Asalto al estilo "casa de papel" en la provincia de Cuenca contra las obras que nadie quiere

Los vecinos de Quintanar del Rey (Cuenca) siguen luchando con originalidad contra la construcción de una macrogranja de cerdos que se está levantando a solo 300 metros del pozo de agua del que beben los casi 8.000 habitantes de la localidad, cuya salubridad consideran que se verá terriblemente comprometida de comenzar la actividad ganadera prevista. Si hace una semana enseñaron el trasero con un "macacrocalvo a la macrogranja", este domingo se han vestido como los personajes de la famosa serie de Netflix 'La casa de papel' para "asaltar" la polémica polémica instalación.

Ataviados con los famosos monos rojos y caretas que lucen habitualmente los miembros de la banda del Profesor, los quintanareños han tomado las armas (de plástico, eso sí) para hacerse con el contol de la macrogranja "bajo la atenta mirada de las fuerzas de seguridad", según han asegurado en una nota de prensa los organizadores de la performance, la asociación Quintaverde Pueblo Vivo.

"En Quintanar del Rey no piensan parar. Los vecinos no pueden entender cómo la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Dirección General de Economía Circular pudieron otorgar una Autorización Ambiental Integrada con tantas irregularidades", aseguran antes de recordar que "en el informe que se autorizó no se había consultado al pueblo de Quintanar del Rey ni a la Confederación Hidrográfica del Júcar, también se sobrepasaba el porcentaje de ocupación permitido por ley en un 30 %, no se presentó plan de gestión de purines ni tenían ningún plan de contingencia en caso de filtraciones que pudieran llegar al agua del pozo provocando su contaminación, además de ignorar una larga normativa medioambiental dictada por Europa".

En obras pese a la suspensión

Quintaverde Pueblo Vivo dice no entender cómo "nadie hace cumplir las leyes", puesto que las obras de la macrogranja, que acogerá hasta 8.000 cerdos, se han reanudado pese a que la instalación "está aún en suspensión cautelar, dictada por la Consejería de Desarrollo Sostenible el 1/10/2020".

Aseguran, además, que durante un año han escrito "a todos los organismos nacionales, autonómicos y locales y han seguido el laberinto legal a los que les han sometido, buscando ingenieros y abogados que pudieran apoyar su lucha, aunque aún no han obtenido la respuesta exigida". Por ello, dejan claro que las movilizaciones "van a continuar, y con más fuerza, para que su voz se oiga bien alto".