Cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, activó el botón del adelanto electoral, varios proyectos legislativos quedaron pendientes. Entre ellos, el inicio de la tramitación de la ley sobre la revisión de terrenos forestales del norte de la Corona Forestal de Doñana para su calificación como suelos agrícolas regables.
Salió adelante el pasado mes de febrero, mediante una proposición de ley aprobada a dos bandas. Por un lado, la presentada por PP y Cs y, por otro, la de Vox, que quiso hacerlo de manera independiente. Todo ello con la abstención del PSOE, contradiciendo la postura del Gobierno central de Doñana no se toca.
Ahora la guerra política vuelve a avivarse y en plena sequía. Primero, por la premura de los agricultores propietarios de esas hectáreas que se quedaron fuera del Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD) aprobado en 2014. Ascienden a 1.460 y pasaron a ser declaradas como forestales.
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Las tierras están ubicadas en las localidades de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva). Muchos de estos pueblos están gobernados por alcaldes del PSOE.
De ahí, el otro hándicap por el que vuelve a la palestra: la cercanía de las elecciones municipales. Cuando se votó la iniciativa, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, reconoció que en la zona hay un problema y su grupo no puede mirar para otro lado. Por eso el partido se abstuvo y no emitió el voto en contra.
Pero el verdadero problema radica en cómo atajarlo y también en cómo evitar la pérdida del voto socialista en la zona. Para Vox también es un caladero importante, aunque en las autonómicas quien arrasó fue Juanma Moreno. De ahí que los agricultores vuelvan a presionar para que se tramite de nuevo la norma ya con la mayoría absoluta del PP.
No están en el parque
Las hectáreas, ahora en liza, no se encuentran ni en el interior del espacio protegido de Doñana ni tampoco cerca de su linde. Están a 30 kilómetros. Tampoco la propuesta habla de darles agua procedente de los acuíferos, algo que es ilegal, sino que el riego que en un futuro puedan tener provenga de aguas superficiales y que las tierras dejen de ser forestales y sean consideradas suelo agrícola regable (SAR).
Es decir, según defienden los populares, "del parque no se va a tocar ni un milímetro de agua" porque, en el fondo, la propuesta busca regularizar y poner coto al uso del agua ilegal dando alternativas.
En declaraciones a EL ESPAÑOL el parlamentario andaluz Manuel Andrés González (PP) por la provincia de Huelva asegura que van a registrar la proposición de ley pero antes van a madurar el texto e incluirán las enmiendas de los agricultores para "dejar aún más claro que Doñana no se va a tocar".
Además, insiste en que sólo se regularizarán aquellas hectáreas en las que se demuestre que habían sido cultivadas antes de que entrara en vigor el POTAD. Calculan que unas 700.
Tres obras del Gobierno
La proposición de ley esconde de que su viabilidad, y la posibilidad de que estas hectáreas puedan acogerse a un regadío de aguas superficiales, depende de tres obras hidráulicas históricas que son competencia del Gobierno central. Hoy ninguna de ellas se ha ejecutado, lo que pone contra las cuerdas al Gobierno central y al PSOE.
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Pero desde el PP sostienen que sin la ley, cuando se realicen estas obras, no van a poder acceder el agua al no tenerlas regularizadas, y sin las obras, aunque se apruebe la norma, tampoco. De igual modo, insisten en que ahora el momento es muy complicado por la sequía actual, pero aseguran que desde el partido harán "justicia" con estos agricultores.
La laguna de Santa Olalla seca, en el Parque Nacional de Doñana, a 2 de septiembre de 2022.
Vox mantuvo este lunes una reunión con la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado con el fin de actualizar información respecto a la proposición elevada el pasado mes de febrero y la presentarán en esta semana si no hay cambios significativos. Y lo harán con o sin el PP, ha advertido el portavoz parlamentario del partido, Manuel Gavira.
Sin embargo, el socialista Juan Espadas ahora sí asegura que su grupo negará "validez jurídica" a cualquier tipo de "paños calientes" que se quieran promover por parte de la Junta para la regularización de estos regadíos.
Otra fórmula para su tramitación podría ser como proyecto de ley que emane del propio Ejecutivo, pero los regantes creen que este camino sería más largo.
"Ni un capotazo más"
Por su parte, desde la citada plataforma, su nuevo portavoz, Julio Díaz, que conoce todo el proceso parlamentario al ser exdiputado por Ciudadanos por la provincia, destaca el hartazgo de los agricultores afectados. "No tienen ni un capotazo más porque no es una cuestión de agua, sino de organización del territorio".
En cualquier caso, está previsto que en estos días el presidente de la Junta, Juanma Moreno, visite en Ifema la feria Fruit Attraction 2022 con este asunto sobre la mesa. Un tema que en los próximos días puede volver a encender de nuevo todas las alarmas, tanto dentro y fuera de Andalucía y a nivel europeo, desde donde miran con lupa cualquier nuevo paso que se dé en torno al parque.