Bruselas censura a España por la corrupción

La proliferación de casos de corrupción en España ha hecho saltar todas las alarmas en Bruselas. En pleno apogeo de informaciones sobre la operación Lezo, la Comisión Europea ha decidido intervenir en el debate y reclama al Gobierno de Mariano Rajoy más contundencia a la hora de combatir el fraude y el desvío de fondos públicos.

En su informe anual de recomendaciones económicas para España publicado este lunes, el Ejecutivo comunitario aborda extensivamente la corrupción. "Pese al auge de las investigaciones sobre corrupción que afectan a casos a nivel local y regional, no se han desarrollado estrategias preventivas específicas para mitigar los riesgos de corrupción", señala Bruselas.

Otras lagunas normativas que preocupan a la Comisión son "la falta de legislación para proteger a los denunciantes (de corrupción), el grado de independencia de la recientemente creada Oficina de Conflictos de Interés y la falta de regulación de los grupos de presión". En todas estas áreas, las autoridades españolas no han adoptado medidas que contribuyan a prevenir la corrupción.

Bruselas critica además el "prolongado procedimiento judicial para los casos de corrupción". Pero considera inadecuada la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal realizada por el Gobierno de Rajoy para limitar los plazos de instrucción. "Esta medida podría traducirse en impunidad en los casos complejos de corrupción, para los que los límites temporales podrían no ser suficientes para construir una acusación", avisa el informe.

Pese a todo, la Comisión cree que España ha realizado algunos progresos en la lucha contra la corrupción, en particular al aumentar la transparencia en el proceso de toma de decisiones administrativas y en la financiación de los partidos políticos. Y reclama la rápida aprobación de la nueva reforma sobre licitaciones públicas, que va en la misma dirección.

Más contratos indefinidos

Con una tasa de paro todavía en el 18,2%, la segunda más alta de la UE, buena parte de las recomendaciones de Bruselas se centran en nuevas reformas del mercado laboral. Lo que más preocupa a la Comisión es la elevada temporalidad y el gran número de contratos de muy corta duración.

"Algunos rasgos del mercado laboral español podrían disuadir de realizar contratos indefinidos, como la incertidumbre en caso de disputa legal tras un despido o las comparativamente elevadas indemnizaciones por despido para los trabajadores fijos", apunta el informe. Además, los incentivos para la contratación están demasiado dispersos y no se concentran en el objetivo de fomentar el empleo indefinido.

Por todo ello, el Ejecutivo comunitario reclama al Gobierno de Rajoy "medidas para impulsar la contratación con contratos indefinidos". También debe ser prioritario reforzar la coordinación entre los servicios de empleo regionales, los servicios sociales y los empresarios para responder mejor a las necesidades de las personas que buscan empleo.

España tiene que corregir las disparidades regionales y la fragmentación en los sistemas de garantía de ingresos mínimos y mejorar las ayudas a las familias, incluyendo el acceso a guarderías de calidad. La educación universitaria debe adaptarse mejor a las necesidades del mercado laboral y se tiene que mejorar la formación de profesores y el apoyo personalizado a los alumnos.

¿Subir el IVA?

El informe de Bruselas vuelve a criticar que España es uno de los países de la UE que menos recauda por IVA debido a que aplica exenciones o tipos reducidos a un gran número de productos y servicios. Lo mismo ocurre con los impuestos medioambientales y a la energía.

Pero esta vez, el Ejecutivo comunitario no pide expresamente a Rajoy que suba el IVA. Se limita a sugerir una revisión en profundidad del gasto público con el fin de identificar posibles áreas para mejorar su eficiencia. Una revisión que tendrá que realizar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Finalmente, la Comisión recomienda aumentar el nivel de inversión en investigación e innovación y aplicar de forma estricta la Ley de Unidad de Mercado.