"Un estacazo mortal para la independencia del sistema judicial". "Israel se convertirá en una dictadura". "Un peligro para la democracia". Estas son solo algunas de las maneras en las que han definido sus detractores la reforma del poder judicial que quiere llevar a cabo el Gobierno de Benjamin Netanyahu, el más religioso y conservador de la historia del país. 

La mayor parte de quienes se oponen a las intenciones del primer ministro se encuentran en el centro y la izquierda del espectro político. Sin embargo, como explicaban en febrero en el New York Times, también produce malestar entre los votantes de la coalición que gobierna el país desde finales del año pasado –formada por el partido de centroderecha Likud, la derecha radical y los ultraortodoxos–.

Y es que Israel ha estrenado el año en medio de una crisis política, que los medios nacionales califican "sin precedentes", y que no tiene visos de acabar. Más allá de la espiral de violencia que israelíes y palestinos han venido viviendo desde enero, las propuestas legislativas de Gobierno de Netanyahu, explican en el diario israelí Haaretz, podrían "debilitar significativamente el sistema judicial del país y otorgar un poder casi ilimitado a la coalición del Ejecutivo". 

Eso es, precisamente, lo que ha llevado a la población a movilizarse en el ya conocido como 'día de la disrupción'. Toda una declaración de intenciones que pretende, según los convocantes, "alterar el orden público, sacando a decenas de miles de personas a la calle a lo largo y ancho del país". Y, por el momento, parece que lo están consiguiendo. 

Mujeres paseando vestidas como los personajes de El cuento de la criada, la adaptación televisiva de la novela de Margaret Atwood, bloqueos en carreteras y autopistas que unen Tel Aviv y Jerusalén o el uso de granadas aturdidoras contra civiles. Esas son algunas de las estampas con las que ha amanecido el primer día de marzo en Israel. 

El movimiento ciudadano ha intentado, durante todo el día, frenar una reforma legislativa que, según el presidente del Tribunal Supremo de Israel, el fiscal general, antiguos primeros ministros, generales retirados y los líderes empresariales, podría tener "consecuencias funestas". 

Incluso el presidente de la nación, Isaac Herzog, ha pedido al actual Ejecutivo que busque el consenso antes de aprobar una reforma que dejaría al país "al borde del colapso social y constitucional". En el consenso está la solución, según asegura el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en declaraciones recogidas por el New York Times.

Y es que en algo están todos de acuerdo: el sistema judicial necesita modificaciones, pero, asegura la organización del 'día de la disrupción', mucho más "sutiles" que las propuestas. 

Menos control del Supremo

Uno de los principales puntos de fricción de la propuesta del Gobierno de Netanyahu está en la cláusula de anulación que incluye la propuesta de ley. Con ella, se permitiría que una mayoría simple de la Knéset –el parlamento israelí– tuviese la capacidad de revocar sentencias del Tribunal Supremo. 

[Más de 100.000 personas protestan en Israel contra la reforma judicial del presidente Netanyahu]

Tal y como recuerdan desde Hareetz, Israel no tiene una Constitución y, por ello, la separación de poderes es "débil". Especialmente, porque el partido que gobierna suele tener mayoría en la Knéset. El Tribunal Supremos es, por tanto, uno de los pocos órganos de control del poder Ejecutivo y del Legislativo. Son sus miembros los únicos que tienen la capacidad de cuestionar las normas y leyes que se aprueban en el país. 

Con la legislación actual, el Supremo puede derogar leyes que vayan en contra de las Leyes Básicas de Israel. La modificación que busca Netanyahu podría, dicen los opositores a la norma, difuminar una línea de derechos humanos ya muy fina de por sí. 

En el diario israelí ponen un ejemplo muy claro de los problemas que implica esta cláusula de anulación: "Si el Gobierno quisiese aprobar una ley que despoja a las mujeres israelíes de sus derechos, el Supremo podría frenarla porque contradice las Leyes Básicas de Israel sobre Dignidad Humana y Libertad".

Sin embargo, explican, "la cláusula de anulación propuesta permitiría que el Gobierno reinstaurase una ley discriminatoria si 61 miembros –de 120– de la Knéset votasen a favor".

La propuesta de ley de Netanyahu, por tanto, podría abrir la puerta a la ilegalización de partidos políticos, cambios en el sistema electoral o el menoscabo de la libertad de prensa. 

Nombramientos de jueces

La reforma propuesta por la coalición de Gobierno cambiaría, de manera fundamental, el proceso en el que se eligen y nombran los jueces. Algo que podría suponer un duro golpe para la independencia del sistema judicial. 

El sistema de nombramiento actual lo lleva a cabo un comité con el mismo número de representantes políticos, judiciales y legales en activo. Un procedimiento que, en los últimos años, está bajo escrutinio mediático y civil, y del que se ha dicho en numerosas ocasiones que necesita reforma.

[El Supremo de Israel anula el nombramiento del ministro que devolvió a Netanyahu al poder]

Sin embargo, la propuesta de Netanyahu y su Administración cambia por completo el balance de poder, dándole al Gobierno una mayoría automática y control completo sobre los nombramientos de jueces. 

Netanyahu, a juicio

Algo que se repite una y otra vez en los medios israelíes es el juicio por corrupción contra el primer ministro del país. Ahora mismo, Netanyahu se enfrenta a acusaciones de soborno, fraude y abuso de confianza, investigación que lleva a cabo el Tribunal del Distrito de Jerusalén desde mayo de 2020.

Los periodistas de Israel apuntan a la paradoja de que un "gran defensor de la independencia judicial" como Netanyahu, ahora que se enfrenta a una investigación legal, abogue por el control. Y es que, indican desde Hareetz o el Jerusalem Post, con el cambio en la norma, el caso contra el primer ministro podría quedar en papel mojado. 

Cómo afecta la reforma a los palestinos

La reforma propuesta por el Ejecutivo, según los medios del país, podría ser una lanza envenenada que, en un futuro, permitiese que los partidos ultraortodoxos aprobasen leyes que vulnerasen derechos civiles de los israelíes e impusiesen leyes religiosas a todo el país. Algo que, bajo la vigilancia del Tribunal Supremo, sería prácticamente imposible que ocurriese. 

Además, esta reforma está apoyada por el Partido Sionista Religioso, un grupo político de extrema derecha, quienes podrían usarla para expandir –aún más– los asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada. Según el analista militar israelí Ron Ben-Yishai, en declaraciones a Hareetz, "este partido quiere que la reforma se apruebe para convertir Israel en un verdadero Estado de apartheid".

Aunque Amnistía Internacional, otras organizaciones de derechos humanos e incluso relatores de Naciones Unidas ya lo consideren como tal. Según el Global Centre For The Responsability To Protect, alrededor de 700.000 personas viven en asentamientos ilegales en los Territorios Palestinos Ocupados y cerca de 4,5 millones de personas no pueden circular libremente ni votar.