Guerra entre la SGAE y SEDA, la nueva entidad que quiere terminar con "100 años de monopolio"

Tras 120 años operando los derechos de autor en España, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) observa cómo el nacimiento de una nueva entidad comienza a crecer. Este 31 de agosto, el ministro de Cultura y Deporte José Manuel Rodríguez Uribes concedía a la Sociedad Española de Derechos de Autor, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (SEDA) la autorización para operar en España.

SEDA nace el 5 de noviembre de 2019 de la organización de varios autores y editores como alternativa a otras entidades de gestión. Tal y como expresan en su página oficial, el objetivo de la nueva entidad es la gestión de derechos de propiedad intelectual sobre obras musicales confiados por sus compositores, autores de las partes literarias, editores y derecho-habientes, así como la protección de los derechos morales de los socios y la promoción cultural de sus obras, la difusión del repertorio y la prestación de servicios de carácter asistencial en beneficio de sus socios.

Tras meses de un largo proceso, el Ministerio de Cultura y Deporte ha dado vía libre a SEDA para operar como entidad de gestión de derechos de autor, de forma que pone fin "a cien años de monopolio de la SGAE", según indican en la página. Y es que la buena relación entre la SGAE y SEDA brilla por su ausencia. Por una parte, la SGAE ha emitido un comunicado alegando que recurrirá la decisión del Ministerio de Cultura de autorizar la licencia de gestión a SEDA. "Lamentamos tener que haber tomado esta medida después de haber recuperado el diálogo y las buenas relaciones con el Ministerio de Cultura y Deporte", explican desde la Sociedad General de Autores y Editores. "Nos vemos obligados a tomar esta decisión en defensa de nuestros socios, de la propiedad intelectual en el sector de la música y del conjunto de la Cultura de este país", añaden.

Muestran su preocupación en relación a las graves consecuencias que puede tener para el patrimonio cultural español y para el mercado europeo de las entidades de gestión la autorización de SEDA y creen que lejos de favorecer los intereses generales de la propiedad intelectual en la música, supondría un elevado riesgo para los titulares de derechos de autor y una gran inseguridad jurídica para los usuarios. En este sentido, remiten a un informe elaborado por Carlos Guervós Maíllo, Subdirección General de la Propiedad Intelectual, quien rechazaba el 3 de agosto de 2020 la posibilidad de conceder a SEDA la autorización para operar como entidad de gestión en España.

Por la otra, el presidente de la nueva entidad, Patacho Recio, declara a EL ESPAÑOL que el informe "está obsoleto" y que en todo momento cumplen con las exigencias del Ministerio. Asimismo, recalca que dentro del recurso contencioso de la SGAE, el juez ha desestimado las medidas cautelarísimas para la supresión de la licencia: "Estamos tranquilos porque entendemos que este recurso no se sustenta y que el informe en el que ellos se basan tiene los datos del mes de junio".

Otro de los aspectos que critica la SGAE es la falta de transparencia. Actualmente, en la página oficial del Ministerio de Cultura y Deporte están disponibles las tarifas de todas las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. "Se hace constar que el establecimiento de las tarifas generales es una de las obligaciones que el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual TRLPI, en su artículo 164, impone a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual", indica el Ministerio. De todas las que se pueden consultar públicamente, SEDA es la única que no las ofrece. 

El presidente de la nueva entidad explica que es lógico que todavía no estén disponibles. "Vamos a empezar a operar el 1 de enero de 2021. Este mes subiremos las tarifas, no podíamos hacerlo hasta tener la licencia", comenta Patacho a este periódico.

De esta manera, la entidad que todavía no ha empezado a operar oficialmente, se enfrenta a un proceso iniciado por SGAE que tiene como propósito suprimir la autorización del ministro Uribes amparándose en el informe elaborado por la Subdirección General de la Propiedad Intelectual.