Torrent aplaza al Día de los Enamorados la solución a la crisis entre JxC y ERC
El artículo del reglamento del Parlament al que se agarra el presidente contempla otros 10 días hábiles de aplazamiento, que vencen el día de San Valentín a costa de un limbo jurídico y del enfado de Junts per Catalunya.
30 enero, 2018 14:09Noticias relacionadas
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Y ahora, ¿qué? El proceso independentista, a punto de volver a vivir una nueva jornada histórica, asistió este martes al inicio de una nueva cuenta atrás hace la siguiente cita con los anales. El presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), ha anunciado el aplazamiento del pleno de investidura de Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat.
Estaba convocado para las 15:00, pero cinco horas antes, por sorpresa, Torrent compareció ante los medios para añadir más suspense e incertidumbre al futuro de Cataluña. En estos momentos no se vislumbra una nueva fecha para la investidura.
Puigdemont contaba con ser investido este martes y echar un nuevo pulso al Estado, que no lo hubiera reconocido. Pero Torrent lo ha impedido, apoyado por ERC, criticado por Junts per Catalunya y abriendo una nueva esperanza en el PDeCAT de deshacerse de Puigdemont.
¿Cuál ha sido la decisión de Torrent?
Estas han sido sus palabras: "El pleno de hoy queda aplazado pero en ningún caso desconvocado". "Se celebrará una vez aseguremos un debate de investidura efectivo y con garantías" para lograr una "investidura que tenga valor real".
Con estas declaraciones, Torrent reconocía implícitamente que el pleno de este martes no habría tenido garantías ni "valor real" por las medidas decididas por el Tribunal Constitucional. El sábado, el alto tribunal advirtió de que Puigdemont no podría ser investido en sus actuales circunstancias, ni delegando su voto o su discurso ante el pleno ni por vías telemáticas. La investidura no sólo podría ser anulada por no ajustarse a la ley sino que los responsables de permitirla, Torrent incluido, podrían enfrentarse a persecución penal.
El aplazamiento se produce "atendiendo a la petición del presidente Puigdemont de garantizar su derecho a tener un debate de investidura con garantías y al mismo tiempo para dar tiempo a las alegaciones presentadas por el mismo presidente" a través de su grupo político ante el Constitucional.
¿Puede posponerse el pleno de investidura?
No hay una respuesta totalmente clara a esta pregunta. Todos los precedentes en Cataluña y la habitual interpretación de las normas implican un pleno de investidura en un plazo de 10 días hábiles después de la constitución del Parlament.
El nuevo Parlament se reunió el pasado día 17 de enero por primera vez, por lo que el plazo para que Torrent propusiera un candidato finaliza este miércoles 31 de enero, pero es ya prácticamente imposible que se pueda celebrar un pleno en tiempo y forma. Ni se sabe cuándo el Constitucional responderá a las alegaciones de Puigdemont, a las que podrían sumarse las del propio Parlament, encargadas por Torrent, ni queda apenas tiempo para convocar a los diputados para cumplir con el plazo.
¿Qué plazos maneja Torrent?
Torrent asegura haber cumplido estrictamente con la ley. El artículo 4 de la Ley de la Presidencia de la Generalitat indica que el presidente del Parlament "debe proponer al Pleno un candidato " en "el plazo de los diez días siguientes a la constitución de la legislatura". Torrent ha cumplido con el requisito al proponer a Puigdemont. El presidente de la cámara ha sido muy cauteloso al recordar que el pleno no se desconvoca sino que sólo se aplaza, y que sigue habiendo un candidato que es Puigdemont sin que Torrent se plantee proponer de momento a otro. Ni Inés Arrimadas tiene apoyos ni, hasta ahora, Junts per Catalunya, ERC y la CUP han presentado a otro candidato independentista.
El artículo 103 del reglamento del Parlament indica que la Mesa (compuesta por dos miembros de ERC, dos de JxC, dos de Cs y uno del PSC) "puede acordar la prórroga de los plazos establecidos por el presente reglamento. Salvo casos excepcionales, las prórrogas no deben exceder de un tiempo igual al fijado". Si el plazo inicial era de 10 días hábiles, hasta este miércoles, un nuevo plazo da de margen a Torrent para convocar el pleno hasta el 14 de febrero. Y, si la Mesa considera la investidura de Puigdemont un "caso excepcional", en teoría podría demorarlo más.
