Un NO-DO 2.0 en el país de Podemos

Hay siete páginas de la propuesta política de Podemos para un gobierno de coalición con Izquierda Unida y PSOE dedicadas a la nueva vicepresidencia plenipotenciaria que quiere ocupar Pablo Iglesias. Ningún epígrafe del documento, de 98 páginas, es tan extenso y pormenorizado.

Cada punto del programa económico, por ejemplo, se despacha en un folio o menos. No hay una sola línea dedicada al presidente ni al jefe del Estado. Existe, sin embargo, una justificación detallada para el vicepresidente, determinados ministerios y cargos de nueva creación y la metodología de sus nombramientos.

En las “Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías” que presentó Iglesias esta semana como punto de partida para una negociación, las palabras más repetidas son “gobierno” (273 veces) y “Estado” (268). Le siguen “cambio”, “social” y “democracia”. Son los mensajes que Podemos viene repitiendo desde su irrupción en las elecciones europeas del 2014.

Una de las partes más polémicas del documento, que el partido se vio obligado a matizar, fue la referida a la adhesión ideológica o el compromiso de los altos cargos con el Gobierno. Una parte de los expertos consultados considera que la redacción general del documento desprende un aroma “soviético”. Otros ven luces y sombras.

Permear conciencias

No hace falta viajar en el tiempo del Frente Popular. Muchas de las ideas del documento de Podemos aparecen en la tesis doctoral de Iglesias “Multitud y acción colectiva postnacional: un estudio comparado de los desobedientes: de Italia a Madrid (2000-2005)”. La tesis, que Iglesias defendió en 2008, es un magnífico trabajo que analiza las nuevas formas de movimientos sociales “antisistémicos” (que no antisistema) y el hilo conductor que une a todos ellos en distintas partes del mundo.

El ejemplo concreto de España es la ola de protestas en las sedes del PP el 13 de marzo del 2004, dos días después de la matanza del 11-M y víspera de las elecciones generales que José Luis Rodríguez Zapatero terminó ganando a Mariano Rajoy.

El trabajo de Iglesias se inicia con una cita del filósofo italiano Antonio Negri: “Estos chicos no son menos revolucionarios que los bolcheviques pero son mucho más inteligentes. Son conscientes de que modificar la sociedad hoy significa pasar a través de las conciencias”. Y para pasar a través de las conciencias, como recoge Iglesias en las conclusiones de su tesis, estos movimientos han usado los “recursos productivo-comunicativos del Capitalismo actual (...) para la intervención política conflictiva no institucional”.

Hay un cambio significativo. La intervención del movimiento podemita ya es institucional: parlamentos (nacional y autonómicos), ayuntamientos y, quizá, poder ejecutivo. El partido se ha distinguido en estos dos años por la ocupación casi hegemónica de determinados espacios públicos para permear las conciencias: Universidad, ubicuidad televisiva (con una media de cinco apariciones en programas y tertulias), dominio de las redes sociales, las plazas…

El NO-DO (Noticieros y Documentales), que empezó sus emisiones en 1943, fue la manera de penetrar la mente de millones de españoles durante el régimen franquista. No hay comparación posible entre aquella época y la actual. Pero si existiera un NO-DO 2.0, así resumiría el programa político con el que Podemos quiere “asaltar” la Moncloa.

¿'Sovietización' de los medios de comunicación?

Si hay un medio que domina Podemos es la televisión. Desde La Tuerka a Fort Apache pasando por las tertulias, Iglesias le debe a las escaletas buena parte de su éxito político. El programa de Podemos propone varias medidas para RTVE, entre ellas un referéndum vinculante para elegir al jefe de informativos, el acceso al Consejo de Administración mediante concurso público o el acceso de colectivos sociales y políticos al ente público.

Para Carlos Barrera, profesor de Medios de Comunicación y Política en la Universidad de Navarra, el texto está “poco definido” y mezcla “medidas razonables y otras discutibles también por la indefinición”.

“Hay un cierto tufo corporativista”, dice Barrera. “Y curiosamente algunas medidas pasadas de moda. Es curioso que se refugien en la Constitución para resucitar aspectos como el acceso de grupos políticos y sociales. Esos puntos se escribieron en 1978, pero la realidad del mundo de la comunicación en 2016 ha evolucionado tanto, que está muy pasado de moda”.

En ese sentido, Barrera considera que aspectos cómo el del referéndum, los colectivos y una figura como la del Defensor de la Audiencia, que también propone el documento, serían una fuente inagotable de conflictos ideológicos.

Lo mismo ocurre en su propuesta para los medios privados fomentar los medios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro. Es una medida que existe en la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Pero ¿qué criterios se aplicarían? ¿Se pueden favorecer emisoras de distrito en Madrid, gobernado por la izquierda, y al mismo tiempo en Santander, con un alcalde del PP?

