Habla el presunto hacker de TV3: "Me trataron como a un terrorista"

“La trama es un castillo de naipes que no hay por dónde coger. Es un tema político para salvarle el culo a Duart. Se equivocó con el botón de enviar y mira la que han montado”. El que habla es G.C. –prefiere desvelar tan solo sus iniciales-, el único acusado por la revelación de un documento confidencial sobre los salarios de los empleados de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), órgano que engloba los medios de comunicación públicos TV3 y Catalunya Radio. Él asegura ser inocente: nada más que un cabeza de turco acusado para proteger a Brauli Duart, dirigente de la institución, en un escándalo que ha sacado a la luz los salarios de más de 2.000 personas de la casa. 

Los hechos se remontan al verano de 2012. Entonces, la dirección de la CCMA denunció que un hacker había accedido a las cuentas de correo electrónico de Duart y otros altos cargos. La compañía aseguró que el supuesto pirata informático robó una hoja de Excel donde constaban los salarios de la mayoría de los más de 2.000 trabajadores del ente, así como un estudio que calculaba los costes de las indemnizaciones por despido. La filtración, que llegó a manos de decenas de empleados, provocó una enorme indignación en la plantilla en un contexto de fuertes recortes en el sector público y rumores sobre la ejecución de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que poco después se llevó a cabo. El caso, todavía pendiente de juicio, está plagado de dudas e incongruencias.

El 10 de octubre de 2013, un año después de la denuncia, empezó el calvario para G.C. Los mossos llamaron a la puerta de su domicilio con una orden judicial por el asunto de la filtración. Revolvieron todo su hogar y se llevaron discos duros, ordenadores y equipos multimedia. “Tenía todo tipo de dispositivos electrónicos porque soy un friki de la informática. Con eso encontraron la cabeza de turco adecuada”, afirma indignado. El acusado, que ha recibido tratamiento psicológico a raíz del suceso, aclara que “hay cientos de técnicos en TV3 con más conocimientos que yo. Realmente, ni soy informático. Es otra bola más del caso”. Ciertamente, es ingeniero de telecomunicaciones y trabajaba en el departamento de posproducción de la casa.

G.C. fue conducido por un coche de la policía secreta a los estudios de la televisión autonómica. Le hicieron “peregrinar” por todo el edificio, mientras requisaban ordenadores de distintos departamentos. Tras ello, le confirmaron que estaba detenido: “Estuve dos días en un calabozo de mala muerte, con una letrina en el suelo”. Le desnudaron, le negaron visita médica y le dieron de comer bocadillos congelados. “Me trataron como a un terrorista, fue un abuso total. Pretendían machacarme”, agrega tembloroso.

Tintes políticos

El acusado sospecha que su imputación tiene tintes políticos: “Salí en libertad el 12 de octubre, día de la Hispanidad. Sin venir a cuento, un mosso me tatareaba el himno de la República de Riego”, detalla. Otro elemento alimenta su tesis: en el sumario del caso –al que tuvo acceso EL ESPAÑOL-, consta que el 11 de setiembre de 2013, en plena Diada nacional de Catalunya, se libró el informe en que se le inculpa a “un desconocido”. “Me hace pensar que es un tema político. ¿A quién se le ha dado este informe cuando todavía estaba en secreto de sumario?”, se pregunta a sí mismo mientras hurga en una gran carpeta negra plagada de documentos.

Otros elementos hacen sospechar sobre la solidez de la acusación. En primer lugar, que el acusado tardó más de medio año en recibir el informe sobre el material que le incautaron en su domicilio y en la sede de TV3. A su vez, la compañía le hizo una extraña propuesta: o se mudaba a Catalunya Radio o debería afrontar un despido improcedente. G.C. se negó, y siguió operando en otros puestos de la televisión pública, donde encadenó altas y bajas por vivir una situación de estrés insoportable.

Acusado por estar en su lugar de trabajo

La prueba principal que presenta la acusación particular de la dirección de la CCMA es que G.C. estaba en su lugar de trabajo en uno de los momentos en que hubo conexiones a los correos electrónicos de Duart y otros altos cargos. “Yo era el único ese día en mi departamento, pero todos los informáticos podían acceder libremente al contenido de los ordenadores”, asevera el acusado.