Aunque los tres miembros constitucionalistas (dos de Cs y uno del PSC) querrían que se propusiese a otro candidato, es improbable que entre una investidura ilegal de Puigdemont y un aplazamiento vayan a optar por lo primero.
¿Por qué protesta Junts per Catalunya?
El grupo político de Puigdemont ha lamentado la decisión de Torrent y en algunos ámbitos se ha considerado una "traición" de ERC. Junts per Catalunya confiaba en que el expresidente de la Generalitat fuese nombrado de nuevo para el cargo por el pleno de la cámara en la tarde de este martes.
Fuentes de JxC han explicado que Torrent no les consultó antes de aplazar el pleno. Por su parte, ERC ha asegurado que el presidente del Parlament ha llamado hasta en cuatro ocasiones a Puigdemont sin lograr hablar con él.
Desde las elecciones, ERC apoya en público a Puigdemont pero cree que no será president por su situación jurídica. "No se puede ser president por Skype", ha llegado a decir el diputado en el Congreso Gabriel Rufián. Para ERC, el plan b sigue siendo Junqueras o, en cualquier caso, un candidato distinto de Puigdemont, aunque sea de JxC.
En ERC están cansados de que todo sea debatible salvo la presidencia de Puigdemont y, al mismo tiempo, no se pueda hablar de nada sin devolver a Puigdemont a la presidencia de la Generalitat. El propio partido de Puigdemont, el PDeCAT, está plagado de voces que apuestan por deshacerse del expresident y pasar página con otro candidato.
Por otra parte, Torrent se habría arriesgado a ser perseguido penalmente de haber permitido el pleno.
¿Los plazos no corren?
La ley de la presidencia de la Generalitat indica que "si transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura no ha sido elegido ningún candidato, la legislatura queda disuelta automáticamente" y se celebrarán elecciones entre 40 y 60 días después. El problema es que, en teoría, hay un candidato y puede que, de momento, no haya votación.
La situación se convierte, de este modo, en un limbo jurídico en el que probablemente acabarán dando su punto de vista técnico los letrados del Parlament. Sin embargo, si comienzan a correr o no los plazos podría ser un motivo de disputa entre la Mesa, con mayoría independentista, que de momento no parece querer poner en marcha la cuenta atrás, y los partidos constitucionalistas, que consideran que Cataluña no puede esperar más a tener presidente.
Los juristas no se ponen de acuerdo. Algunos creen que la resolución del Constitucional del sábado congela los plazos. Otros, que los plazos deberían comenzar a contar ya, puesto que de facto la investidura de Puigdemont se ha frustrado este martes y, además, en caso de no considerarlo así, existe la posibilidad teórica de que la Mesa pueda posponer sine die la investidura, algo que pervierte el espíritu de los automatismos contenidos en la ley.
¿No se puede investir a otro candidato?
De momento, no. Corresponde a Torrent proponerlo y este martes ha dicho que no presentará ningún nombre más que el de Puigdemont, ya que en teoría dispone de mayoría absoluta.
El PP ha pedido de nuevo a Inés Arrimadas que plantee su candidatura, pero los tres partidos constitucionalistas suman 58 diputados, 65 si se suma Catalunya En Comú Podem. Son, en cualquier caso, menos de los 68 de los que disponen ahora JxC, ERC y la CUP, descontando a los dos diputados en Bruselas, Puigdemont y Toni Comín. Demasiados pocos para tratar de convencer a Torrent.
¿Qué puede pasar?
El escenario más probable ahora es que los partidos independentistas vuelvan a colocar toda la presión sobre el Tribunal Constitucional y el Gobierno esperando a que el alto tribunal resuelva el recurso de Puigdemont. Pero incluso aunque el Constitucional ratificase su resolución, después debería entrar en el fondo del asunto, un proceso que podría demorarse.
Mientras tanto, otro tipo de acciones judiciales, como las encaminadas a hacer que los plazos comiencen a correr hacia unas nuevas elecciones, o mayores desavenencias entre partidos independentistas podrían alterar la situación.