Herrero de Miñón: “Si Franco sale del Valle debería hacerlo con la dignidad de un Jefe de Estado”

A una parte de España le “resultaría muy ingrato el traslado de los restos del general Franco con la dignidad que corresponde a un jefe de Estado”. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón llevó la voz cantante en el voto particular contra la exhumación del cuerpo del dictador que propone el informe de 2011, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero encargó a once expertos (y que murió en el tránsito a Mariano Rajoy). Su voto en contra también lo respaldó Pedro González-Trevijano y Feliciano Barrios, que estaban de acuerdo en el resto de las recomendaciones para habilitar el Valle de los Caídos como monumento democrático en recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil, no a los caídos en “la Cruzada”.

Explican los tres expertos disconformes que la exhumación y traslado de los restos con la pompa de un Jefe de Estado de su calado “resultaría hoy impropia en nuestro contexto europeo y occidental presente, donde no se ha dado nada semejante”. De esta manera, uno de los siete padres de la Constitución española de 1978, ex diputado del PP y miembro permanente del Consejo de Estado, se negaba por escrito a dar salida a los restos del dictador con dirección a su panteón privado. La excusa era el esperpento que sucedería en pleno siglo XXI, al congregar al ejército, al rey y al presidente despidiéndose del dictador.

Hoy, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, se mantiene en la misma opinión que dejó por escrito y firmó hace siete años, tal y como confirma a este periódico en conversación telefónica. Advierte que esta postura que propone no queda reflejado en ningún decreto como protocolo obligatorio. Es su opinión y la de dos miembros más de la Comisión.

Además, en el final del voto particular contrario a las conclusiones advierte el jurista y político de una amenaza mayor: “Y todo ello en una circunstancia en la que la opinión está y estará más dividida y radicalizada por las graves circunstancias económicas, sociales y políticas presentes”.

Miguel Herrero de Miñón, miembro permanente del Consejo de Estado. Moeh Atitar

El 15M estaba en marcha cuando la comisión se reunió para debatir y quizá Herrero de Miñón pensó que si se trasladaba a Franco “con la dignidad que requiere la inhumación de un Jefe de Estado”, la cosa se podría ir de las manos. Por eso pidió por escrito que se tuviera en cuenta un supuesto impacto dramático en la opinión pública “para evitar la radicalización de la misma”. Han pasado siete años, pero cree que el traslado desatará la alarma.

Cuarenta años en pocos minutos

En 1975, los restos mortales de Franco fueron escoltados -dentro de un Pegaso 3050, de diez toneladas y tuneado para el desfile- por un escuadrón de lanceros del Regimiento de la Guardia, desde el Palacio Real al Valle. Un día antes, Juan Carlos I había mandado una carta al Abad de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, donde especificaba que los restos del dictador deberían colocarse “en el sepulcro destinado al efecto, sito en el presbiterio entre el altar mayor y el coro de la basílica”. La llamada Operación Lucero contemplaba otra losa de 1.500 kilos, gemela a la que cubría a José Antonio, para Franco.

Los reyes abandonan la basílica del Valle de los Caídos tras la misa del funeral. Efe

El escrito de la Comisión de 2011 es la única guía que tiene el equipo de Pedro Sánchez sobre la mesa para llevar a buen puerto la operación que sacaría a Franco de Cuelgamuros. En éste, Herrero y Rodríguez de Miñón y los otros dos disidentes apuntan que la “exhumación y correspondiente traslado es, al menos hoy, inoportuna, y contribuiría a dividir y radicalizar la opinión pública, más allá del consenso parlamentario difícil en sí mismo”. Para el político del PP una parte “no pequeña de los españoles” considerarían que la exhumación supone “una descalificación de un largo periodo de la historia de España”.

Entre la mayoría de expertos a favor de sacar el cuerpo que ordenó enterrar Juan Carlos I en la Basílica se encuentra Francisco Ferrandiz, antropólogo social e investigador del CSIC, que aclara que es una apreciación exagerada. No cree que provoque ninguna alarma social, ni se radicalicen las posturas, aunque sí piensa que lo más complicado no es tanto sacar el cuerpo, sino cómo hacerlo.

El historiador Antonio Cazorla señalaba en entrevista con este diario que esa hipótesis se puede solventar “con la aprobación de un decreto que diga que a ese señor se le saca a las doce de la noche y se acaba el problema”. “Con todos mis respetos: a un golpista asesino que llega al poder de forma ilegítima y que lo mantiene de forma ilegítima, Jefe del Estado por decisión de las armas… no. Todo lo que dijo Herrero de Miñón no vale para nada”. Las opiniones no son vinculantes.

Los precedentes de la normalidad

Hay un precedente que podría disipar del horizonte ese funeral esperpéntico con el que amenaza Herrero de Miñón: la exhumación de los restos de los golpistas Mola y Sanjurjo, en noviembre de 2016, del Monumento a los Caídos de Pamplona.

Herrero de Miñón en su despacho del Consejo de Estado. Moeh Atitar

Estaban enterrados bajo el monumento desde la década de los cincuenta y fueron expulsados para cumplir con la Ley de Memoria Histórica. Los trabajos tuvieron la oposición de la familia de Sanjurjo, pero el hecho sucedió sin altercados y los restos fueron trasladados sin grandes titulares. Una mañana, en la más estricta intimidad, rodeados del personal técnico -dirigidos por el forense Paco Etxebarría- y de la familia, la cripta quedó vacía. No hubo boinas rojas a las puertas del segundo monumento más importante dedicado a la memoria franquista. Sólo normalidad.

Ferrandiz explica que la exhumación de los cuerpos no se puede demorar mucho más, porque la bola puede terminar atragantándose. “Una cosa es que se haga un acto familiar en la cripta de Mingorrubio y otra que se monte un funeral de Estado. No puede defenderlo ni el PSOE ni el PP y la Iglesia tampoco”. Para el investigador el monumento debe resignificarse de manera drástica, más allá de la salida de Franco y la reubicación de José Antonio en una de las capillas, junto a los otros 30.000, que el cementerio pase a potestad del Estado.