El director ejecutivo de UNICEF, sobre Canarias: “Se los puede reubicar con el foco en los niños y no en el odio”

Por desgracia, la pobreza infantil no le es ajena. Y desde su parcela dentro del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia —que no es baladí— intenta encontrarle algún sentido a los datos para convertirlos en soluciones. A principios de año, UNICEF publicaba sobre informe sobre el Estado de la infancia en la UE.

Las cifras son devastadoras: 1 de cada 4 niños vive en riesgo de pobreza o exclusión social. En España no son mejores: 1 de cada 3 menores se encuentra en la misma situación. La tasa es una de las más altas de la UE, solo nos supera Rumanía.

Eso sí, matiza, "en el caso europeo o español no estamos hablando de la misma pobreza que en África o América Latina". Lo que ocurre en determinados países del mundo es "una pobreza máxima", mientras que lo que sucede en la UE se denomina "relativa".

El problema es el de siempre: la falta de inversión y de "atención" a los problemas estructurales, como la precariedad laboral o los precios de la vivienda. Y a pesar de la diversidad de los países de la Unión, "no hay una protección de la infancia, especialmente de la que esta situación de más vulnerabilidad, que asegure que no haya ningún niño que viva en riesgo", sentencia.

"Al límite"

De los 2.768.000 menores en riesgo en España, Vera destaca a aquellos "niños y niñas que viven en familias que están al límite". Es decir, aquellos 2.321.000 de pequeños que pueden "cruzar el umbral de la pobreza efectiva" en cualquier momento.

"Una distorsión en el empleo de los progenitores, en el alquiler, la necesidad de desplazarse hacia otra ciudad por algún motivo, una enfermedad en cualquiera de los miembros…" hace que todo se tambalee. Porque "no hay red, ni sujeción, ni una capacidad para que se pueda amortiguar ese cambio".

979.00 menores en España viven en riesgo de privación material, que es un paso más allá de esos que están "al límite".

Ese es el grupo más duro. Es una pobreza que es más palpable y que tiene unas características que se visibilizan. El 12,3% de los niños y niñas están en situación de privación social y material severa y ha subido además en el último año [en 2022 era el 10,3%].

¿Qué significa ese 12,3%?

Quiere decir que ellos sí viven en unas condiciones por debajo de las condiciones de dignidad material y social que les permitiría un desarrollo nutricional, educativo y sanitario completo. Son esos niños cuyas familias sí tienen que tomar decisiones del tipo esta semana o comemos carne o calentamos la casa o reparamos la mesa de estudio que se ha roto. Estamos hablando de necesidades básicas de comer bien, calentar la casa o poder estudiar.

Imagen de archivo de dos niñas. UNICEF EP

Parece que hablamos de una pobreza infantil invisible.

Estamos hablando de una pobreza infantil que tampoco es mendicidad en la calle o en hambre. Pero sí estamos hablando de condiciones extremas para un país como España. Es inaceptable. Estamos hablando de casi un millón de niños y niñas que están en esta condición.

¿Cómo se llega a esta situación? 

Es una combinación de factores. Por un lado, hay una pobreza infantil cronificada, estructural y que es muy difícil que se revierta. Por otro, la crisis financiera del 2008 tocó duramente, porque los niños y niñas sufren más las crisis y tardan más en recuperarse; son los menos beneficiados en la recuperación. En el caso de la pobreza infantil hay un cierto estancamiento.

Luego llegó la pandemia…

Y la inflación. El 'efecto Ucrania', con el incremento de precios energéticos, afecta más a los que tienen que decidir entre calentar la casa o comprar carne. Pero también ese tercio de las familias con niños y niñas que están en el límite. Es un shock eso de tener una inflación del 10% que no puedes soportar porque ya estás en esa fina línea. Por lo tanto, el impacto de la pandemia y la inflación ha hecho que los indicadores hayan vuelto a ir para atrás.

