentración pretenden reclamar un Plan Nacional de Prevención del Suicidio y marcar un antes y un después en la lucha contra este problema.

Medidas políticas 

Susana Al-Halabí Díaz es profesora de Psicología en la Universidad de Oviedo y colaboradora del Colegio Oficial de Psicólogos en España. Cree que sería fantástico que se crease una Secretaría de Estado para abordar el problema del suicidio, porque actualmente la voluntad del Gobierno es "escasa e insuficiente".

"Hace años los accidentes de tráfico eran muchos más que ahora, y la Dirección General de Tráfico puso en marcha campañas de comunicación y medidas como el carné por puntos o multas, y las muertes en carretera se redujeron mucho", expone como ejemplo de lo que debería hacerse en salud mental. 

En opinión de esta experta, es necesario que los gobiernos y los partidos pongan en marcha medidas concretas y ambiciosas: "El suicidio no es sólo un problema sanitario, es también un problema político. Sin medidas, sin que los estados inviertan cantidades de dinero acordes a la gravedad de problema, y sin planes integrales de prevención del suicidio, los profesionales somos insuficientes", asegura. 

Cada Comunidad, un plan

Desde Más País abanderan la iniciativa para crear un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. El pasado julio firmaron junto a todos los grupos políticos una proposición en la Asamblea de Madrid por la que el Gobierno de Díaz Ayuso se comprometió a actualizar la estrategia en salud mental y prevención del suicidio. 

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso anunció en su discurso de investidura que la Comunidad de Madrid pondrá en marcha dicho plan. Fuentes de la Consejería de Sanidad de Madrid confirman a EL ESPAÑOL que está redactándose ya, y está previsto que se presente en la Asamblea y se apruebe antes de que acabe el año. Entre las medidas se incluyen más psicólogos y atención al paciente en Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Emergencias. 

Diego Figuera, responsable de políticas de salud mental en Más País, afirma a EL ESPAÑOL que desde su partido se congratulan por este plan, pero lamentan que no les hayan llamado para aportar propuestas en la futura ley.

Preguntado por las decisiones que podría tomar el Gobierno central, se muestra desconfiado: "El Gobierno de España dedica a la salud mental una cantidad de esfuerzos y recursos ridícula. El problema realmente es que las competencias de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas, y cada una hace o no en función de lo que le parece. Estado y comunidades se pasan la pelota sin hacer nada ninguna". 

"Una Secretaría de Estado para salud mental nos parecería genial desde Más País. Sería dar visibilidad a este problema, demostrar con hechos que importa, y dotar de más herramientas y transversalidad entre administraciones, porque también hay tareas que hacer en educación, empleo y vivienda, que son clave para prevenir el suicidio", defiende Figuera. 

Ayuntamientos 

El año pasado, el Ayuntamiento de Barcelona realizó una encuesta que reflejaba que el 19% de los mayores se sienten solos. Lo sorprendente, según este estudio, es que el segmento de población que más sufre la soledad es el de los menores de 24 años: un 26,5% dice sentirse solo de manera habitual. 

A raíz de estos datos, el gobierno municipal que dirige Ada Colau puso en marcha un plan para abordar la situación de cara a los próximos diez años, dotando de más recursos a la Administración y animando a los afectados a pedir ayuda. 

El Ayuntamiento de Madrid también se ha puesto manos a la obra con su propio plan para atajar el suicidio. Lo hará a través de los servicios sociales en los que tienen competencia, como el SAMUR, y se complementará con el plan regional que presente la comunidad autónoma. Estará listo de forma paralela al de Ayuso, a finales de año.