La tramitación parlamentaria de la proposición de Ley de mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva en el entorno de Doñana, por la vía de urgencia, sigue su curso. Y lo hace encendiendo de nuevo todas las alarmas, tanto dentro y fuera de Andalucía y a nivel europeo, desde donde miran con lupa cualquier nuevo paso.
Esta proposición fue aprobada el pasado 9 de febrero con los votos de PP, Cs y Vox y con la abstención del PSOE-A para regularizar unas 1.460 hectáreas de cultivo y la situación de agricultores afectados de la zona, que se quedaron fuera de un plan de ordenación que la Junta ejecutó en 2014.
Este marco normativo dictaminó, tras décadas de inacción, qué terrenos eran susceptibles de ser considerados de regadío y cuales no. Se regularizaron 9.000 hectáreas, dependientes del Acuífero 27, y se dejaron fuera 1.460 ubicadas en estos municipios, que fueron declaradas como forestales pese a ser de regadío. Son estos agricultores los que reclaman.
"Es hacerse trampas al solitario", condena el presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana
Este martes la comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz ha acogido una larga jornada con una veintena de comparecencias, en el marco de esta tramitación. Entre los comparecientes debería haber estado la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, pero finalmente no ha asistido.
Su ausencia ha provocado las críticas de los grupos PP, Ciudadanos y Vox al considerar que ha sido "un desprecio" para los agricultores. Especialmente cuando se ha manifestado varias veces en contra de esta proposición advirtiendo incluso al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de posibles sanciones y de llevarlo incluso al Tribunal Constitucional, cuando su propio grupo se abstuvo en la Cámara andaluza. La situación es complicada.
Sí han acudido representantes y alcaldes de las localidades afectadas, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, agricultores, representantes de comunidades de regantes, sindicatos y ecologistas, y el presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana, Miguel Delibes de Castro, que ha sido especialmente crítico.
"Es un bofetón"
Delibes, al que se le entregó hace unas semanas la Medalla de Andalucía por su labor en el Parque Nacional, ha calificado de "irrespetuosa y desleal" con el agua y con la Junta la regulación de estos regadíos que proponen PP, Cs y Vox, de la que ha dicho: "Es hacerse trampas al solitario".
Durante su comparecencia, ha asegurado que cuando que al conocer la iniciativa comunicó a Juanma Moreno su opinión "crítica". A su juicio, la proposición es "muy desleal con el Consejo de Participación de Doñana y ha sido una sorpresa, un bofetón".
"Europa no va a aceptar esta ampliación de regadíos", avisa Delibes
El presidente del Consejo de Participación ha detallado que el plan de regulación de la zona de 2014 fue aprobado por amplia mayoría, que recibió 3.000 alegaciones y que fueron contestadas.
"Decir ahora la contrario es irritante porque el plan fue aceptado como pacto por la UE, la Unesco y el Estado español", ha señalado Delibes, que cree que la propuesta del PP, Cs y Vox supone "agitar un avispero y es poco creíble", a lo que ha sumado las posibles sanciones europeas. "Europa no va a aceptar esta ampliación de regadíos", ha avisado.
Los agricultores, a favor
Sin embargo, las organizaciones agrarias Asaja y UPA han respaldado la proposición de ley porque ven muy necesario "una herramienta" que aporte seguridad jurídica a los agricultores", con independencia, han asegurado, del color político de quien la proponga.
A juicio de sus representantes, Félix Sanz y Cristóbal Cano, respectivamente, esta proposición busca "reparar una injusticia cometida" con el anterior plan sobre estos terrenos, elaborado en 2014.
"El agua subterránea es del Estado", afirma Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Por su parte, los alcaldes de los municipios afectados por la proposición de ley han mostrado sus dudas y críticas al respecto. El de Lucena del Puerto, el independiente Manuel Mora, ha sido el único que se ha mostrado abiertamente a favor de la misma.
Sin embargo, muy contundente ha sido la explicación del agricultor Francisco Palomo Betanzos. Heredó la tierra de su padre y ahora se encuentra con este problema. "Trabajo de lunes a lunes y no llego a ganar los 600 euros", ha detallado.
Fuera de la comisión, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, se ha pronunciado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo. Para Crespo, la solución pasa por la ejecución de diferentes obras hidráulicas por parte del Gobierno que traerían consigo el aporte de aguas superficiales para el entorno de Doñana y evitar el uso de las aguas subterráneas del acuífero.
"El agua subterránea es del Estado", ha afirmado Crespo, quien ha situado su gestión en manos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En esta línea, la consejera ha recordado que desde 2018 está aprobado por ley el trasvase de agua de la Demarcación del Tinto-Odiel-Piedras que proporcionaría 19,9 hectómetros cúbicos de agua a la zona.
La ministra, en el Senado
Por su parte, la senadora de Ciudadanos por Huelva, María Ponce, ha registrado una solicitud de comparecencia de la ministra Teresa Ribera en el Senado para explicar su postura sobre esta proposición de ley. Todo ello, al haber declinado abordar este asunto en el Parlamento andaluz.
En cualquier caso, aún existen al menos 26 solicitudes de comparecencia en tramitación de la ministra ante esta Comisión de Transición Ecológica para abordar distintos temas.