Estos casos de familias que viven al límite, que no tienen red de apoyo, suelen darse más en las áreas urbanas que en las rurales, especialmente en las grandes ciudades, donde se concentra la mayoría de la población, ¿no?

El grueso de la infancia está en ciudades medias o grandes. Y son especialmente sensibles a las zonas periurbanas, los cinturones de las grandes ciudades donde sí hay una presencia mayor de familias en situación de precariedad. Hay una responsabilidad municipal, sin lugar a dudas, de los servicios sociales en la detección y en la atención a los casos de una vulnerabilidad mayor. Y esto tendría que fortalecerse más de una forma especial en las grandes ciudades o en sus zonas periurbanas. Pero aún así no sería suficiente.

¿Cuál es la receta para luchar contra esta pobreza infantil?

Nosotros, [UNICEF], abogamos por sistemas de protección social y claro que tiene que haber programas y servicios focalizados en las situaciones de privación social más severa, en las de desprotección, en las de mayor vulnerabilidad y mayor riesgo. Pero la experiencia comparada con otros países a lo que te lleva es que los mecanismos que funcionan mejor son los que combinan esa focalización con un trabajo previo de protección social universal y de prestaciones universales.

La medida principal sería una prestación universal por crianza. Y la Ley de Familias ahora, aunque no estamos donde nos gustaría estar, se ha acercado algo más a ello.

¿Cómo tendría que ser esa prestación?

Sería una prestación universal por crianza no contributiva y asociada al impuesto del IRPF y con la posibilidad, por lo tanto, de que no haya que pedirlo, sino que venga de una forma automática, que salve toda la tramitología y la selección, esas dificultades que estamos viendo con el Ingreso Mínimo Vital.

¿Y funcionaría?

Vemos que los países que han implementado este tipo de prestaciones de una forma u otra han tenido un salto en reducción de la pobreza infantil, y que es significativo entre predistribución o posdistribución. Pero, a partir de ahí, hay que combinarlo con programas focalizados, en los que el ámbito municipal tiene una responsabilidad alta. Es importante esa parte de universalidad junto con una actuación sobre el factor vivienda y empleo.

La idea de fondo, por tanto, es la precariedad de las familias. 

Hablamos sobre pobreza infantil, pero los niños, salvo aquellos que están en el sistema de protección, que es un número minoritario, están en situaciones familiares, tienen padre, madre, tienen un núcleo familiar o un único progenitor.

Aunque hay diversidad, se podría caracterizar como una familia formada por madre, probablemente migrante, en situación de precariedad laboral y en materia de vivienda y con dos hijos. Además, hay mucha más pobreza infantil con padres extranjeros que con padres españoles. Y más con dos padres extranjeros que con uno migrante y otro español.

El foco que ponen en UNICEF para cambiar las tornas es la protección social.

Hay datos muy significativos de cómo países como Polonia, con prestaciones universales y una protección social de garantía infantil, de prestación universal de crianza, han conseguido una reducción de la pobreza infantil muy significativa. Estamos hablando de casi un 20% de gasto entre predistribución y post, mientras que España está en un 6% aproximadamente.

Justo desde UNICEF se denuncia que España dedica menos del 6% del presupuesto en gasto en protección social. ¿En qué se traduce?

Hay muy poca protección a las familias con niños. En España aún se las protege poco y mal. Esa es la realidad cruda. Ahora bien, hay que ver también el lado estructural, que es precisamente el que se refiere a vivienda y empleo. La precariedad suele coincidir con baja intensidad de trabajo en el núcleo familiar, ya sea desempleo, salarios bajos, o economía informal.

Esto último caracteriza especialmente a la población migrante.

Por eso hablamos de la necesidad de regularizar a esos 500.000 migrantes aproximadamente que estarían en situación de irregularidad en España. Es decir, que no tienen todavía toda su documentación en regla. Hay niños y niñas, y claro que ahí están los más afectados.