Según señala su abogado Carlos Almeida, experto en casos de delitos informáticos, la prueba del informe pericial encargado por la defensa demuestra que el sistema permitía el uso de aplicaciones de control remoto. “Le ha tocado la china”, comenta Almeida en su despacho. En su opinión, la causa responde a “la necesidad de la policía de encontrar a un culpable como sea”. Para reforzar la versión de la acusación, el informe del perito anota que se “utilizó una plantilla de las horas de trabajo y fiestas de los trabajadores del departamento al que pertenece el sr. G.C.”.

Para el letrado es sorprendente que desde la denuncia de los hechos el 2 de Agosto de 2012 hasta la detención de su cliente pasara más de un año. “En la investigación no pueden determinar el origen del IP del atacante, porque supuestamente se hizo con herramientas anonimizadoras”, destaca mientras repasa las más de 500 páginas del sumario, plagadas de incomprensibles informes. Según consta en la investigación, los accesos se produjeron mediante los programas Tor y Anonymous, utilizados habitualmente por activistas de países con censura o personas que pretenden ocultar delitos. Para Almeida, no existen pruebas directas del único motivo por el que acusan a su defendido. “Pedir siete años por esto llama mucho la atención”, concluye.

Jose Luis Ferrer Gomila, doctor en Informática y responsable del peritaje informático de la defensa, destaca en el informe que los ficheros “log” aportados por la policía y la CCMA son fácilmente manipulables. Además, apunta que “un atacante podría cambiar sin ningún tipo de problema la dirección IP de un ordenador del departamento del sr. G.C.”. Por ello, Gomila concluye en su informe que “al parecer de este perito serían necesarias pruebas adicionales para llegar a esa conclusión (que el acusado es culpable), algunas de las cuales ya serían de imposible o difícil obtención”.

La acusación de la Fiscalía y de TV3, calcadas

Al revisar la acusación de la Fiscalía de Delitos Informáticos y los motivos que esgrime la acusación particular de TV3, queda patente que son prácticamente idénticas. Simplemente, el escrito del abogado de la televisión pública traduce al catalán los elementos inculpatorios citados por el fiscal y modifica ligeramente su contenido. Los delitos concretos que se le imputan son “descubrimiento de secretos y delito de revelación de secretos”.

En las conclusiones provisionales se apunta que G.C. accedió presuntamente a los buzones de correo de Antoni Picola Llobet, jefe del departamento de unidades móviles y superior jerárquico del acusado; Eugeni Sallent, exdirector de TV3; y Brauli Duart, presidente del consejo de gobierno de la CCMA. Tras ello, “reenvió un correo a ochenta cuentas de la CCMA, TV3 y Catalunya Radio que contenía datos laborales y salariales de las tres entidades”. Por cada uno de los dos delitos que se le imputan se reclama al acusado 3 años y 6 meses de prisión.

En uno de los múltiples testimonios orales que constan en el sumario, Brauli Duart declaró que pidió confeccionar la hoja de Excel con datos salariales y regímenes de indemnización de todos los empleados de la CCMA adaptados a la nueva reforma laboral. En la misma declaración, el jefe de la corporación dijo que fuentes sindicales sospechaban que se trataba de una estrategia de la CCMA que podría afectar a las negociaciones laborales. Para el abogado Carlos Almeida, “da la sensación de que quieren escarmentar a alguien de dentro, porque los sindicatos montaron revuelo cuando se conoció la información”.

El Comité, con el acusado

Tras la detención del acusado y el revuelo mediático posterior, el comité de empresa de la CCMA emitió un comunicado donde afirmaba que “como profesionales de un medio de comunicación, debemos reforzar la presunción de inocencia, que es la actitud más adecuada mientras se llevan adelante las investigaciones que confirmen o no los cargos que se le imputan". El acusado se muestra agradecido con la plantilla: “Me ayudaron mucho en el tema laboral, tuve a un compañero a mi lado en todo el proceso”. G.C. destaca que “el comité dice que la dirección lo filtró como medida de presión para demostrar ante la sociedad que los empleados cobraban mucho”.

El acusado reitera que Duart –que fue secretario de Interior y Justicia en la era Pujol- “se equivocó al enviar el correo y se ha montado una teoría para encubrirle”. Su voz desprende hastío y desesperación: “Tengo delante a un enemigo muy poderoso, la política. Estos de CiU no sé hasta dónde pueden llegar con esto”. A pesar de que su abogado ve fundamentos para lograr resolver el caso a su favor, él es pesimista: “Duart tiene contactos en esferas que se me escapan, y le da igual joderle la vida a un mindundi”.