La infanta alega que el tribunal ha vulnerado sus garantías al dejarla en el banquillo de los acusados

La defensa de la infanta Cristina de Borbón ha presentado un escrito de protesta por la decisión de la Audiencia Provincial de Palma de mantenerla en el banquillo de los acusados, a pesar de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado entienden que no hay delito en su comportamiento.

En un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la hermana del Rey Felipe VI alega que la decisión del tribunal de no aplicarle la 'doctrina Botín' vulnera su derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, derechos recogidos en la Constitución.

Sus abogados Miquel Roca y Jesús Silva han presentado este escrito de cara a poder recurrir en casación una vez celebrado el juicio y dictada la sentencia. Las tres magistradas que juzgan el 'caso Noos' desestimaron la cuestión previa planteada por la defensa de la hija de Juan Carlos I, dando por buena la única acusación de Manos Limpias contra ésta. Sin embargo, el auto dictado por el tribunal no es recurrible hasta que no se dicte sentencia una vez celebrado el juicio, que arranca este martes y está previsto que dure hasta junio.

La Sala apoyó la tesis del juez de Palma José Castro, que imputó a Cristina de Borbón, de que “Hacienda somos todos”. Por tanto, aunque la Agencia Tributaria no quiera acusarla a través de la Abogacía del Estado, cualquier ciudadano puede pedir que se persiga un delito fiscal. La abogada del Estado defendió, durante la sesión en la que se plantearon las cuestiones previas, que la perjudicada de un delito fiscal es la Agencia Tributaria y si ésta no acusa, y la Fiscalía, que defiende el interés general, tampoco, no se puede permitir que una acusación popular asuma esta potestad.

El tribunal decidió que la infanta Cristina debía sentarse en el banquillo, acusada como cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales cometidos por su marido. En el caso de que, después del juicio, quedara absuelta de los delitos, su defensa podría recurrir la cuestión previa por la falta de legitimación de la acusación popular, para que el Tribunal Supremo se manifieste al respecto.

Vulneran la presunción de inocencia

Junto a la infanta, han planteado su protesta el socio de Urdangarín, Diego Torres, la mujer de éste, Ana María Tejeiro, el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y el abogado Salvador Trinxet. En el caso de éste último, en su escrito señala que se han vulnerado sus derechos al haberse abierto juicio oral contra él, “a pesar de que el relato fáctico consignado en el escrito de conclusiones provisionales de la acusación popular no es subsumible en precepto penal sustantivo alguno”.

Así, califica de “vago, genérico, impreciso y confuso del escrito de acusación de la acusación popular, así como la indebida incorporación del supuesto rendimiento probatorio de determinadas diligencias de investigación por un cauce legal e improcedente”.

Por su parte, Torres y Tejeiro alegan que no comparten “en ningún caso, dicho sea ello con el debido respeto y en estrictos términos de defensa, como no puede ser de otro modo, ni el contenido ni la decisión establecida” por el tribunal en el auto que desestima las cuestiones previas planteadas. Denuncian “la vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, a un proceso con las debidas garantías, a la defensa, a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, a la presunción de inocencia y demás que fueron denunciados en tal ocasión y, aún antes y aquí también, al haberles sido causada manifiesta y proscrita indefensión”.