“En general, son figuras muy sujetas a los vaivenes políticos”, explica. “Es decir, qué criterios se van a seguir si por ejemplo grupos abortistas quieren su espacio y grupos pro vida o antiabortistas también”. “Al final se corre el peligro de caer en el control ideológico y la sovietización”.

Un Estado de naciones iguales: los ejemplos de Bolivia y Canadá

El Ministerio de la Plurinacionalidad, Administraciones Públicas y Municipalismo es una de las propuestas más rompedoras del programa. Podemos ha introducido con cierta naturalidad en el debate político un concepto bastante complejo, que nada tiene que ver con el federalismo. La plurinacionalidad es la que reconoce un solo Estado entre varias naciones políticas iguales.

“Es una alternativa a la declaración independentista de Cataluña”, dice Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas y Administración de la UNED. “Pero antes debería haber un referéndum para que Cataluña decidiera si quiere ser o no independiente”.

El único Estado verdaderamente plurinacional del mundo es Bolivia, según Pastor. Ahí se reconocen naciones indígenas. La diferencia con España es que comunidades como Cataluña y el País Vasco también reclaman una parte del territorio, mientras que en Bolivia lo que se reconocen son pueblos. Hay espejos similares en Canadá, con Quebec, y el Reino Unido, que no es propiamente un Estado plurinacional (no hay Constitución escrita y en teoría son reinos), pero se parece mucho.

“Las nacionalidades en España se han entendido en el sentido cultural del termino, pero algunas de ellas quieren ser también naciones políticas como la española”, dice. “El problema al final es que la Constitución se ha quedado vieja a medida que el desarrollo autonómico ha permitido el avance de identidades nacionales”.

La adhesión ideológica de los altos cargos

Es uno de los puntos más polémicos del documento, que fue corregido días después por Podemos. El compromiso político de altos cargos del Poder Judicial, la Policía y otros organismos del Estado fue muy criticado por diversas asociaciones. Manuel Almenar, presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, critica la “vieja tentación de controlar los órganos clave del Estado y, en particular, el Poder Judicial” con criterios que distan mucho del mérito y la capacidad.

“Si lo que se pretende es la regeneración democrática, si lo que existe es una pérdida de legitimidad de la democracia representativa o de la capacidad del Estado para resolver los problemas de los ciudadanos, la solución no pasa por el asamblearismo, ni por la consagración de la injerencia política como forma de conducta, ni por la conversión de los jueces en comisarios políticos, sino por una Justicia más Independiente, sujeta exclusivamente a la ley”, explica Almenar.

“Llama la atención que personas jóvenes, preparadas, muchas de ellas con estudios universitarios, puedan caer ahora en la vieja tentación de 'controlar' los órganos clave del Estado y, en particular, el Poder Judicial, mediante la designación de los miembros de su órgano de gobierno, no ya conforme a criterios de mérito y capacidad, sino de 'compromiso con el proyecto de cambio que deberán liderar', o, en otras palabras, afines al Régimen, socavando así la esencia de ese Poder Judicial y lo que le convierte en garantía de los ciudadanos y freno y contrapoder del ejecutivo y del legislativo: su independencia. Aunque el texto fue corregido dos veces, no parece un error", añade.

'Puertas giratorias', tasas judiciales y Ley Mordaza

El documento está salpicado de referencias clásicas del partido, como la prohibición de las famosas 'puertas giratorias' entre el poder político y el económico. Muchos de los aspectos del programa de Podemos tocan de lleno el Poder Judicial. No sólo los nombramientos, sino también el funcionamiento del sistema en su conjunto.

El partido de Iglesias propone una auditoria pública y externa del sistema judicial, una reforma integral de la fiscalía, la gratuidad y aspectos muy concretos, como la derogación de la Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

"Valoramos muy positivamente el compromiso de dar marcha atrás a las reformas más regresivas de esta última etapa, como la supresión del principio de jurisdicción universal, la la Ley de Seguridad Ciudadana o la fijación de unos plazos de imposible cumplimiento en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por otro lado, merecen apoyo las medidas para reforzar la justicia gratuita y sería un gran paso adelante que se pusieran en práctica las propuestas de reparación a las víctimas del franquismo”, dice Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.

“Además, consideramos correctas las propuestas de una auditoria pública del sistema judicial y de implantación de la oficina judicial, así como que se califique a la Justicia como servicio público. Sin embargo, en este ámbito existe cierta inconcreción y sería deseable que los compromisos fueran más precisos.

Finalmente, parece necesario reforzar la independencia judicial, ante las constantes injerencias del poder político en estos últimos años. En este sentido, sería interesante un compromiso con nuevos mecanismos de elección de los vocales del CGPJ", añade Bosch.

