Dos ayuntamientos de Castilla-La Mancha, en riesgo de insolvencia financiera

Lo cuenta EL PAÍS. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo que vela por el estado de las cuentas públicas, alertó este miércoles de que 32 Ayuntamientos se encuentran “en riesgo de sostenibilidad financiera”. Entre ellos cuatro capitales de provincia: Granada, Cádiz, Cuenca y Jaén. Buena parte de los municipios en riesgo están en Andalucía, sobre todo en la provincia de Cádiz. Todos ellos presentan una ratio de deuda mayor del 75% de sus ingresos corrientes, es decir, necesitan del permiso del Ministerio de Hacienda para poder emitir más deuda.

Estos municipios, añade la Autoridad Fiscal, también arrojan resultados negativos en al menos dos de cuatro indicadores: el saldo presupuestario no financiero (esto es, el déficit); el remanente de tesorería; el periodo medio de pago a proveedores y el cumplimiento de las obligaciones de suministro de información a Hacienda. Fuentes de la Airef matizan que no se trata de que estos Ayuntamientos vayan a dejar de pagar de un día para otro, sino más bien de localidades cuyas cuentas a medio y largo plazo no parecen sostenibles según las dinámicas observadas.

El conjunto de las entidades locales está muy saneado, con un superávit del 0,6% del PIB y una deuda del 2,6% del PIB. Pero existen grandes diferencias. A partir de este primer análisis, la Autoridad Fiscal estudiará las razones por las que estos consistorios no cumplen y qué están haciendo los órganos de tutela, que son las comunidades autónomas. Es decir, los datos retratan el bajo grado de control de la Junta de Andalucía, si bien algunas fuentes de la Administración apuntan que esta ha endurecido los requerimientos para que corrijan en un año la desviación presupuestaria.

Riesgo

Dentro de la franja de riesgo alto se hallan Granada, Algeciras (Cádiz), Aranjuez (Madrid), Navalcarnero (Madrid), San Andrés del Rabanedo (León), Almonte (Huelva), Torrejón de la Calzada (Madrid) y Villa de Otura (Granada). Y entre los de riesgo bajo o moderado se coloca a Cádiz, Cuenca, Los Barrios (Cádiz), Algete (Madrid), Dúrcal (Granada), Macael (Almería), Vilanova de Arousa (Pontevedra), Salas (Asturias), Villamartín (Cádiz), Albox (Almería), Nerva (Huelva), Ceutí (Murcia) y El Álamo (Madrid). Otros cinco no han enviado información: Almadén (Ciudad Real), Ayamonte (Huelva), Moratalla (Murcia), Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y Valsequillo de Gran Canaria. Y Maracena (Granada) ha brindado una información que imposibilita la calificación.De estas entidades locales, “cinco se han calificado con un riesgo muy alto por presentar déficits reiterados en los últimos años, niveles de deuda elevados y previsiones futuras de no reconducir la situación”, sostiene el informe de la institución que preside José Luis Escrivá. Esos cinco consistorios son Gandía (Valencia), Jerez de la Frontera (Cádiz), Parla (Madrid), La Línea de la Concepción (Cádiz) y Jaén. Estos dos últimos además han remitido información incompleta y/o incongruente, según señala la Airef.

Esta situación contrasta con la de los Ayuntamientos grandes, también analizados por la Airef y que exhiben más de la mitad de los más de 6.000 millones de superávit conseguido por el conjunto. Sin embargo, la Autoridad alerta de que las 21 principales entidades locales están reduciendo de media un 40% su superávit, sobre todo Madrid.

Casi la mitad de ellos está gastando por encima del tope que impone la regla de gasto, una norma que obliga a no gastar más de lo que crece la economía. Por eso, la Airef pide reforzar esta regla y evaluar mejor el reparto que se hace entre administraciones.

En el fondo, esto implica que el sistema de financiación no está bien y que las competencias y los ingresos no casan. Por lo tanto, habría que redistribuir los esfuerzos entre administraciones. De lo contrario, “podría generar problemas cuando la economía sea menos favorable y resulte más necesaria la disciplina individual de cada Administración”, afirma la Airef. Aun así, prevé que el superávit siga en el 0,6% del PIB porque el resto de municipios compensará el mayor gasto de los grandes.