Aprobada 'in extremis' la Ley de Restauración de Naturaleza que aspira a una Europa sin ecosistemas degradados

Europa tendrá Ley de Restauración de la Naturaleza. Este lunes, 17 de junio, la Unión Europea (UE) ha aprobado la legislación que insta a los Estados miembros a no solo velar por la protección, sino también por la recuperación medioambiental de una quinta parte de la tierra y el mar para 2030. Tras meses de bloqueo, la norma ha salido adelante después de que Viena se sumara al "sí" en la víspera de la votación. 

El Consejo de la UE ha alcanzado, por poco, el porcentaje necesario para su aprobación: un 66,07% de la población del bloque comunitario, lo que supera el porcentaje de 65% requerido para blindar su proceso de tramitación, una que, en palabras de la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha sido "desde el punto de vista institucional" una "película de terror". 

Tras superar múltiples intentos de veto en todas las etapas en su tramitación, esta había vuelto a encallar cuando solamente faltaba la aprobación formal del Consejo, tras un cambio de posición de Hungría el pasado marzo. Esta decisión supone un cambio de paradigma en la política ambiental europea, al establecer un compromiso firme con la recuperación de los ecosistemas dañados y la promoción de la biodiversidad.

Sin embargo, igual que ha contado con el apoyo de diversos sectores y organizaciones ambientales, también se convirtió en estandarte de las protestas agrícolas que sacudieron Europa a principios de año.

Pionera en la UE

La Ley de Restauración de la Naturaleza es la primera de su tipo en la historia de la Unión y marca una diferencia más que trascendental en su política medioambiental. Establece objetivos jurídicamente vinculantes en siete áreas específicas, incluidas las áreas de cultivo, orientados a la restauración de hábitats diversos a gran escala y la repoblación de poblaciones de especies en peligro. 

Entre otras imposiciones, insta a los Estados miembros a reparar al menos el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos degradados del bloque de cara al año 2030, así como la totalidad de los mismos para 2050. Asimismo, para mejorar la biodiversidad de los agroecosistemas, los países deberán avanzar en dos de los tres siguientes indicadores: el índice de mariposas de los pastizales, las reservas de carbono orgánico en suelos minerales de tierras de cultivo y la proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas diversas.

Para lograr los objetivos marcados, los gobiernos deberán elaborar planes nacionales de restauración en los que deberán detallar cuál será el procedimiento para mejorar el estado de los ecosistemas degradados. En lo que a los bosques respecta, la nueva norma impulsará la preservación de las zonas forestales con el compromiso de plantar 3.000 millones de árboles más en la UE y restaurar al menos 25.000 kilómetros de ríos para que estos fluyan libremente. 

En esta misma línea, otro de los deberes impuestos a los países es que tomen medidas para procurar que en 2030 no haya una pérdida neta en el área nacional total de espacios verdes urbanos y de cubierta de copa de árboles urbanos en áreas de ecosistemas urbanos en comparación con el 2021. Además, el texto les invita a aumentar esta cifra a partir del 2030.

A petición del Parlamento, la ley incluye un freno de emergencia que permitirá dar un paso atrás en los objetivos marcados para los agroecosistemas en circunstancias extraordinarias si merman en gran medida las tierras necesarias para una producción suficiente de alimentos en la UE. 

Una tediosa tramitación

En cualquier caso, la Ley de Restauración de la Naturaleza no ha copado titulares solamente por su articulado. El texto también ha sido ampliamente rechazado por la derecha europea. A finales de febrero, el Parlamento Europeo lo respaldó dejando solamente un paso pendiente antes de su aprobación definitiva: la ratificación por parte de los 27 Estados miembro.

Sin embargo, se enfrentó al voto en contra del gobierno de Víktor Orbán en Hungría, con el que se creó una minoría de bloqueo completada por Finlandia, Suecia, Países Bajos, Polonia, Bélgica, Italia y Austria. 

"Desde el punto de vista institucional, lo que hemos visto ha sido, yo diría, una película de terror", expresó esta mañana Ribera sobre su proceso de tramitación, asegurando que le ha sorprendido "la manera en la que se ha abierto una batalla cultural en torno a algo que es obvio: no hay empleo en un planeta muerto, no hay seguridad alimentaria en un planeta degradado".

Este lunes, el paquete de normas se ha aprobado, en la votación de los Estados, por 20 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. Son los mismos países que inicialmente se mostraron contrarios a adoptarla, con la abstención de Bélgica, pero con la excepción de que Austria ha inclinado la balanza a su favor. 

"En 20 o 30 años, cuando le enseñe la belleza de nuestro país a mis nietas y me pregunten qué hiciste tú, les diré que todo lo que pude para preservarla", ha dicho a su llegada al consejo la ministra austríaca de Medioambiente, la ecologista Leonore Gewessler. Este giro de acontecimientos le habría también un enfrentamiento con sus socios de gobierno, el Partido Popular (ÖVP).

La cancillería federal austríaca, en manos del ÖVP, alega que el voto de Gewessler viola la Constitución del país por no representar la voluntad general de los gobiernos regionales de Austria y de los ministerios afectados. En este sentido, la jefatura de Gobierno ha anunciado que presentará un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

"Suponemos que el TJUE se pronunciará a tiempo, de modo que no será necesario presentar planes nacionales de recuperación por adelantado y, por tanto, el innecesario exceso de regulación quedará sin efecto", ha indicado un portavoz a la agencia austríaca APA. Por su parte, Gewessler ha defendido su decisión, adelantando que la demanda ante el TJUE no tendrá suficiente base legal. "Lo espero con calma", ha expresado desde Luxemburgo.