Porque, aunque sí estén empadronados –ahora empieza a haber algunos municipios que ponen alguna dificultad– y tengan acceso a la salud y a la educación, la situación de precariedad laboral de sus padres es altísima.

Pero esa no es la situación de la mayoría, ¿o sí?

Ese es el extremo en el ámbito laboral. A partir de ahí, podemos hablar de la economía de los cuidados y de sectores muy informalizados o precarios como el hostelero. El empleo es un factor clave.

¿Otro sería la vivienda?

La gente joven sabe bien lo que cuesta encontrar una vivienda. Pero si es una familia con dos hijos, que ya estás hablando de un piso mínimo en unas condiciones mínimas, con dos habitaciones, en una ciudad… es imposible. Te come el sueldo entero. Ahí empieza a haber también una precariedad y condiciones extremas.

Las situaciones estructurales como las comentadas por Vera son complejas de atajar, pero él insiste en que desde UNICEF apuestan por realizar "un abordaje doble que se produzca al mismo tiempo". Este, explica, constaría de una "protección universal para todos los niños y las niñas que se despliegue, además, de una forma ágil".

E insiste en que "uno de los principales problemas de los programas de protección a los más vulnerables está relacionado con los formularios y el acceso". Por eso, la ayuda "no acaba llegando a todos los que deben llegar". Esa prestación universal, además, tiene que "estar combinada con programas focalizados en las familias con una vulnerabilidad mayor". Así, concluye, las "situaciones de desamparo" no se darían. 

Menores no acompañados

Los menores extranjeros no acompañados entrarían directamente en esas situaciones de desamparo. ¿Dónde están estos chavales en la foto de la pobreza infantil en España?

En términos de pobreza infantil, en cuanto a privación social y material severa o pobreza de ingresos, no es asemejable porque cambia un poco el paradigma. Cuando hablamos sobre esos datos, fundamentalmente se trata de una inmensa mayoría de niños y niñas que viven con sus progenitores. En el sistema de protección de la infancia, aquellos menores bajo tutela de las comunidades autónomas, a pesar de los problemas que tienen y de sus propios retos, no se da una privación material.

¿Qué ocurre, entonces, con los menores que han llegado y están llegando a nuestras costas, especialmente Canarias?

Pues que llegan en una situación de extrema vulnerabilidad. Si hay unos niños y niñas en territorio español que tienen un sufrimiento en su historia son estos. Y los 5.600 más o menos que están en el sistema de protección canario, que está desbordado, son los que están en la situación de mayor desprotección y vulnerabilidad que hay.

Un grupo de menores no acompañados en Canarias. Alberto Valdés EFE

¿Qué habría que hacer?

Necesitarían una atención caso a caso, individualizada, que incluyera todos los factores, incluyendo su salud mental. Una detección de su interés superior, un conocer su historia, un abordaje cuanto antes para que realmente tengan una oportunidad en su vida y en su desarrollo futuro.

Son como todo niño que pisa territorio español, que tiene derechos. Independientemente de su origen, historia, ruta o lo que sea, son niños, y punto. Primero y ante todo son sujetos de derechos según la Constitución Española y la legislación internacional de la que España forma parte, y que ha firmado y es de obligado cumplimiento.

El problema está en que Canarias está colapsada.

Cuando un sistema de protección se desborda, como es el caso canario, la desprotección es gigante, porque estamos hablando precisamente de niños y niñas con un sufrimiento atroz, en una ruta terrible, donde les ha pasado absolutamente de todo, han puesto en riesgo su vida, han sido explotados… Y encima con lo que se encuentran es con un sistema que no tiene los mínimos para poderles atender.

Tienen los básicos de una cama y una comida, pero están fuera del sistema educativo. Por supuesto, pensar en una atención a su salud mental queda lejos de lo que las instituciones pueden ofrecer.

La situación parece inasumible.

