Justicia europea

Algunos vivimos una relación ambigua con este invento llamado "Europa". Y no me refiero, claro está, cuando hablo así, a esa realidad humana y cultural que desde hace siglos marca su impronta (con sus luces y sus sombras) en el devenir de la humanidad, y sin la cual la época moderna no sería comprensible, sino a esa otra Europa más reciente cuyos tratados de fundación (o refundación) entronizan el neoliberalismo y el capitalismo salvaje como fórmulas de relación económica y política indiscutibles.

Muchos no acabamos de ver claro que un extremismo ideológico, como es de manera comprobada el neoliberalismo, haya recibido tal aval y constituya el programa fundacional y de futuro de una Europa caracterizada hasta entonces por el humanismo, la racionalidad, y un cierto respeto de los derechos humanos y sociales, si no como realidades consolidadas del todo si al menos como aspiraciones que definen y guían a una cultura.

Aquellos tratados fundacionales tan sesgados, cuyas consecuencias hemos sufrido luego, ya fueron criticados en su momento por algunos que estaban despiertos y alerta. Pero el hecho comprobado es que el poder del dinero, frente a la democracia y la soberanía popular, no ha hecho más que crecer, introduciendo por doquier desorden y conflicto. Hasta tal punto que no han sido pocos los momentos en que parecía que el proyecto, mal diseñado desde del principio, se iba a pique.

Se ha hablado luego, tras la evidencia del desastre, de “refundar” Europa, es decir, de refundar aquella refundación primera. Pero del dicho al hecho ...

Por contra (y esto introduce una nota de alivio) la justicia europea y su jurisprudencia, prevalente sobre las nacionales y en muchos casos de "eficacia directa", se han revelado como un auténtico salvavidas y parapeto ante los abusos locales y contra los tribunales nacionales que dan respaldo a esos abusos.

Son ya muchos los casos y las áreas de actuación en que los ciudadanos españoles (y otros ciudadanos de Europa) buscan y encuentran en los tribunales europeos la justicia que en su país se les niega. Lo cual es motivo suficiente para no perder la fe en el proyecto europeo, que puede ser el marco de una justicia más equilibrada y no tan dependiente de los poderes políticos locales o nacionales.

No sabría decir, con cifras exactas, en qué medida y en qué cuantía los ciudadanos españoles se ven obligados a recurrir a este refugio europeo en busca de justicia. Lo cierto es que con cierta frecuencia aparecen en nuestros medios algunos de esos abusos de aquí que tras recorrer todo un vía crucis político y judicial acaba recabando en los tribunales europeos como tabla de salvación.

Si que digo que debería habernos preocupado (a todos) muy seriamente que el senador Cosidó, del PP, afirmara taxativamente -no hace tanto- que "ellos" (¿quiénes? ¿los políticos del PP? ¿los políticos del PSOE? ¿todos los políticos con poder en general?) toquetean a los jueces del Tribunal Supremo "por detrás".

En cualquier democracia bien constituida una afirmación de tal calado proferida por un responsable político de ese nivel (senador) habría sido motivo suficiente para iniciar un proceso reglado de indagación. Nadie debería haber estado más interesado en pedir explicaciones a dicho responsable político que la propia justicia.

Esta dinámica de búsqueda de refugio y puerto al que acogerse, que hemos visto plasmada en temas como el de las cláusulas abusivas de los bancos, la estamos viendo también en asuntos como el abuso de los trabajadores interinos en las Administraciones públicas españolas.

Problema este de suma importancia no solo por el número de trabajadores afectados, con sus respectivas familias, sino porque hablamos de los trabajadores de unos servicios públicos trascendentales sin los cuales la misma idea de un Estado carece de sentido: educación, sanidad, justicia, etcétera.

También porque entre las víctimas de ese abuso están muchos de los trabajadores que han constituido la primera línea de defensa frente a la pandemia del coronavirus y muchos de ellos han perdido la vida en ese esfuerzo.
Todo ello hace de este abuso y de este conflicto una piedra de toque que nos informa hasta qué punto un régimen político puede degenerar, y hasta qué punto resultan lesionados, con la actuación insensata de nuestra Administración y sus satélites, no solo derechos laborales básicos que en Europa se dan como evidentes y consolidados sino unas mínimas exigencias éticas.

El reciente auto del TJUE (sala séptima) de 2 de junio de 2021 en el asunto C-103/19 es rotundo a la hora de acotar la naturaleza y las posibles soluciones a este problema. Lo explica muy bien Javier Araúz en la reciente conferencia de Marbella que se puede ver en YouTube. No tiene desperdicio.

Haría muy bien el ministro Iceta en leer ese auto (la jurisprudencia del TJUE así como las directivas europeas son de obligado cumplimiento) y en ver esa conferencia.