Ayuso, sobre la ley Celáa: "Priva del derecho a aprender español"
La presidenta de la CAM considera que la norma educativa "cercena la libertad de las familias para elegir la educación concertada y especial".
15 noviembre, 2020 15:57Noticias relacionadas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera que la ley Celaá "priva a los estudiantes del derecho constitucional a aprender el español y cercena la libertad de las familias para elegir la educación concertada y especial".
Así lo ha afirmado este domingo en la recogida de firmas del PP del distrito de Salamanca, dentro de la campaña que ha puesto en marcha el partido en cada una de sus sedes para mostrar su rechazo a la normativa.
"Queremos recoger firmas en contra de la ley Celaá, una ley de la que estamos absolutamente en contra porque no solo merma la calidad de la enseñanza, sino que priva a los estudiantes del derecho constitucional a aprender el español en su tierra, en España, y cercena poco a poco la libertad de las familias para elegir la educación concertada y especial, que es el objetivo de la izquierda", ha explicado.
▶️ Esta mañana nos han acompañado en nuestra recogida de firmas contra #LeyCelaa la Presidenta de la Comunidad de Madrid y el Consejero de Educación
— PP Dto. de Salamanca (@dtosalamancapp) November 15, 2020
Gracias @IdiazAyuso y @eossoriocrespo #StopLeyCelaa 👇👇 pic.twitter.com/XRY08BrvIx
Esta ley, según Díaz Ayuso, se produce en un momento "muy difícil" y además "sin consenso ninguno" en la comunidad educativa ni entre las fuerzas políticas. "Ahora que los españoles está sumidos en otra clase de problemas como la economía, la crisis sanitaria (...), es una aberración que impongan por la espalda una ley que sobre todo priva del derecho constitucional a aprender español en tu tierra, que es España", ha insistido.
La Comisión de Educación del Congreso aprobó el viernes su dictamen de la Lomloe o ley Celaá, que incorpora cambios al texto inicial a través de enmiendas sobre el castellano o los centros concertados, y que han puesto de relieve las discrepancias entre los partidos de izquierdas y derechas.
El texto, que pasa el próximo jueves al pleno del Congreso, donde aún se podrán aplicar cambios porque se mantienen algunas enmiendas, ha salido adelante por todos los grupos salvo PP, Ciudadanos, Vox y UPN.