Y ahí estamos; es una contradicción. Por un lado, son muchos para el sistema de protección canario, eso es indudable. Está sobrepasado, tiene una capacidad para unos 2.000 o 2.500 y está en 5.600 personas.

Pero estamos hablando de 5.600 chicos y chicas en un país de 48 millones, con la capacidad institucional, política y social que tiene España. Por supuesto que es perfectamente posible, si se ponen medios y se ponen recursos y si hay voluntad política.

¿Y qué hay de la reubicación?

Debe haber una reubicación, pero debe estar acompañada de recursos desde el Estado, desde el gobierno central, y de capacidades y de un fortalecimiento del sistema de protección canario a su vez. No olvidemos que, incluso en el hipotético caso de máxima reubicación, seguirían quedando un número de chicos o chicas alto y seguirá aumentando porque las semanas próximas comienza la época menos peligrosa para las rutas y las llegadas se suelen incrementar.

¿Es realmente posible que se dé esa reubicación acompañada como la que propone?

¿Es eso retador? Sí, pero es posible si hay voluntad política y el foco está puesto en los niños y no en el debate político partidista o en la agenda de mensajes que aprovecha para meter mensajes de odio contra chavales que se han jugado la vida.

Es perfectamente posible, pero si el debate gira hacia un asunto más de la agenda partidista y encima se le añade una exacerbación de los mensajes de odio por parte de algunos colectivos, entonces sí se convierte en un problema. Pero no por causa de los niños y niñas, sino de quienes no están siendo capaces de dar una solución.

Este utilizar a estos adolescentes para los reproches partidistas, ¿está exacerbando los discursos del odio?

Sí. Y si en vez de trabajarse de una manera coordinada, integrada, llevando a la luz pública lo que toca, pero sin acudir primero a la agenda político-mediática y luego a ver qué pasa, se trabajase juntos para construir y para hacer esa política pública, se podría avanzar. El contraejemplo positivo es el caso de Ucrania y la respuesta a la crisis de los refugiados ucranianos, que no fue perfecta, pero que demuestra que hay capacidad de respuesta.

Vera hace refencia así al "pico" de acogida y movilización: "En poquísimos meses se movilizaron recursos para que llegase una población refugiada significativamente mayor" a la que estamos viendo en Canarias. En aquel momento, recuerda el director de UNICEF España, "se rompieron algunas ataduras de la regulación, se cambió la reglamentación para dar una respuesta que fuera adecuada a esa urgencia".

Por eso, insta a las Administraciones a hacer lo mismo: "Comportarse desde las Administraciones públicas sin atender al color político, sino a la población y a las personas que estaban llegando".

Pero no está sucediendo.

Esto debería ser igual, máxime si estamos hablando de niños y niñas. Aunque no lo es, porque si lo fuera se apaciguarían los mensajes de odio. Pero cuando los menores empiezan a lanzarse como arma arrojadiza entre Administraciones públicas y entre partidos, crea un caldo de cultivo que acaba con mensaje de 'esto es un mal que queremos evitar'.

Y no, son niños y niñas que han huido de la miseria y de las guerras que han arrasado en algunos casos sus aldeas, como ocurre con quienes llegan de Mali. Son chavales que huyen de estas situaciones y que lo que necesitan cuando llegan es una acogida, no que les pongan en medio de una refriega política, ni de los discursos de odio en las redes. Bastante tienen encima.

Dice, entonces, que se podrían movilizar los recursos para reubicarlos y, además, acompañarlos.

Claro que es retador, pero cómo no va a haber profesionales suficientes en este país como para atenderlos. Hace falta establecer las reglas y las pautas, dotarlo de suficientes recursos, dar seguridad a las comunidades autónomas de que esos recursos estarán, que en las CCAA haya una planificación que pueda anticipar también unas capacidades mayores para una acogida mayor… Pero no es que no estamos hablando de una reconversión del país en otra cosa; es algo que, en fin, en términos política pública es perfectamente posible.