La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, se ha personado este miércoles en el corazón de Doñana con un plan bajo el brazo dotado con 356 millones de euros. 

El objetivo es recuperar sus masas de agua, frenar su deterioro y garantizar su conservación. En definitiva, frenar su deterioro. Para ello, el Gobierno tiene previsto, dentro del denominado Marco de Actuaciones para Doñana, la compra de fincas colindantes para reducir los derechos de riego.

También la puesta en marcha de medidas para recuperar los acuíferos sobreexplotados para buscar alternativas para proporcionar agua para el riego o para el abastecimiento de Matalascañas. Entre estas medidas destacan la sustitución de aguas subterráneas en La Rocina y en Los Hatos por aguas superficiales que permitirá recuperar el nivel de la masa de agua. "Sabemos que estamos al límite de disponibilidad de agua en el parque", ha remarcado Ribera, y Europa está al acecho.

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La ministra ha presentado el plan en dos fases. En primer lugar, en una rueda de prensa y, posteriormente, en el teatro Salvador Távora de Almonte, ante representantes de asociaciones agrarias, ecologistas y expertos científicos e investigadores, donde han podido intervenir con posiciones muy encontradas. El acto ha sido retransmitido en directo.

El Gobierno central también trabajará en diversas obras de depuración y en la protección del espacio marítimo-terrestre reconectará la marisma con el río Guadiamar, lo que permitirá recuperar su dinámica natural, perdida hace más de 50 años.

Esta acción, junto con la renaturalización de la finca Los Mimbrales -comprada por el anterior gobierno- y del arroyo del Partido, cuentan con un presupuesto de 20,7 millones de euros y permitirán recuperar el equilibro ambiental del Parque Nacional.

El Gobierno tiene previsto nombrar un responsable que coordine el citado plan, aunque en el acto la ministra no ha dado el nombre de la persona que se encargará. Otro de los objetivos será fomentar el conocimiento.

118 millones ya en ejecución

Para todas estas acciones el Ministerio ha consignado un presupuesto de 356,3 millones, de los cuales se prevé que 118 millones (el 33%) estén ya en ejecución a lo largo de 2023.

El deterioro que sufren amplias zonas de Doñana ha sido provocado por la intensificación de la acción humana y sus efectos se han visto agravados por el cambio climático en las últimas décadas, ha señalado la ministra. La marisma, el puntal principal sobre el que se sostiene el ecosistema, perdió la mayor parte de su aportación natural antes de la creación del Parque Nacional con el desvío del río Guadiamar.

Así, Ribera ha señalado que el crecimiento de la agricultura intensiva en la periferia de Doñana, basada en las extracciones del acuífero, ha provocado "un grave impacto en las aguas subterráneas", de forma que tres de las cinco masas de agua que forman este acuífero (Rocinas, Almonte y Marismas) han sido catalogadas como "en mal estado".

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Del presupuesto total se dedicarán 7,8 millones de euros a reforzar el cierre de pozos ilegales --210 han sido cerrados ya--, al control del consumo en las concesiones y el seguimiento de cultivos en regadío mediante imágenes de satélite y la guardería fluvial.

Polémica con la Junta

Por su parte, la Junta de Andalucía ha saludado estas inversiones, pero el plan no está exento de polémica. Aunque han estado presentes algunos miembros de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, el consejero del ramo, Ramón Fernández-Pacheco, no ha podido asistir por cuestiones de agenda. La invitación al acto llegó el pasado jueves.

También porque le hubiera gustado participar activamente en la elaboración de este plan. Hace unas semanas, el mismo consejero envió una carta al secretario de Estado de Medio Ambiente pidiéndole una reunión "con espíritu constructivo" para hablar sobre Doñana.

Al respecto, no ha habido respuesta. La ministra ha asegurado que mantuvo una conversación con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la COP celebrada en Egipto hace unas semanas y le anunció su visita. No obstante, ha explicado que el documento se someterá a exposición pública hasta mediados de enero, por lo que la Junta tendrá opciones de presentar sus alegaciones. 

Críticas de la Junta

Por su parte, el propio consejero ha criticado el plan anunciado. "La ministra ha visitado Doñana con muchos titulares, pero muy pocas soluciones". Para el también portavoz andaluz, se trata de una "deslealtad institucional" que el Gobierno central ignore a la Junta y la convoque a un acto, "al mismo nivel que al resto de invitados",

"Ha venido a salvar Doñana sin contar con Doñana ni con la dirección del parque nacional", ha criticado. A su juicio, lo que necesita el espacio es "un gran pacto que orille nuestras diferencias y que se centre en las soluciones que de verdad necesita este gran tesoro ambiental".

Esta nueva polémica se produce después de que, en la anterior legislatura, el PP, Cs y Vox presentaran una proposición de ley en el Parlamento andaluz sobre la regulación de regadíos en el entorno del espacio natural. El objetivo era regularizar unas 1.500 hectáreas de regadíos que se quedaron fuera del anterior plan para solucionar la situación de muchos agricultores de la zona, lo que encendió las alarmas incluso en Europa. Por su parte, el PSOE se abstuvo, pero el asunto quedó sobre la mesa tras el adelanto electoral.

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Sin embargo, ahora el Gobierno andaluz, con mayoría absoluta del PP, no tiene previsto elevar de nuevo a la sesión plenaria ningún proyecto de ley referente a ese polémico asunto. La Junta insiste en que lo fundamental es llegar a un acuerdo entre todos, tal y como ha reclamado en esta misma jornada el presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, el biólogo Miguel Delibes.

La ministra, por su parte, ha descartado esta regularización de estas hectáreas. "Es una barbaridad. Queremos un Doñana vivo, no un Doñana muerto. De nada sirve beberse hoy todo el agua con propuestas populistas que no resuelven nada", ha concluido.

No obstante, la polémica está servida. Los alcaldes socialistas de la zona del Condado de Huelva no acudieron a la presentación al no respaldar la política estatal sobre un tema sensible que afecta a la mayor parte de la población. Según informa ABC, tampoco acudió la presidenta de la Diputación y secretaria provincial socialista, María Eugenia Limón, en rechazo a la política del Gobierno en este asunto.