El Estado económico de Podemos

La estrategia económica de Podemos para la legislatura pasa por dotar de un papel central al Estado. Éste será el impulsor del consumo, de la inversión y de la transformación económica del país. Iglesias tirará de impuestos y de deuda para “fortalecer el Estado de Bienestar” y articular la creación de empleo y la modernización del país.

El responsable económico del partido, Nacho Álvarez, asegura que es capaz de mantener un crecimiento del PIB del 3% durante toda su legislatura, lo que convertiría a España en uno de los pocos países del mundo que acelera en esta fase de desaceleración. Es el ‘país económico’ de Podemos.

Según los cálculos del partido, para llevar a cabo su plan será necesario que el Estado aumente su volumen de gasto en 240.000 millones de euros a lo largo de la legislatura, una cifra que equivale a destinar cada año un 6% del PIB a elevar el Presupuesto. El gasto público aumentará a un ritmo de 26.000 millones cada año, de modo que el Estado gastará en 2019 casi 100.000 millones más de lo que lo hizo en 2015.

El plan de Podemos tiene un obstáculo evidente: Bruselas. En el ‘país de Podemos’, el objetivo de cumplir con el Pacto de Estabilidad se retrasa hasta 2019, siempre que la situación económica lo permita.

El partido cree que Bruselas permitirá flexibilizar los objetivos de déficit ya que “los actuales volúmenes de desempleo de la economía española son un argumento suficiente para justificar una situación de excepcionalidad”. De este modo, el ‘Estado de Bienestar’ se seguirá pagando con los recursos de las generaciones venideras, esto es, acumulando deuda.

La prioridad de Podemos es devolver al Presupuesto todo lo que el Gobierno del PP quitó en los últimos años. Para ello, elevará en 20.000 millones de euros anuales el gasto en sanidad, educación, dependencia y protección social como una medida de necesidad urgente. También aprobará un programa de Renta Garantizada por 15.000 millones.

¿Cómo se paga esto? Con impuestos y deuda. Podemos plantea un crecimiento acelerado de la recaudación del Estado, que permitirá que en 2019, la Hacienda esté recaudando casi 70.000 millones más de lo que recauda hoy, esto es, en torno a un 20% más. De esta cantidad, 28.000 millones procederán de la subida de los impuestos, 12.000 millones del fraude fiscal y 29.700 millones de aumentos en la recaudación producidos por el crecimiento económico.

José María Molinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) cree que es posible que la reforma fiscal y la lucha contra el fraude dé resultados, “es un proyecto ambicioso, pero realista, incluso en algunas partidas podría elevar los ingresos”, asegura Molinedo.

El partido asegura que este esfuerzo que exigirá el partido al sector público no tendrá ningún impacto negativo en el crecimiento económico, al contrario, España será uno de los países con un ritmo más vigoroso.

Podemos propone una reforma estructural en el modelo energético español, que vaya destinada a descarbonizar la economía, esto es, reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Lo conseguirá con políticas que afecten a la oferta, en primer lugar, gravando con un impuesto medioambiental a la producción de energía contaminante. Y, en segundo, impulsando la inversión en energías renovables. Desde el primer año de legislatura, Podemos elevará en 13.000 millones el gasto público destinado a invertir en la transición energética.

Todopoderoso vicepresidente “al servicio de la gente”

Cuando Iglesias se entrevistó con el rey Felipe VI en la primera ronda de consultas para la investidura después de las elecciones, mucha gente esperaba un bombazo, pero no de ese calibre. El líder de Podemos ofreció su apoyo a Pedro Sánchez en un gobierno de coalición con él de vicepresidente.

Iglesias cortó la respiración al líder socialista, que horas después se quedó sin margen de maniobra con el monarca. Es lo que en política se llama perder la iniciativa. El PSOE aguantó el tirón y el acercamiento a Ciudadanos dejó a Podemos en el rincón. La propuesta escrita de Podemos fue una manera de intentar recuperar el terreno perdido.

El documento otorga a la vicepresidencia, que reclama Iglesias, el control del CNI, la secretaría de Estado de Comunicación, el BOE, el CIS, las relaciones con las Cortes, una nueva oficina de derechos humanos y el control del asilo y los refugiados.

Además, prevé la creación de una nueva secretaría de Estado de Lucha Contra la Corrupción y El Crimen Organizado, que tendría una unidad policial propia de estructura independiente y un número “muy reducido” de puestos de libre designación.

El portavoz socialista en el Senado, Óscar López, se mostró preocupado por la “obsesión” del líder de Podemos por querer controlar a la Policía, los jueces, la televisión o el CNI. “Pablo Iglesias y humildad es un oxímoron”.