Qué es el 'rural proofing', el concepto clave que Castilla-La Mancha quiere colar en la nueva financiación

Las comunidades autónomas, especialmente las infrafinanciadas con el actual modelo, entre ellas Castilla-La Mancha, siguen reclamando insistentemente al Gobierno de España que se ponga de inmediato manos a la obra para abrir la negociación que permita acordar un nuevo sistema de financiación autonómica. 

Aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha mostrado dispuesto a hacerlo, no ha concretado todavía cómo ni cuándo lo hará. Este viernes hemos conocido que la próxima Conferencia de Presidentes se celebrará a principios de diciembre en Cantabria, pero desde Moncloa no se ha aclarado todavía si la financiación autonómica estará entre los puntos del orden del día. 

La única certeza es que el Gobierno de España ha avalado el pacto firmado entre el PSC y ERC para dotar a Cataluña de una "financiación singular" negociada de manera bilateral, mientras que las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, insisten en que el debate sea multilateral y en el único foro que consideran adecuado: el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Con toda esta madeja todavía por desenredar, el Ejecutivo castellano-manchego ya anuncia cuál será su hoja de ruta: exigir al Estado una financiación justa y acorde al coste de la prestación de servicios en una región tan dispersa, rural y despoblada.

Este viernes, el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, lo ha argumentado con un concepto más técnico: el mecanismo rural de garantía o 'Rural Proofing', un sistema de revisión de las distintas legislaciones para que no sean lesivas con el mundo rural. Lo que significa, en este caso, financiar de forma suficiente la prestación de servicios en las zonas rurales para que pueda ser prestada en igualdad de condiciones que en las urbanas.

Martínez Guijarro, durante su intervención en una mesa de diálogo sobre el peso del 'rural proofing' en la legislación nacional y cómo lo aplican las diferentes administraciones, ha instado al Gobierno de España a que lo incluya en el próximo modelo de financiación autonómica con el objetivo de que cubra el "coste efectivo de los servicios en todos y cada uno de los servicios a los territorios".

Lucha contra la despoblación

Para el número dos del Ejecutivo de Page, la financiación "es la otra cara de la lucha contra la despoblación, puesto que el mantenimiento de esos servicios públicos significa un esfuerzo presupuestario adicional que no puede ir a coste de la gente que vive en el territorio o de las administraciones más cercanas".

El presidente castellano-manchego utiliza recurrentemente un mismo ejemplo para hacer ver que el coste de la sanidad, la educación o los servicios sociales no es el mismo en unos territorios que en otros. Mientras que una ciudad como Fuenlabrada (Madrid), con tantos habitantes como toda la provincia de Cuenca, necesita sólo cinco centros de salud para su atención primaria, en la provincia conquense "son necesarios hasta 35 centros de salud para atender al mismo número de habitantes" por su dispersión poblacional.

Población ajustada

Por otra parte, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha participado este viernes en Cádiz en el VI Foro Tax Global Meeting 'Una visión estratégica sobre fiscalidad' y ha afirmado que debe alcanzarse un consenso respecto a "cuál es el valor de la población ajustada en cada territorio", evaluar el coste que le supone a cada autonomía prestar sus servicios públicos básicos y, a partir de ahí, formular el sistema de financiación de modo que se garantice "la igualdad de acceso a dichos servicios".

El consejero también ha apoyado que el Estado apruebe una Ley de Armonización Fiscal para que "los ciudadanos paguen en función de su capacidad económica y no del territorio donde vivan".

Y, por último, ha censurado el "concierto catalán" pactado por el PSC y ERC, un "sistema de financiación específico" que supondría, a su juicio, un "grave atentado al principio de igualdad".