Las opas de Salamanca protestarán el miércoles frente a la distribución por la “gran diferencia” de precios

La lucha de los agricultores y ganaderos de la provincia de Salamanca sigue adelante. Si días atrás fue por la política agraria de la UE, ahora se centrará en las grandes superficies y la desorbitada diferencia de precios entre origen, es decir productores, y la venta final al consumidor.

Por eso, Las organizaciones profesionales agrarias de Salamanca convocan una protesta, a desarrollar en la zona de un hipermercado, este miércoles entre las 10 y las 16 horas para que los consumidores conozcan la situación de "excesiva diferencia" entre el precio que los ciudadanos pagan en los distribuidores comerciales y la baja cantidad que perciben agricultores y ganaderos, “que en muchos casos no les permite vivir de su trabajo”.

“No es justo que un consumidor pague por un producto hasta diez veces más que cobra quien lo trabaja, arriesga y se juega futuro, como son los agricultores y ganaderos”, señalaron las opas en un comunicado remitido a Ical con el sello de las cuatro organizaciones convocantes.

Las opas rechazaron en este sentido “las afirmaciones de las asociaciones de comercio que dicen que su margen comercial es de solo el tres por ciento” y se preguntaron “quién se llevó el beneficio” si, según sus cifras, el pasado verano se pagaron kilos de patatas a 15 céntimos al agricultor y se vendieron a 1,2 euros al consumidor. “Descartamos que pasase por 20 manos para que el margen comercial fuera del tres por ciento”, matizaron.

Las opas también quieren dejar patente la necesidad de un “etiquetado claro” de los productos de venta al público, que señale en lugar “bien visible” la procedencia de los productos, “evitando malas interpretaciones y el engaño a los consumidores”, y que, por lo tanto, “no se pueda hacer creer al consumidor que el producto es nacional, cuando no lo es”.

Las organizaciones profesionales agrarias exigieron, además, que los productos que la ciudadanía europea consume tengan un control fitosanitario “idéntico” al que se exige en España y la Unión Europea, y que, de igual modo, tengan un control administrativo y burocrático “tan exhaustivo como el de nuestros agricultores y ganaderos”.

“Este es un punto fundamental, ya que garantiza que los consumidores no puedan, sin saberlo, consumir alimentos tratados con productos fitosanitarios o materias activas prohibidas en la Unión Europea. Si por el bienestar ambiental y por la salud de los consumidores un producto está prohibido en la UE, también lo debía estar para cualquier producto que llegue a los viales de nuestros supermercados”, añadieron.