La prohibición de las macrogranjas en Castilla-La Mancha hasta 2025 entra en vigor en 20 días

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este miércoles la Ley de Medidas Tributarias y Administrativas, que entrará en vigor en 20 días. Entre otras cuestiones, establece una moratoria sobre las explotaciones ganaderas de porcino hasta el 31 de diciembre de 2024, con la finalidad de ordenar de manera adecuada este sector económico tan fundamental para Castilla-La Mancha.

Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, la Ley de Medidas Tributarias y Administrativas impulsa una reducción fiscal para familias y empresas sin recortar en servicios públicos.

Esta norma, conocida como Ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos de 2022, fue aprobada por las Cortes regionales el pasado 13 de enero y entrará en vigor en veinte días, a excepción de las deducciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas previstas en su artículo 2, que serán de aplicación a hechos imponibles producidos a partir del periodo impositivo iniciado el 1 de enero de 2021.

La Ley de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha se estructura en dos capítulos. El primero regula una batería de medidas tributarias, que afectan tanto a los tributos cedidos como a los propios de la Junta de Comunidades y cuyo objetivo es adecuar el esfuerzo fiscal a la capacidad económica de determinados colectivos, fundamentalmente a las familias y a las personas con discapacidad, y favorecer la actividad económica rebajando la presión fiscal para determinadas actuaciones empresariales.

Y el segundo capítulo contiene un paquete de medidas de carácter administrativo que tratan de mejorar el funcionamiento de la Administración regional.

El texto incluye el paquete de medidas tributarias que anunció el presidente Emiliano García-Page en el último Debate sobre el Estado de la Región y recoge la eliminación de 19 tasas, entre ellas las correspondientes a las licencias de caza y pesca para los residentes en Castilla-La Mancha, lo que afectará a unas 80.000 licencias, además de otras relacionadas con exámenes de pruebas selectivas, servicios administrativos generales, transportes de carretera y control de calidad de la edificación.

También contiene un conjunto de deducciones fiscales, con carácter progresivo y solidario, en el IRPF y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que tienen una incidencia directa en las familias y en la actividad económica de Castilla-La Mancha.

Familias

En lo que respecta al bloque destinado a las familias, se aprueba una deducción de 200 euros de la cuota íntegra autonómica a familias monoparentales, que se suma a la ya existente para las numerosas, así como una nueva deducción del 15 por ciento de la cuota íntegra autonómica por gastos de guardería o centros de educación infantil a contribuyentes con hijos o hijas menores de tres años.

También se extiende la deducción del 15 por ciento de las cantidades satisfechas por el arrendamiento de la vivienda habitual, hasta ahora prevista solo para los menores de 36 años, a familias numerosas y monoparentales y a personas con discapacidad. De igual modo, se extiende dicha deducción a determinadas operaciones de dación en pago.

Igualmente, se aprueba un tipo súper reducido del cinco por ciento a las transmisiones de inmuebles para la adquisición de vivienda habitual para personas menores de 36 años o con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento o para familias numerosas o monoparentales.

En el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, se aprueba un tipo súper reducido del 0,5 por ciento de las primeras copias de escrituras y actas notariales para transmisiones de inmuebles que tengan por objeto la adquisición de vivienda habitual para menores de 36 años, personas con un grado de discapacidad del 65 por ciento o más, así como para familias numerosas o monoparentales.

Empresas

Respecto a las empresas, se aprueba, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, un tipo súper reducido del cinco por ciento a la transmisión de la totalidad o parte de una o más viviendas a una empresa inmobiliaria o constructora para su venta, así como a las transmisiones onerosas de bienes inmuebles que estén incluidos en la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial, y una deducción del 100 por ciento, hasta un límite de 3.000 euros, en la cuota gradual del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a las primeras copias de escrituras notariales para adquisición de locales como sede de una actividad empresarial o negocio profesional.

También, en relación con el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados se recoge una nueva bonificación del 50 por ciento de la cuota tributaria para las primeras copias de escrituras y actas notariales para actos de agrupación, agregación, segregación o división de suelos destinados a uso industrial o terciario.

Estas medidas se suman a las aprobadas en la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha y las deducciones fiscales recogidas en ambos textos van a suponer en 2022 unos beneficios fiscales de 41 millones de euros.

Esta menor recaudación se compensará con el volumen de recursos ahorrado con la renegociación de la deuda, estimada en unos 50 millones de euros para este ejercicio.

Medidas administrativas

En lo que respecta a las medidas administrativas, se define el concepto de inmueble desocupado con carácter permanente de uso residencial.

De este modo, se desarrolla la posibilidad legal establecida en la normativa local de que los ayuntamientos incrementen el IBI de las viviendas vacías dentro de los requisitos y límites establecidos por la normativa básica del Estado, fomentando así la movilización del parque de viviendas residenciales que se encuentre desocupado.

También se habilita al Gobierno regional a tramitar mediante el procedimiento de concesión directa sin limitación presupuestaria la subvención autonómica que otorga de manera complementaria a las ayudas estatales para la contratación de pólizas de seguros agrarios combinados y se modifica nuestra legislación en materia de economía circular para adaptarse a las actuaciones que el Gobierno de España está desarrollando, principalmente, en el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados.

Asimismo, se establece la reserva de un máximo del 20 por ciento de las plazas convocadas a la categoría de Policía Local para el acceso libre de militares profesionales de tropa y marinería.

Macrogranjas, lo que dice la Junta

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha señalado este miércoles que con la moratoria a las macrogranjas que se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha no se lesionan "en absoluto" las inversiones del sector cárnico y ganadero ni se pone en peligro la cadena de suministros.

A preguntas de los medios, Escudero ha indicado que hay unas 47 solicitudes de macrogranjas que se han registrado, que datan de antes de la entrada en vigor del a moratoria; así como ocho autorizaciones ambientales integradas -aquellas que hay que emitir para instalaciones por encima de las 2.000 cabezas- que datan del 2017 y que no se han puesto en funcionamiento.

Es por todo ello por lo que ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad tras una semana "de mucho ruido" y el "ridículo espantoso" al que se han sometido los responsables del PP, "que siguen confundiendo a la ciudadanía sobre esta cuestión", ha manifestado.

Sobre las excepciones a la moratoria basadas en mejoras técnicas, el consejero ha indicado que hay "distintas" mejoras y que se basan en el tratamiento de residuos que generan las granjas porcinas, es decir, el purín.

"Estamos definiendo, junto a la Consejería de Agricultura, cuáles son las técnicas adecuadas para hacer un adecuado tratamiento del purín", ha señalado el titular de Desarrollo Sostenible, que ha añadido que el sector "tendrá próximas noticias" al respecto.

Por lo demás, se ha mostrado convencido de que esta moratoria es
"una necesidad" y ha recordando que el Gobierno regional quiere aprovechar el tiempo para reordenar el sector "de manera rigurosa y sin demagogia", teniendo en cuenta tanto las posibles afecciones al medioambiente como las molestias que se pueden ocasionar.