El circo y la danza piden que el Estado pague todas sus pérdidas

Desde que el Gobierno anunció que las medidas extraordinarias para paliar la crisis económica provocada por la epidemia de Covid-19 serían transversales, es decir, las mismas para todos los sectores de actividad, distintas ramas de la creación cultural han lanzado comunicados e informes proponiendo o exigiendo a la administración central medidas específicas para el sector. Así lo han hecho, por ejemplo, los editores europeos y el sindicato Unión de Actores y Actrices. Los últimos colectivos en sumarse a esta oleada de peticiones han sido los de la danza, el circo y las artes de calle, de manera conjunta con un trabajo coordinado por la Federación de Asociaciones de Profesionales de Circo de España (CircoRed), la Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza (FECED), la Federación Española de Escuelas de Circo SocioEducativo (FEECSE) y PATEA, Artes de Calle Asociadas, junto a la jurista especializada Eva Moraga.

El documento, entregado al Ministerio de Cultura y Deporte el pasado lunes 23 de marzo para su consideración y estudio, contiene algunas de las demandas más exigentes de cuantas se han hecho desde el ámbito de la industria cultural. Entre otras medidas, piden "que se concreten fechas ciertas para los contratos y compromisos de contratación que han quedado suspendidos y se arbitre la fórmula legal adecuada para el pago por adelantado de la totalidad de los contratos o compromisos de contratación; o se realicen abonos a cuenta de las operaciones preparatorias para su ejecución de al menos un 90% del importe acordado; que se paguen urgentemente por las entidades del sector público los contratos ya ejecutados y facturados; y se abonen las ayudas concedidas pendientes de pago; y se suspendan, para los sectores de la danza y el circo, todos los plazos tributarios, incluidos los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias y se exonere del pago de las cotizaciones sociales a aquellas empresas y autónomos que continúen con trabajadores/as por cuenta ajena contratados/as".

De la misma manera en que lo hizo hace unos días la Unión de Actores y Actrices, este documento firmado por las asociaciones del circo, la danza y las artes de calle hace hincapié en el difícil encaje de los profesionales del sector en el perfil típico de autónomo o trabajador por cuenta ajena. Así, asegura que las medidas laborales y fiscales planteadas por el Gobierno "no tienen en cuenta las particularidades del sector cultural: la intermitencia, la irregularidad de la actividad y de los ingresos y su mínima capacidad de endeudamiento futuro incapaz de encajar en la línea de avales anunciada. Se presume que los profesionales autónomos están dados de alta de manera continua y regular, cosa que no es así en muchos casos dado que su actividad es intermitente, y se parte de una idea concreta de empresa: aquella que mantiene una estructura fija de personal en el tiempo y con contratos estables. Sin embargo, bailarines y bailarinas, artistas de circo, profesionales de la música, cantantes, actores y actrices, son contratados por cuenta ajena en el Régimen Laboral Especial de Artistas cuando tienen que ensayar y actuar. Fuera de esos períodos, no están contratados laboralmente ni dados de alta como autónomos".

Por todas estas peculiaridades, "desde estos sectores se demanda que se modifique el Real Decreto 463/2020 para aclarar que los autónomos cuya actividad esté relacionada con la danza y el circo y artes de calle puedan beneficiarse automáticamente de la prestación extraordinaria por cese de actividad sin necesidad de que se tenga que acreditar una reducción de la facturación del 75%". También piden "que se apruebe un fondo de emergencia para aquellos autónomos y trabajadores por cuenta ajena que no se encontraban de alta en el momento de la declaración del estado de alarma y un fondo de emergencia de ayudas directas a empresas, empresarios y profesionales autónomos que cubra el pago de una indemnización del 100% de los contratos cancelados por causa de fuerza mayor; los préstamos y créditos que venzan durante el estado de alarma y al menos durante 6 meses más hasta que se vuelva a la normalidad; y el pago de alquileres de locales y oficinas afectos a la actividad".